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Jamones, indemnizaciones millonarias y subidas de sueldo en la asociación de discapacitados más veterana de Andalucía

Antonio Sánchez de Amo, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, encara un probable juicio penal por la presunta comisión de delitos de administración desleal y de apropiación indebida al frente de esta entidad, una de las de mayor solera de toda Andalucía. El fiscal cree que hay suficientes indicios para juzgar a Sánchez por haberse multiplicado el sueldo ignorando los estatutos, abonar más de 200.000 euros en despidos improcedentes o gastar 25.000 euros en 650 jamones con los que, según sus críticos, comprar voluntades entre los trabajadores. Sánchez habría causado a Verdiblanca un perjuicio económico de más de 370.000 euros, según un informe pericial recabado por el juzgado de instrucción 1 de Almería.

La investigación, de la que este medio informó cuando estaba en su fase inicial, se ha desarrollado en un contexto de presuntas intimidaciones a trabajadores, denuncias y anulación de asambleas. El presidente matiza que la jueza aún no la ha dado por cerrada, y que aún podría dar carpetazo al asunto, aunque es muy improbable a la vista de la posición del fiscal y el informe pericial.

Él atribuye la situación al “revanchismo” de un “lobby” de presión constituido por extrabajadores de la entidad, que estarían en el “acoso y derribo” de su presidencia. Les acusa ahora de caldear el ambiente para la próxima asamblea de la asociación. Lo cierto es que en su contra ya hay varias sentencias judiciales y actas de infracción emitidas por la Inspección de Trabajo. En su escrito de 17 de mayo el fiscal destaca que hay indicios de apropiación indebida y administración desleal, y pide continuar por los trámites del procedimiento abreviado. Es decir, cerrar la instrucción y juzgar a Sánchez.

Una guerra interna entre el presidente y antiguos trabajadores

Este medio informó en septiembre de 2021 de la guerra abierta en el seno de Verdiblanca, una entidad que por entonces contaba con alrededor de 700 trabajadores, hoy reducidos a unos 550. De un lado está Antonio Sánchez de Amo y sus partidarios, entre ellos su secretaria y pareja (también investigada); de otro, un grupo de trabajadores y extrabajadores, agrupados en la Asociación para la Libertad de Verdiblanca. Hace dos años conformaron una candidatura que perdió las elecciones frente a Antonio Sánchez. También interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, quien, a la vista de los indicios, impulsó la apertura de una investigación judicial.

Verdiblanca, cuyas cuatro décadas de historia fueron distinguidas por la Junta de Andalucía en septiembre de 2021, no es una entidad cualquiera. Con origen en Almería, mantiene contratos de limpieza con múltiples administraciones en toda Andalucía a través de una empresa (Verdiblanca de Medio Ambiente, S.L.) y un centro especial de empleo. Entre la asociación y la sociedad limitada facturan en torno a nueve millones de euros anuales, con un beneficio de un millón, según las cuentas de 2020. Sin embargo, en los últimos años la sociedad limitada ha empeorado sus resultados. Sánchez se niega a valorar las pérdidas, que en 2022 se acercaron al millón de euros, antes de presentar las cuentas a sus asociados esta misma semana.

En los últimos meses ha perdido el contrato de servicio de limpieza con el ayuntamiento de Roquetas de Mar, aunque mantiene el de la Universidad de Almería. Recientemente ha suscrito un convenio con Ikea para la “sensibilización y formación específica” para el seguimiento de los trabajadores con discapacidad de la tienda de Almería.

Más de 100.000 euros en aumento de sueldo y 350.000 en despidos

El fiscal no ha presentado aún escrito de acusación, pero ha pedido al juzgado que abra juicio contra Antonio Sánchez basándose en un detallado informe de su gestión en los últimos años. Ese documento es demoledor contra el presidente, no solo por lo que dice, sino por quién lo dice: no es un informe de parte, sino que fue elaborado por una perito economista a petición del juzgado. Su conclusión es que el perjuicio económico a la Asociación desde 2016 es de al menos 371.693,88 euros: 117.000 por el aumento de sueldo de Sánchez de Amo (presuntamente contraviniendo los estatutos); 244.000 por despidos improcedentes; y 25.000 por los jamones.

