El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha encargado al gabinete jurídico de su Gobierno que estudie y formalice un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la proposición de ley de amnistía, registrada hace 24 horas por el PSOE en el Congreso.
La iniciativa, pactada con los partidos independentistas catalanes -Junts y ERC-, extiende la medida de gracia a más de 300 implicados en el procés, desde sus principales dirigentes (president, Generalitat y Govern) hasta funcionarios, que quedarían exonerados de los delitos que les imputan (penales, administrativos y contables).
Los socialistas han registrado la propuesta de ley por la vía de urgencia, que inicia ahora su trámite parlamentario y debe ser debatida y votada en la Cámara Baja. El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha confirmado este martes que el Ejecutivo andaluz pretende dar la batalla en los tribunales contra una ley que, avisan, “va contra el Estado de derecho, el orden público” y “deroga de facto la separación de poderes”.
Andalucía es la comunidad más poblada y extensa que gobierna el PP -con mayoría absoluta- y de las que se movilizó en las calles el pasado domingo en la manifestación convocada por la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo (unas 150.000 personas en las ocho provincias, según cifras de la Delegación del Gobierno). Andalucía y Murcia son los dos primeros gobiernos autonómicos del PP en anunciar recursos ante el Constitucional.
Moreno ya movió ficha la semana pasada. Nada más conocer el texto del pacto político suscrito entre PSOE y Junts, el presidente de la Junta lanzó duros calificativos contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien acusó de “romper el principio de igualdad entre españoles” y “ceder privilegios a los independentistas y a Cataluña a cambio de los siete votos que necesita para su investidura”.
Moreno escribió a Sánchez el pasado viernes solicitándole que convocase de urgencia la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de frenar su acuerdo con el independentismo catalán. El portavoz de la Junta ha asegurado este martes que el líder socialista no ha respondido aún a la misiva y ha anunciado que el presidente andaluz “está en contacto con otros líderes territoriales” que también han hecho llegar la misma petición a Sánchez. Los estatutos de la Conferencia de Presidentes -un órgano que creó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero- establece que puede ser convocado por el Ejecutivo central, o bien a petición de diez presidentes autonómicos [el PP gobierna en 11 comunidades].
El Ejecutivo andaluz ha denunciado públicamente todos los acuerdos suscritos entre el PSOE y sus socios de investidura, con especial virulencia los de ERC, Junts y PNV. Más allá del rechazo frontal a la amnistía, Moreno ha puesto énfasis en denunciar que se negocie de forma bilateral con Cataluña -una quita de 15.000 millones de euros, el 20% de su deuda pública- y se relegue al resto de comunidades a un segundo plano.
Andalucía exige la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, donde se dirimen las cuestiones relativas a la financiación autonómica. Moreno ha exigido 17.500 millones para Andalucía, el equivalente a la cantidad que se va a condonar a Cataluña, calculada según el peso poblacional. No se conforma con una traslación directa del 20% de su deuda, que rondaría los 5.000 millones de euros, dado que la factura andaluza es muy inferior a la catalana (en torno a 38.000 millones).
La primera reacción del presidente andaluz fue rechazar la quita que propone el PSOE al conjunto de las comunidades autónomas, pero exigir un fondo proporcional al que ha pactado Cataluña. Moreno se sale así del marco de negociación abierto entre socialistas e independentistas, y redirige el debate hacia el problema de la financiación autonómica, del que también reclama otros 15.000 millones de euros pendientes por la “infrafinanciación” que arrastra desde hace 12 años.
Esta semana, sin embargo, la consejera de Hacienda de su Gobierno, Carolina España, se ha expresado en términos diferentes. En una entrevista en ABC, España ha asegurado que la Junta de Andalucía no tendría “ningún problema” en percibir esa cifra que reclama el presidente andaluz en concepto de condonación de deuda. La consejera también admite que el acuerdo de financiación aprobado en el Parlamento andaluz en 2018 -por iniciativa del entonces gobierno socialista y con apoyo del PP desde la oposición- necesita “un ajuste”, porque la realidad financiera de entonces no es la de ahora.