Andalucía se asoma a un adelanto electoral a mitad de junio con un tablero político cargado de incertidumbres y de perspectivas desiguales para sus protagonistas. La foto fija, con muchos matices, es ésta: el presidente de la Junta y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, ha consolidado una imagen de moderado, naturalizando un gobierno de derechas en una comunidad históricamente de izquierdas, y su marca personal es la que más cotiza en las encuestas.
Moreno ha salido del congreso nacional del PP fortalecido porque ha instalado a dos hombres fuertes de su gabinete en Génova 13 -Elías Bendodo y Juan Bravo-, y porque la sintonía política y personal con Alberto Núñez Feijóo afianza su hoja de ruta hacia “la moderación y la centralidad”. Ambos pueden encarar una campaña electoral conjunta, sin esconder las siglas del PP y sin huir el uno del otro, como ocurrió hace tres años con el desembarco andaluz de Pablo Casado. La última encuesta del Centra, subvencionada por la Junta, sitúa como primera fuerza al PP, con más votos que la suma de todas las izquierdas juntas.
La única preocupación de Moreno es Vox, su socio de legislatura hasta hace unos meses. La ultraderecha está en auge. Es el único que crece, con hambre, en el citado sondeo, duplicando el número de diputados [de 11 a 22] y convirtiéndose en socio necesario del PP para formar gobierno. Podemos irrumpió en el Parlamento andaluz en 2015 con 15 diputados y tres años después, formando coalición con IU [más cinco escaños], se quedó con 17 parlamentarios.
El partido de Santiago Abascal, lejos de achicarse, puede romper la barrera de los 20 escaños que las izquierdas andaluzas jamás han sobrepasado en 40 años. Todo esto sin que Vox haya anunciado aún a su candidato, aunque todo apunta a que será la portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona.
Mientras tanto en el Parlamento andaluz, y pese a llevar “seis meses en minoría”, el Gobierno de Moreno disfruta de la geometría variable que le permite ir sacando todas sus iniciativas legislativas, bien con apoyo de Vox, bien con apoyo de las izquierdas. Este miércoles la Cámara validó dos decretos ley -uno contra la sequía y otro para los centros de día de mayores- y la Ley de Policías Locales superó una enmienda a la totalidad del PSOE. No se atisba el “bloqueo parlamentario” ni la “pinza Vox-PSOE” ni la “bunkerización” a las que apelaba el presidente andaluz, hace unos días, para justificar el adelanto electoral.
Ciudadanos, andalucista
El panorama de Ciudadanos es diametralmente distinto. El vicepresidente, líder regional y candidato naranja, Juan Marín, se asoma al abismo de los sondeos que apuntan a la extinción de su partido. El barómetro del Centra -el mal llamado CIS andaluz- ni siquiera le otorga grupo propio en el Parlamento en las próximas elecciones, donde se quedaría con dos diputados [ahora tiene 21].
Este miércoles, mientras Moreno justificaba la convocatoria de elecciones en junio -previa disolución de la Cámara en abril-, Marín sorprendía todos anunciando “una nueva etapa” para Ciudadanos en el tiempo de descuento de la legislatura. Una especie de refundación de la formación naranja como partido “andalucista”, seña de identidad jamás vista tras las siglas o el discurso españolista de Albert Rivera. “La presentación será el 14 de mayo, el pistoletazo de salida para la nueva etapa de Ciudadanos, y Juanma Moreno está invitado”, ha dicho el vicepresidente, obviando que para entonces el Parlamento andaluz ya estaría disuelto y su puesto en San Telmo, en funciones, si el presidente convoca en junio.
Las izquierdas
Pero a quien más está desquiciando el runrún diario del adelanto electoral es a las izquierdas, que se encuentran en proceso de construcción. El secretario general y candidato del PSOE-A, Juan Espadas, apenas lleva medio año al frente de un partido que ha dejado de ser hegemónico, que perdió el Gobierno tras 37 años en el poder, y dejó en el camino a 400.000 votantes en 2018. Espadas, ex alcalde de Sevilla, se ha movido por toda Andalucía en estos meses, pero más “obsesionado por que le conozcan en las agrupaciones del partido que en la calle”, dice una persona próxima.