Nada más llegar a la presidencia, en 2016, Sánchez se subió el sueldo: de 44.000 euros a 59.000, a pesar de que en los Estatutos de Verdiblanca se prohíbe expresamente la retribución de cargos de la Junta Directiva. Un año después, volvió a subírselo: 70.000. La perito calcula que el aumento es del 57,15%. En su declaración ante el juez, Sánchez alegó que el aumento no tiene que ver con que sea presidente, sino con las tareas que ha ido asumiendo. Según explica, en realidad es una “situación de ahorro”, porque él está realizando parte de las tareas del director general al que despidió.

El segundo gasto bajo la lupa son los despidos improcedentes. En los últimos años, han dejado forzosamente la empresa varios trabajadores veteranos y con cargos en la estructura directiva de la organización, a los que ahora acusa de conspirar para provocar su caída. El primero fue el antiguo director general, acusado de “insubordinación”. En lugar de esperar nueve meses para que se jubilara, lo despidió. Tras un acuerdo, aquello costó 160.000 euros a Verdiblanca.

La perito contabiliza otros cuatro despidos improcedentes, y hay varios más, no computados porque las sentencias han sido recurridas. En una de ellas se ordena a Verdiblanca el pago de 101.000 euros por el despido y otros 10.000 (solidariamente con Antonio Sánchez) por los daños morales a la trabajadora. En total, el coste de todo esto podría acercarse a los 400.000 euros.

650 paletillas para los trabajadores

Por último, están los jamones. En la Navidad de 2020, las del Covid, Sánchez decidió que era una buena idea regalar una paletilla de jamón a cada uno de los trabajadores. En total, 650 y seis lotes, por los que pagó 25.000 euros. Aquello era una novedad que se producía a apenas tres meses de las elecciones en la asociación.

Sánchez explicó ante el juez que era una forma de gratificar a los trabajadores, muchos de ellos también asociados, en un año difícil en el que no podrían celebrar una cena en común, y que no gastó más que lo que gastaba en comidas para los trabajadores. La perito concluye que sí: fueron 10.000 euros más que el gasto medio en atenciones navideñas.

Compró los jamones sin cumplir con la obligación de solicitar al menos tres ofertas. Así pudo encargárselo a un amigo suyo, según la denuncia de la Asociación para la Libertad de Verdiblanca.

La perito también advierte de que el retraso en aprobar las cuentas de 2019 puede afectar especialmente a Verdiblanca, aunque no pueda valorar ahora el perjuicio. “En este tipo de entidades es necesario tener aprobadas y depositadas las Cuentas Anuales para poder licitar en concursos”, subraya.

Cambio en la estructura de poder y asambleas impugnadas

La historia de Verdiblanca en los últimos tiempos está asociada a Antonio Sánchez de Amo, muy conocido en Almería y con buenas conexiones en diversas esferas de poder. Hasta 2016, Sánchez era vicepresidente y mano derecha de Pepe Gómez, presidente de la asociación desde su fundación. Se desempeñaba también como responsable de comunicación de la entidad, pues es periodista de formación. Pero ese año, Gómez dio un paso al lado, y Sánchez fue el único candidato en unas elecciones en las que arrasó. Inicialmente pareció seguir la senda de su antecesor, pero algo empezó a torcerse cuando anunció que construiría, aún sin subvenciones, una nueva sede para la entidad, contra el criterio de miembros de su junta directiva, que veía en los tres millones que podría costar un gasto inasumible.

Aquello fue enrareciendo la situación, que explotó con el despido del director general a pocos meses de la jubilación. Fue el primero de varios. Simultáneamente a los despidos, Sánchez cambió la estructura de poder de la empresa: sin someterlo a la asamblea general, a finales de 2020 sustituyó al consejo de administración por un administrador único, él mismo. Desde entonces se mantiene al frente, aunque sus críticos han denunciado reiteradamente irregularidades y la asamblea que lo reeligió tuvo que ser repetida.

En los últimos tiempos, la conflictividad laboral ha llegado a los trabajadores de limpieza, que constituyen el grueso de la empresa, e incluso a la negociación de los planes de igualdad. Fuentes cercanas a los trabajadores explican que se incumple la legislación laboral y los convenios colectivos, alterando sin acuerdo las condiciones laborales. “Es una situación cada vez más insostenible”, alertan.

En la disputa por el control de la asociación y la empresa está el origen de la actual guerra, que afronta un nuevo capítulo con el probable juicio de Antonio Sánchez después de siete años al frente de Verdiblanca.