PRESUPUESTOS ANDALUCÍA
Los Presupuestos andaluces de 2021, 2022 y 2023 alcanzaron cifras récord de inversión en la historia autonómica, engordados por una inyección extraordinaria de fondos europeos, sobre todo, los del Plan de Recuperación y Resiliencia, los llamados Next Generation.
Las de 2021 fueron las últimas cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobadas con el apoyo de Vox. El grupo ultraderechista retiró el apoyo al Presupuesto de 2022, que decayó en el Parlamento y, meses después, propiciaría el adelanto electoral. Pero Moreno siguió usando las macrocifras de aquellas cuentas nonatas en la precampaña, y cargando sobre las espaldas de toda la oposición el haber perdido la oportunidad de aprobar “un presupuesto histórico” para la comunidad.
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, hecho público este miércoles, revela un desequilibrio notable entre los ingresos y los gastos con fondos europeos gestionados por el Gobierno de Moreno entre 2021 y 2022. Andalucía tiene asignados 3.610,81 millones de euros de Bruselas para los dos últimos ejercicios, de los que hasta la fecha ha recibido 1.956 millones, según los números que aparecen en el informe.
De ese montante, el Ejecutivo andaluz consignó 1.491 millones en los presupuestos de 2021 y 2022, vinculados a políticas públicas de todas las consejerías, pero sobre todo de Fomento (22,7%) -el mayor parón está en las obras planificadas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana- y de Educación (18%).
Sin embargo, a 31 de mayo de 2022, la Junta sólo había gastado 74,4 millones del total presupuestado, es decir, un nivel de ejecución de fondos europeos del 4,99% en dos años, y un 95% de los casi 1.500 millones ya comprometidos a políticas públicas concretas sin gastar. La Consejería de Hacienda, que dirige Carolina España, replica que la ejecución presupuestaria en Andalucía en términos globales ronda el 47%.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recogido estos datos en un informe para reportárselo al Tribunal de Cuentas, que en breve publicará un balance sobre el grado de ejecución presupuestario de los fondos europeos en toda España. Es la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia -dotado de 70.000 millones de euros para España, que se aprobó en julio de 2021. Han transcurrido dos años y medio desde el comienzo de las inversiones programadas en febrero de 2020.
La ejecución de esas inversiones avanza a un ritmo de caracol en todas las comunidades autónomas, aunque los números de Andalucía están entre los más rezagados. El Gobierno central ya ha reconocido el ritmo pausado al que se están gastando los fondos comunitarios que ha recibido España. En el caso andaluz, el desequilibrio entre los ingresos recibidos y lo gastado asciende a 1.681 millones de euros de remanente a final de 2021.
El informe de la Cámara de Cuentas recaba datos de 2022 hasta el mes de mayo, pero también incluye en el ámbito de gastos los créditos presupuestados en el presente ejercicio y hasta 2026. “De 3.610,81 millones de euros asignados en Andalucía, se ha imputado a presupuesto 2.369 millones (un 65,6%) correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, y a los créditos presupuestados para anualidades futuras 2023-2026”, reza el documento.
El hecho de que el Gobierno andaluz apenas haya gastado el 5% de lo presupuestado con fondos europeos tiene un desigual impacto en las diez políticas públicas que iban a beneficiarse de ese dinero extraordinario. Casi el 30% del montante asignado a Andalucía iba destinado a la agenda urbana y rural y a la lucha contra la despoblación -1.067 millones-; otro 20% estaba comprometido en políticas de educación y formación profesional (727,2 millones), y un 19% a políticas de empleo y cuidados (727 millones de euros).
El marco presupuestario europeo es holgado, la Junta aún tiene tres años para gastar y justificar los fondos que le corresponden antes de verse obligada a devolverlo. Por entidad ejecutora, el 73,20% de los fondos europeos recibidos están en manos de la Consejería de Fomento (22,71%, 820 millones); Educación (18,03%, 651,11 millones); Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (13,15%, 474,72 millones); Hacienda y Financiación Europea (9,95%, 359,14 millones); y Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible (9,36%, 337,87 millones).
El informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno andaluz para agilizar la ejecución presupuestaria de los fondos europeos y señala, con especial énfasis, en la necesidad de una mayor “simplificación y racionalización de todas las fases de los procedimientos, así como la implantación de actuaciones administrativas automatizadas”. La Cámara de Cuentas toca, por tanto, la fibra sensible del Ejecutivo de Moreno, que ha hecho de la “desburocratización y la simplificación administrativa” una seña de identidad [en la pasada legislatura se aprobaron tres decretos ley de simplificación].
El documento hacer referencia a este nuevo marco normativo, pero critica que, salvo en el caso de la Agencia Andaluza de la Energía, “no se han formalizado los instrumentos jurídicos entre las entidades ejecutoras y las entidades instrumentales en los que se recoja la forma de transferir los recursos y las obligaciones de la entidad instrumental, incumpliéndose la Resolución 1/2022” del Ministerio de Hacienda, que fijaba las instrucciones para el buen uso de los fondos europeos del Plan de Resiliencia.
Los autores del informe afean a los departamentos de la Consejería de Economía y Hacienda responsables de gestionar este dinero el que “en la práctica no han llevado a cabo algunas de las funciones que les han sido atribuidas por la normativa” estatal. “No se han elaborado guías, manuales u orientaciones que regulen, normalicen y coordinen la aplicación de criterios uniformes y homogéneos para todas las entidades ejecutoras sobre materias tales como subvenciones y convenios, publicidad y transparencia, instrumentos de planificación estratégica de gestión y autoevaluación del riesgo”, dice el texto.
También se cuestiona la falta de planificación y la necesidad de contratación de personal extra para gestionar los voluminosos expedientes financiados con los fondos Next Generation -“no hay un análisis de las cargas de trabajo y las necesidades de personal”-, y se aconseja, “a la vista de las magnitudes presupuestarias asignadas y de las actividades originadas por los mismos”, evaluar de forma justificada la contratación de “medios humanos complementarios”.
El informe culmina proponiendo también un refuerzo en el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Andalucía, documento que se aprobó en Consejo de Gobierno en abril de 2022, e implementar otros sistemas de control interno“.
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