El Foro Andaluz de la Inmigración ha aprobado por unanimidad un informe en el que se muestra un contundente rechazo a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el documento, entre otras muchas cuestiones, se proponen alternativas como por ejemplo medidas puestas en práctica en países como Bélgica o Alemania como habilitar pisos tutelados por ONG e instituciones, o la entrega de una fianza como coste económico en casos de incumplimiento.
El director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Luis Vargas, valora la aprobación del informe como un primer paso importante y manifiesta el compromiso de la Junta de Andalucía de trasladar las propuestas que contiene a las autoridades legislativas y ejecutivas a nivel nacional con competencia para llevarlas a cabo, según indican a este periódico fuentes presentes en el encuentro celebrado en la Fundación Tres Culturas.
El Foro Andaluz de la Inmigración es un órgano de consulta, representación y participación en el ámbito de la política social para inmigrantes y la diversidad cultural, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior y que preside la consejera Rosa Aguilar. Está compuesto por tres vicepresidencias (dos de la Junta y otra representada por las entidades sin fines lucrativos de inmigrantes) y 33 vocalías (16 de las administraciones públicas -nueve representantes de la Junta, dos del Estado y cinco de municipios y provincias- 17 de organizaciones sociales que desarrollen actividades relacionadas con la inmigración en el ámbito regional, entre ellos sindicatos y empresas).
La presencia de la Junta de Andalucía, por tanto, es mayoritaria en este órgano que ha asumido el documento, elaborado por la federación Andalucía Acoge y la Asociación Claver, después de que hace mes y medio se aplazara su aprobación para que la administración andaluza pudiera analizarlo con calma. Destaca también que los dos únicos representantes de órganos de la Administración General del Estado, que forman parte del foro como vocales, no han asistido al Pleno que ha dado por bueno el documento, excusando previamente su asistencia como el subdelegado del Gobierno en Almería, que tenía una reunión en Madrid.
El informe sobre los CIE elaborado por la Comisión de Acción Social y Normativa del foro considera que, al ser centros de detención cerrados, “se configuran como un sistema excesivamente estricto de detención, más próximo a un sistema penitenciario, contrario al espíritu de la propia Ley de Extranjería, con unas condiciones de higiene y salubridad deplorables como ya está sobradamente constatado en informes oficiales y autos judiciales y unos servicios médicos deficientes”. En lo que respecta a Andalucía, “resulta patente que la situación en que se encuentran el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa es jurídica, social y moralmente insostenible”, lamenta el informe, que ofrece un completo contexto nacional y europeo en relación a estos centros.
También se denuncia en el documento “la falta de transparencia de las actividades en estos centros por parte de la dirección de los mismos, con limitación de la presencia de ONG, de sus actuaciones con los internos y con deficiencias en la información a los internos sobre sus derechos, su adecuado asesoramiento jurídico o la presencia de traductores”. Entre los aspectos que se denuncian también se encuentra “la ausencia de servicios psicológicos que permitan atender a personas que llegan a los CIE con vivencias ocurridas en su país de origen o durante el viaje hasta nuestro país, rodeadas de circunstancias traumáticas, en especial las vividas por mujeres y menores”.
José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, apunta a eldiario.es Andalucía que la federación celebra “que la Consejería de Justicia e Interior haya cumplido con su compromiso de discutir el documento sobre los CIE” en el citado foro. “Consideramos un paso importante para Andalucía que este foro presidido por la Consejería de Justicia e Interior haya validado este informe sobre los CIE que recoge las múltiples irregularidades de los centros de internamiento y pide que se frene esta política del Ministerio del Interior”.
Modelo “ineficaz”
Es conocido el amplio consenso entre las organizaciones sociales en pedir el cierre de los CIE al lamentar que “el modelo es ineficaz, no cumple sus propias normativas y objetivos y no termina de ser completamente respetuoso con los derechos de las personas migrantes”, recoge el informe, donde se reconoce que, mientras se alcanza ese objetivo final, “habría que avanzar en otras medidas que mejoren la realidad actual de los CIE y que promuevan alternativas existentes al internamiento”.
Entre las propuestas del Foro Andaluz está la regulación, desarrollo e implementación de medidas no privativas de la libertad como sistema de actuación principal y protagonista en España en materia de control de la inmigración irregular, “dejando, en su caso, a los CIE un papel subsidario, bajo decisión y control judicial, por el menor tiempo tiempo posible y en condiciones jurídicas, asistenciales y materiales dignas”.
