Un nuevo chiringuito está tomando forma en la playa de El Ancón, en Carboneras (8.375 habitantes). Algo que no tendría mucho de particular, si no fuera por el contexto ambiental, urbanístico y político de este pueblo del levante almeriense. El ayuntamiento y la Junta de Andalucía rechazaron la construcción del chiringuito hace dos años. Ahora lo autorizan apenas a tres metros de una veintena de viviendas, cuyos propietarios han puesto el grito en el cielo porque nadie les ha consultado qué les parece tener un local así justo delante. El promotor dice que puede entenderlos, pero que cumple con la legalidad.
“Es una aberración. El Algarrobico, pero en pequeño”, lamenta Juan López, uno de los afectados, recordando el caso que más duele en el pueblo: desde hace dos décadas, Carboneras aparece a su pesar en los titulares de la prensa nacional por esa inmensa mole de hormigón varada en la playa, que en su día recibió licencia municipal a pesar de situarse en terreno protegido, y al que la maraña administrativa y la escasa voluntad política de algunos mantienen en pie.
Los afectados tampoco entienden cómo ha podido concederse autorización a la obra del chiringuito, que ya está en ejecución y usará contenedores marítimos colocados hormigón. Estará a unos 25 metros de la orilla en pleamar y cuando se termine tendrá casi 235 metros cuadrados de superficie y unos cuatro metros de altura, en un contexto en que la ribera marítima sufre cada vez con más intensidad los efectos de la regresión marina y los temporales. La concesión es por quince años (prorrogables otros 15), sin que conste el canon que se pagará. El promotor no quiere desvelarlo.
La ley permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre cuando las instalaciones, “por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, algo que el Tribunal Supremo ha interpretado de manera restrictiva. “Si creyera que no es legal no haría nada”, dice Juan Pedro Carmona, que destaca que en más de un kilómetro de playa solo hay tres restaurantes y una heladería concentrados en 300 metros.
Rechazado en 2022
La historia de este chiringuito comienza el 21 de septiembre de 2016, con la primera solicitud de Carmona, parada durante varios años por el atasco de la administración andaluza con los chiringuitos. En noviembre de 2020, el propio ayuntamiento carbonero dijo que lo veía mal, alegando que las playas están “suficientemente cubiertas de establecimientos” y que el chiringuito es contrario a la “defensa ambiental y paisajística” del litoral. Estaba en contra “en aras de mantener y garantizar el uso público y libre” de las playas “sin intrusiones paisajísticas ni riesgos de establecimiento de focos de suciedad”. Además, había inconvenientes por su ubicación.
La Junta de Andalucía hizo caso al consistorio: rechazó inicialmente el chiringuito por oponerse “de manera notoria” a la ley. Daba diversos motivos sin mencionar cuestiones ambientales o paisajísticas: la ubicación, la afección a diversos servicios de temporada de playa, la salida de aguas pluviales o el mal estado de la red de saneamiento.
Pero el promotor no se rindió, y presentó un nuevo proyecto: desplazó el establecimiento 53 metros al norte, aumentó la superficie a 235 metros cuadrados y fijó la altura máxima en 4,16 metros. Así consiguió que ayuntamiento, primero, y Junta de Andalucía, después, cambiaran de parecer: en enero de 2023, lo que era un no se convirtió en un sí. La Junta de Andalucía subraya que se modificó el proyecto y que ahora sí cumple con la legalidad.
Alternativa sugerida por las administraciones
Carmona explica que casi toda la instalación es abierta, con un tejado a cuatro aguas que sólo llega a cuatro metros en un punto. También asegura que fueron ayuntamiento y Junta de Andalucía quienes le sugirieron buscar alternativas ante el rechazo al proyecto inicial y las cien alegaciones que recibió. “Son cosas que suelen pasar”, dice.
