El consejero de Educación, Cultura y Deporte andaluz, Luciano Alonso, ha denunciado este lunes que Andalucía tendrá que pagar 395 millones de euros de sus propios fondos para asumir el “error de cálculo” del ministro del ramo, José Ignacio Wert, en la financiación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
En una rueda de prensa junto a los consejeros de Asturias y Canarias en Madrid, previa a la Conferencia Sectorial de Educación que se celebrará esta tarde, Alonso ha expuesto que la implantación de la Lomce tendrá un coste de 584 millones de euros “frente a los 189 que ha valorado el Ministerio”.
El responsable andaluz ha dicho que esa diferencia deriva de conceptos y errores no tenidos en cuenta por el Ministerio. Entre ellos, no se contemplan los 40 millones que se necesitan para la adaptación de Primaria, donde hay nuevas optativas y, por tanto, se precisan más docentes y más medios; los 80 millones para Secundaria, frente a 71 calculados por el Ministerio, con motivo de los nuevos itinerarios; o los 241 millones para la Formación Profesional Básica (mientras el Estado estima solo 117 millones).
Otro capítulo especialmente controvertido es el de la gratuidad de los libros de texto. Andalucía estima que gastará 223 millones para libros de texto, frente a los 85 que gastaba hasta ahora, y ha denunciado que “el Ministerio se va a retirar de esa partida y la Junta tendrá que asumir en solitario”.
Al respecto, el consejero ha dicho que se trata de una cantidad “tremenda” y ha asegurado que “no sé si nos lo podemos permitir” pero ha concluido señalando que la gratuidad está garantizada, ya que, según ha recordado, no se trata de una cuestión política sino recogida en el Estatuto de Autonomía y, por ello, de obligado cumplimiento. Alonso ha dicho al respecto que “hablará” con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la necesidad de financiación para este asunto.
Durante su intervención, también ha dicho que no espera “mucho” de la reunión de esta tarde y ha lamentado que no se haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas en los cálculos de la financiación de la nueva norma y que sea la primera en la que se habla de financiación cuando faltan “dos meses para que la ley se comience a aplicar en los centros educativos”.
Alonso ha mostrado su desacuerdo con el cálculo del Ministerio respecto a la financiación de la Formación Profesional Básica, “dado que toma referencia al alumnado de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no son de oferta obligatoria como sí lo son los ciclos de FP Básica”. En esa línea, Alonso ha explicado que ahora se puede dar el caso de que todos los centros soliciten ofertar estas enseñanzas, “algo que no se ha tenido en cuenta en los cálculos”.
Además, el consejero ha hecho hincapié en que existe un “importante sobrecoste” que no se ha valorado, como es la necesidad de adaptar, habilitar y ampliar nuevos espacios como talleres o laboratorios, así como su dotación con el equipamiento necesario. También “se ha olvidado Wert”, ha agregado el consejero de que aumentarán los cargos directivos e estos estudios y de contemplar que los alumnos que hacen primero de FP Básica obligatoriamente tendrán que hacer segundo.
“CUESTIÓN DE FE”
El consejero ha señalado que la sectorial de Educación y las intenciones de Wert sobre la financiación son una “cuestión de fe” porque los responsables autonómicos no conocen cómo se han valorado las necesidades de gasto, los sobrecostes o las condiciones de los convenios “impuestos” para la financiación.
Así, ha mostrado su preocupación por las condiciones de esos convenios que se suscribirán con cargo al Fondo Social Europeo, “algo sin precedentes, pues es la primera vez que se va a financiar una reforma educativa con cargo a ese fondo”.
Además, y de lo poco adelantado sobre esos convenios, el consejero ha censurado que no se admitan gastos en infraestructuras, “lo que es imposible de evitar porque hay que afrontar la adecuación de muchos centros de la FP Básica”.
En cualquier caso, el consejero ha subrayado que en Andalucía “no estamos dispuestos a tirar la toalla” con los alumnos y “seguiremos apostando por la educación de calidad e inclusiva” y ha concluido pidiendo al ministro que se empiece a hablar de Secundaria ya que la propuesta del Real Decreto del Ministerio no ha recogido ninguna aportación de las comunidades autónomas.
“Veremos qué nos responden o si de nuevo la Secundaria será una improvisación a resolver a última hora, como todo lo demás”, ha concluido.