El documento expone que, ante todo, “resulta imprescindible reducir el número de personas sometidas a internamiento”. Para ello, se apuesta por priorizar el retorno voluntario, no internar a personas por mera estancia irregular, no internar a personas en situaciones de vulnerabilización ni a aquellas cuyo internamiento vulnerabiliza a sus familias, no internar personas con perspectivas razonables de obtener la regularización de su situación y/o con perspectivas razonables de estimación de los recursos contrarios a su reclusión, y no internar a personas con bajas o nulas perspectivas de ser expulsadas.
También se propone la aplicación “más frecuente” de medidas recogidas en la ley pero que no son tenidas en cuenta por la Policía ni solicitadas a los juzgados de Instrucción, que autorizan los internamientos. Entre ellas están la retirada del pasaporte o la comparecencia periódica en comisaría, la residencia obligatoria en determinado lugar o cualquier otra medida que el juez estime adecuada y suficiente.
Asimismo se proponen “medidas puestas en práctica en países como Bélgica o Alemania como lo pisos tutelados por ONG e instituciones”. “Serían recursos conocidos por la Policía y donde el juez debería otorgar el permiso de entrada. Mientras durase la situación irregular de la persona, el pasaporte estaría en Extranjería, pero sus condiciones serían muy distintas a las de la reclusión en un CIE. Estas personas no estarían privadas de libertad ambulatoria y mantendrían los derechos que muchas veces no se hacen efectivos en los CIE: acceso fácil a abogado, familiares y amigos, asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, vida más normalizada, que incluye, por ejemplo, no interrumpir los estudios...”, explica el documento en ese sentido.
Trata y menores
También se apuntan “diferentes sistemas de garantía, bien mediante la entrega de una suma de dinero (fianza), como coste económico en casos de incumplimiento o bien mediante la figura garante, es decir, la posibilidad de que una persona contraiga responsabilidades económicas en el caso de incumplimiento de la persona en situación irregular.
A expensas de que se pueda lograr en un futuro el cierre de los CIE, el informe destaca que estos deben sufrir una serie de reformas como promover la celebración de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía para su gestión en Andalucía de los aspectos asistenciales. También se hace hincapié en la necesidad de srvicios médicos permanentes o, al menos, de enfermería, promoción de formación del personal de los CIE en materia migratoria, apoyo psicológico y recordatorio de libre acceso del titular al propio expediente administrativo.
Asimismo, se sugiere que el Foro Andaluz de la Inmigración exprese el rechazo al internamiento de extranjeros como medida cautelar en procedimientos de expulsión y devolución, aliente el uso de medidas cautelares alternativas al internamiento y aliente al Gobierno de España a destinar más recursos económicos al dispositivo de acogida humanitaria.
En un sentido más concreto, el Foro apuesta por oponerse a la apertura de nuevos CIE y, en ese sentido, trabajar con los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga para que mantengan su rechazo a los planes de construcción anunciados. También se sugiere requerir insistentemente en el cierre de los CIE de Algeciras y Tarifa “dado que no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad”.
El documento incide también en que “los CIE constituyen un espacio de gran trascendencia para la detección de víctimas de trata de seres humanos, especialmente en el caso de menores y mujeres ingresados en los mismos”. En ese sentido, ven necesario que en aquellos supuestos en que se plantee una duda sobre la presunción de minoría de edad de personas ingresadas en CIE, “se establezca un protocolo de actuación” en el que se realicen todas aquellas pruebas y comprobaciones para adquirir la certeza sobre la edad, tanto médicas como documentales, para que los trámites se agilicen el máximo y para evitar que el presumible menor de edad ya se encuentre en situación de calle cuando se obtengan los resultados de las pruebas.
Delitos de odio
Este miércoles se conmemora, precisamente, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El Foro Andaluz para la Inmigración ha aprobado una declaración institucional en la que señala que los delitos de odio constituyen una de las formas más graves de discriminación porque “incitan a la hostilidad y, en último término, a la violencia” contra la población migrante y refugiada.
En el manifiesto se subraya que “los actos de discriminación y racismo vulneran los derechos y la dignidad de las personas que los sufren, rebajan la altura moral de quien los comete y empobrecen a la sociedad que los disculpa o tolera”. Junta de Andalucía y Foro expresan así un “compromiso público para impulsar la sensibilización social para favorecer la integración de la población inmigrante, condenar todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia, y reforzar el rechazo de la ciudadanía a la aparición de cualquier manifestación de discriminación en el ámbito público o privado”.
En el marco de este foro, y según informa en un comunicado la Consejería, se ha presentado también el calendario de elaboración del IV Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, con el horizonte 2018-2022.