Mario Blancke decidió construirse su propia vivienda en 2002 y para ello solicitó una licencia al Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga). “Todo perfecto. Presenté mi proyecto a través del arquitecto, me dieron permiso y pagué mis impuestos”, relata. Pero a los cuatro años, este ciudadano de procedencia belga y con 24 años de residencia en España, descubrió que su casa era ilegal. “En un principio pensábamos que era un error, que eso les pasaba a otros porque tenemos luz, agua y pagamos alcantarillado”, recuerda. Desafortunadamente la noticia era cierta y su casa puede ser derribada en cualquier momento.
La historia de los Blancke no es un hecho asilado, entre 15.000 y 18.000 familias viven en viviendas ilegales en la Axarquía de Málaga y cerca de 13.000 en la zona del Valle de Almanzora en Almería. Cádiz, otra de las provincias más castigadas por este fenómeno, tiene 30.000 construcciones irregulares en Chiclana y otras 14.000 en Conil. La situación, asevera Alicia Martínez, portavoz de Urbanismo del PP en el Parlamento de Andalucía, está presente en toda la comunidad autónoma: “Sólo en Marbella hay unas 20.000 viviendas ilegales”.
El boom inmobiliario, el deseo de recaudar y las ansias de hacer dinero fueron en muchos casos los que promovieron este desaguisado urbanístico “en el que la inmensa mayoría de los actuales propietarios compraron de buena fe”, según la popular. “En total estaremos hablando de entre 300.000/400.000 viviendas en toda Andalucía”, asegura.
La Junta de Andalucía intentó solucionar el problema hace dos años con la puesta en marcha del Decreto 2/2012 de Regularización de Viviendas Ilegales en Andalucía por el que las administraciones locales voluntariamente pueden hacer un diagnóstico de su municipio. La medida, hasta la fecha, ha sido seguida por 271 municipios, de los 771 existentes en Andalucía, y de ellos sólo el 14% cuenta con documento de avance aprobado por el que 154 viviendas han sido declaradas AFO (asimiladas fuera de ordenación). “Lo que es nada en dos años”, denuncia la parlamentaria.
Este arreglo, dice Gerardo Manuel Vázquez, portavoz y asesor de la Asociación de Abusos Urbanísticos en el Valle de Almanzora (AUAN), “no sirve porque lo que nos dan es una carta de ilegalización permanente, pero sin reconocimiento patrimonial por lo que no podemos vender o pedir un crédito”. Los afectados piden un cambio excepcional en la legislación que permita anular el artículo 185.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que el otro remedio existente de intentar arreglar el problema con los planes generales de ordenación urbana de los municipios, aseguran, es un proceso muy lento y complicado que cada consistorio debería iniciar y que duraría unos ochos años.
“La mayoría de estas casas no están en zonas especialmente protegidas por lo que no dañan el medioambiente, simplemente se quedaron fuera de los planes urbanísticos”, subrayan. Una solución para ellos sería dar legalidad a las que no se encuentran en espacios naturales y que “de facto ya están integradas en las localidades, algo relativamente sencillo con un cambio en la legislación”.
La vía de presentarse a las elecciones
Lo que han hecho las autodenominadas víctimas del urbanismo es presentarse a las elecciones municipales, para al menos “saber qué ocurre y qué podemos hacer”, según explica Mario Blancke, vocal de la asociación SOHA (Save Our Homes in Axarquía). El colectivo ya tiene dos representantes municipales en Alcaucín y uno en Biñuela.
En temporada de elecciones el tema urbanístico vuelve a estar en el candelero con muchas promesas en el aire. AUNA, tuvo recientemente un encuentro con Esteban González Pons, número dos del PP a las elecciones europeas, al que se unió su vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas. El acto, además, contó con la participación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística de la que forman parte siete asociaciones más de Jaén, Córdoba y Cádiz. SOHA, por su parte, buscó contactos con el PSOE.
La modificación de la LOUA planeó en todas estas reuniones. Mientras María Jesús Serrano, consejera de Medioambiente y Ordenación del Territorio, ya anunció que desde la Junta de Andalucía seguirán trabajando para “incorporar soluciones”, Alicia Martínez habla de “una ley de regularización excepcional parecida a la que se puso en marcha hace varios años en Madrid”.