Cuando en 2009 se aprobó el sistema de financiación vigente, con el PSOE en el Gobierno de la Nación, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, lo calificó de “mejor que el anterior” -el de 2001- y subrayó que daba respuesta a dos problemas clave, “la insuficiencia de recursos y la desigualdad”. Cinco años después, las cosas han cambiado mucho, básicamente porque la crisis que entonces se padecía en sus primeros años, se ha recrudecido y eternizado, de manera que en el análisis sobre los efectos de la aplicación del modelo que la Junta de Andalucía ha elevado este jueves al Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se concluye todo lo contrario.
Las cinco conclusiones de dicho estudio -es cierto que no sólo atacan al modelo sino también a su aplicación- son: no ha permitido garantizar la suficiencia de recursos de los territorios, ha profundizado en la desigualdad de financiación por habitante entre las comunidades autónomas a iguales competencias, la cuantía y distribución de los fondos de convergencia no han servido para atenuar las diferencias, ha puesto de manifiesto el desequilibrio entre la cuestión de autonomía financiera y capacidad fiscal y desde el Gobierno de la Nación -ahora del PP- “no se ha atendido al principio de lealtad institucional” para corregir estos desfases.
En total, Andalucía calcula que ha recibido 2.800 millones de euros menos en los tres ejercicios liquidados con este sistema (2009, 2010 y 2011), básicamente porque está por debajo de la media de financiación por habitante. En 2011, la media se situaba en 2.148 euros, y en Andalucía eran 2.107, con sólo Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares por detrás. En el extremo opuesto, Cantabria, con una media de 2.771 euros. Los criterios establecidos para corregir estas diferencias (los fondos de convergencia: competitividad y cooperación) no han servido. Con su aplicación, la media de financiación per cápita se sitúa ese mismo año en 2.257 euros, y en Andalucía en 2.163, de nuevo entre las cinco peores, entre otras cosas porque “es la única comunidad autónoma a la que nunca han llegado fondos de competitividad por un vericueto en la interpretación que ha hecho el Gobierno de España”, en palabras de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.
Ésta ha reconocido que este debate se afronta en un contexto muy diferente al de hace unos años, para explicar la diferente interpretación que se le puede dar a un mismo modelo. En todo caso, ha recalcado en que “éste es uno de los debates de mayor trascendencia que se pueden abordar durante una legislatura porque afecta a elementos de la médula del modelo territorial y a la cohesión social”. Es decir, no tiene sentido esta configuración del país si no hay autonomía financiera para las regiones, y la igualdad de los españoles vivan donde vivan sólo se puede garantizar si tienen las mismas condiciones de acceso a las políticas de bienestar social, educación y sanidad públicas. Y eso significa: recursos. De hecho, el mismo estudio observa diferencias significativas entre el gasto y la financiación de los servicios públicos en las comunidades autónomas “por la insuficiencia de recursos para atenderlos”. De hecho, según el mismo documento, en 2009 había un déficit de 125 millones de euros para los mismos en Andalucía (cifra negativa que se repetía en las otras cuatro regiones citadas), porque el resto tenía superávit.
La falta de autonomía financiera
El garantizar esa autonomía financiera debe ser una de las obligaciones del modelo, según la consejera, que ha recordado que la capacidad real de las autonomías para incrementar sus recursos a través de impuestos es muy limitada. “El grado de autonomía financiera ha ido disminuyendo a causa del mal comportamiento de los ingresos tributarios, pero no ha sido igual en todos los territorios. Hay que recordar que el único gran impuesto sobre el que las comunidades autónomas tienen algunas competencias es el IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), que es progresivo, por lo que su rendimiento por habitante es mucho mayor en los territorios donde vive más gente con rentas altas. No es el caso de Andalucía, pero esto no significa que el esfuerzo de los ciudadanos sea menor, porque se aplican las mismas retenciones vivan donde vivan”, ha explicado.
En este contexto, la consejera, que considera imprescindible que este debate se aborde en paralelo al de la fiscalidad, ha insistido en que “el Gobierno de la Nación tiene que liderar este proceso con rigor y solvencia y no puede ser un espectador pasivo que asiste a las reivindicaciones de los territorios ni es un árbitro que al final del partido dirime las diferencias que se hayan producido durante el mismo”. La Junta de Andalucía pretende que la población sea “la variable principal para definir el nuevo modelo” porque “hasta ahora sólo se ha profundizado en la desigualdad y esto tiene consecuencias en términos de crecimiento y empleo para las regiones más desfavorecidas por el sistema”. De hecho, ha recalcado que la “infra financiación actual tiene consecuencias en términos de PIB y dificultad que se alcance la convergencia” de las comunidades autónomas más perjudicadas con el resto. Para ello, espera que el Gobierno de España presente su propuesta cuanto antes, y una vez analizados los análisis que han elevado las autonomías. Tras ello se debería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no hay fecha todavía.