De terminarse, el establecimiento ocupará 270 metros cuadrados (incluyendo pasarelas) de dominio público, 158 de ellos totalmente cerrados. El Reglamento de Costas contempla una superficie máxima de 200 metros cuadrados más 70 de ocupación abierta y desmontable. Pero se da la circunstancia de que Carboneras tiene una ordenanza municipal todavía más restrictiva, que limita los chiringuitos de playa a 100 metros cuadrados de instalaciones fijas más 20 desmontables. Además, el criterio del Ministerio de Transición Ecológica es desfavorable cuando hay un riesgo cierto de alcance por las olas. En este caso, la distancia a pleamar es de 25 metros.
Las obras ya han comenzado. Los vecinos anuncian batalla para paralizarla y denuncian que nadie les ha dado voz para alegar ante la Junta de Andalucía después de que se propusiera situar el chiringuito justo delante de sus casas. Han pedido la suspensión y que se acuerde la nulidad del acuerdo de concesión por omitirse el trámite información pública tras la modificación del proyecto.
Playa en riesgo por erosión e inundación
La ley de Costas señala que la finalidad de la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre es “garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre”, sin más excepciones que las derivadas de “razones de interés público debidamente justificadas”. La ocupación privada se recoge como excepción, sólo para actividades o instalaciones que, “por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, pero la administración andaluza interpreta esto de forma muy amplia, según denuncian los ecologistas desde hace años.
Los chiringuitos están cada vez más expuestos a los temporales, y muchos de ellos son arrasados de cuando en cuando por los embates de las olas. Es un riesgo al que se expone este nuevo establecimiento, que se sitúa playa en segundo nivel (de tres) de gravedad por erosión costera, según el documento Estrategia para la protección de la costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio climático, publicado en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica. Es, además, un área con riesgo potencial “significativo” de inundación.
Sin embargo, estas llamadas de alerta no frenan la concesión de autorizaciones de nuevas ocupaciones por parte de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias transferidas de 2011. El ministerio debe informar, pero es frecuente que la Junta lo ignore. Desde que se transfirió la competencia, la administración estatal ha interpuesto 32 recursos contra las actuaciones de la Junta en las costas andaluzas. En el caso del nuevo chiringuito de Carboneras, no consta que haya emitido informe, según se deduce de la documentación a la que este medio ha tenido acceso. No obstante, el promotor asegura que técnicos de Costas estuvieron presentes en el replanteo y no pusieron ninguna objeción.
Promotor con pasado político
Como en el caso del frustrado hotel, la alargada sombra de la política local alcanza al chiringuito en ciernes, cuyo promotor fue concejal por GICAR, un grupo local. Carmona entró en la corporación en mayo de 2018 sustituyendo a Salvador Hernández cuando este fue inhabilitado tras su condena por denegar información a la oposición (por entonces, José Luis Amérigo -PSOE-).
En 2019 le sustituyó Pedro López Hernández como concejal de GICAR. Es él quien firma, como concejal de Urbanismo, el informe que cambia la posición del ayuntamiento mostrándose favorable al chiringuito. Carmona niega que su antigua vinculación con GICAR haya influido en el cambio de criterio: “Aquello fue una aventura. Me desconecté y no quiero saber nada más de política”. Y explica que su única motivación es buscarse un trabajo ante el cierre, en 2021, de la central térmica en la que trabajaba.
Curiosamente, este viernes Salvador Hernández (antes GICAR y ahora Ciudadanos) puede recuperar la alcaldía si prospera la moción de censura que impulsa junto a sus antiguos adversarios del PSOE, que siguen liderados por Amérigo, apercibido reiteradamente de multa por la justicia por la errática actuación municipal en torno a El Algarrobico. Amérigo es sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico alcalde (PSOE) condenado, indultado (en 2007), nuevamente condenado (en 2023) y bajo cuyo mandato (1983-2011) se concedió la licencia a El Algarrobico.
Fernández volvió a ser elegido vocal de la Ejecutiva del PSOE local en 2022, de la que ahora también forma parte Pedro López Hernández.