El pasado 15 de febrero, los diferentes grupos parlamentarios se reunieron en la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados para cerrar el principal acuerdo de reforma de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Desde 2015, cuando se aprobó la ley, diferentes colectivos llevamos exigiendo la derogación de esta, así como una propuesta que no viole los derechos de libertades de expresión ni de manifestación de los ciudadanos. No obstante, el borrador que se validará en las Cortes no es más que un maquillaje para cubrir las actuales violaciones de derechos humanos, pues no eliminará los artículos más dañinos para los derechos humanos.
Según las estadísticas del Ministerio del Interior, de 2015 a 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones por “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse” y “faltas de respeto a la autoridad”, acciones catalogadas como infracciones graves y leves, correspondientemente, según el artículo 36 y 37 de dicha norma.
En este sentido, bajo la convocatoria estatal realizada por la plataforma No Somos Delito, de la que forma parte Amnistía Internacional, se desarrollaron el pasado domingo 13 de febrero diferentes movilizaciones en las ciudades de Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Y es que esta gran movilización andaluza tiene más sentido que cualquiera otra, ya que, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de sanciones impuestas debido a causa de esta norma desde que entró en vigor.
Recientemente hemos conocido el caso de Raquel Rodríguez, una de las activistas más virales de la huelga del metal de Cádiz. Tras defender su derecho a manifestarse pacíficamente y sin abusos policiales, Raquel ha recibido una citación para declarar como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por“ presunto delito contra la intimidad y revelación de secretos”.
En consecuencia, solo pedimos una propuesta que garantice el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, así como una igualdad entre el ciudadano y el agente de seguridad. El hecho de que el discurso de un agente público tenga mayor valor que el del acusado sin aportar pruebas, es una gran violación a los derechos de todos los ciudadanos y está categorizando la actuación policial como impune, al igual que limita el derecho de presunción de inocencia del ciudadano. Además, la actual ley criminaliza determinadas situaciones de pobreza, como es la sanción por venta ambulante, así como tiene tintes xenófobos al permitir la realización de redadas por perfil étnico o racial.
La actual propuesta de reforma no recoge estas demandas sociales y sigue permitiendo amordazar nuestros derechos fundamentales, nos quieren callados y por eso nos ponen multas como mordazas, y atacan nuestro derecho a protestar a base de balonazos de pelotas de goma.
Pero ante todo ello, nosotros seguiremos alzando la voz para defender nuestros derechos.