El sustituto de Susana Díaz admite en privado que su objetivo es superar el resultado de su predecesora hace tres años, actual suelo electoral del PSOE: poco más de un millón de votos y 33 escaños. Espadas, que ha rearmado a su ejecutiva con mucho municipalismo, está persiguiendo a los alcaldes socialistas para tensionar el partido y lograr sacar del letargo a esos votantes desencantados. “Los que castigaron a Susana Díaz, pero siguen siendo del PSOE”, dicen. Los socialistas gobiernan en el 65% de los municipios de la comunidad, pero el mayor enemigo que tienen en estas elecciones “no es el PP ni Vox, sino la abstención”. La resignación. El problema de la estrategia de movilización de los alcaldes es que los alcaldes tienen sus propias elecciones dentro de un año, y muchos no se atreven a ligar su destino al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía (que por primera vez no es el presidente).
Más a la izquierda del PSOE, el panorama de reconstrucción es aún mayor. La última confluencia que se presentó en 2018 -Adelante Andalucía- saltó por los aires, con expulsiones y acusaciones de transfuguismo. Algunos de sus protagonistas promocionan ahora una nueva confluencia, de mayor espectro, pero con una filosofía muy parecida a la anterior. Hay seis partidos que ultiman esa candidatura única: IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde.
Trabajan en un programa conjunto, pero aún no tienen marca electoral ni candidato. Andan en busca de un perfil independiente, potente, que concilie los intereses divergentes de las seis formaciones. Y de paso, que pueda competir con el hiperliderazgo de quien fue su referente hasta hace poco, la gaditana Teresa Rodríguez, expulsada de Adelante Andalucía y ahora cabeza de lista de la nueva Adelante Andalucía, en manos de Anticapitalistas.
Criterios “técnicos, no políticos”
En el Palacio de San Telmo se manejan múltiples variables para decidir la fecha electoral, la coyuntura económica y la necesidad de contar con un Presupuesto en 2023 siempre ha sido una de ellas, pero no la única. Ahora, sin embargo, el presidente andaluz parece dibujar el relato del adelanto electoral basándose en criterios estrictamente económicos: “El adelanto electoral será establecido por criterios técnicos, no políticos”, ha insistido Moreno, apelando al “difícil escenario económico” que vivimos.
El consejero de Hacienda le ha trasladado que prorrogar los Presupuestos andaluces por segundo año consecutivo, aunque solo sea por unos meses, no es lo más conveniente. Moreno se ha reunido este miércoles en su despacho con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y posteriormente recibirá al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Si la prospección económica de ambos, ha dicho, aconseja adelantar los comicios a junio, lo hará.
Tres fechas posibles
Para adelantar los comicios a junio, el presidente debe disolver el Parlamento después de Semana Santa. Las tres fechas posibles son éstas: disolución de la Cámara andaluza el próximo 19 de abril -martes de Pascua- para que los comicios sean el 12 de junio (54 días de plazo, según estipula la Ley Electoral); disolución el martes 26 de abril y convocatoria con las urnas el 19 de junio; y disolución el 3 de mayo -martes de Feria de Sevilla- para que las elecciones sean el 26 de junio.
La fecha electoral que más peso cobra en el PP andaluz es ésta última. Esperar al 3 de mayo para disolver el Parlamento, permitiría celebrar el último Pleno de este mes -programado para los días 27 y 28 de abril-, en los que está previsto que se apruebe la Ley de Economía Circular, con los votos del PSOE, pero no de Vox; y probablemente el dictamen final de la comisión de investigación sobre las irregularidades en la Faffe, que señala directamente a los ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
La comisión parlamentaria que ha escarbado en la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo concluye -con los votos de PP, Ciudadanos y Vox- que este órgano adscrito a la Consejería de Empleo sirvió para “enchufar” a familiares y amigos de dirigentes socialistas. También acusa a su director de gastar fondos públicos con una tarjeta de crédito de la agencia en varios prostíbulos de Andalucía. Ambos asuntos están judicializados, a espera de una sentencia, aunque la comisión parlamentaria ya se ha adelantado al exigir “responsabilidades políticas” a los ex presidentes, también condenados por el fraude de los ERE.
Las duras acusaciones de corrupción contra el PSOE, si son avaladas por el Parlamento al aprobar el dictamen final de la comisión de investigación, son una potente herramienta política para PP, Ciudadanos y Vox a las puertas de una campaña electoral. Es una de las variables de peso para esperar a finales de abril para disolver la Cámara y convocar en junio, pero no es la única. El 5 de mayo, el Tribunal Supremo resolverá el recurso de Chaves y Griñán contra su condena por prevaricación y malversación en el caso ERE.