La Junta de Andalucía aprobará de forma inminente un decreto ley que posiblitará la regularización de miles de viviendas de la comunidad autónoma, principalmente las asentadas en núcleos establecidos pero sobre suelo no urbanizable. “Se van a regularizar pero nunca serán regulares sino que serán normalizadas, con servicios mínimos”, advierten desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Estaba previsto que la nueva norma de adecuación ambiental y territorial se aprobara en el próximo Consejo de Gobierno de este martes para dar a conocer a ayuntamientos y propietarios qué tienen que hacer para regularizar sus inmuebles si cumplen “unos determinados requisitos”, como no estar en zona protegida, y aplicando “una serie de medidas correctoras medioambientales”. El decreto ley, que tendrá que esperar unos días más debido a que este martes se tramitarán de manera urgente ayudas para los afectados por la gota fría, derogará además dos leyes (de 2016 y 2018) y el decreto de 2012 promovido por el entonces presidente José Antonio Griñán y que aspiraba a la regularización de unas 20.000 viviendas.
No se sabe el número exacto
¿Cuántos inmuebles serán ahora los afectados por esta nueva normativa? La Junta no se moja. “Al ser irregulares, no hay constancia de ellos en ninguna parte. Son los ayuntamientos los que saben dónde están, pero no la Junta”, añaden las fuentes de la Consejería. El decreto ley no afectará en cualquier caso a todas las viviendas irregulares de Andalucía, como a las que están en zona inundable o medioambientalmente protegida, sino “sobre todo a viviendas que estén en urbanizaciones, en asentamientos”, casos de construcciones de Carmona (Sevilla), Almería, Córdoba o Chiclana de la Frontera (Cádiz), a las que se les podrá aplicar el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO) “para tener los servicios mínimos” (abastecimiento y depuración de aguas, electricidad y gestión de residuos), apuntan las fuentes, que insisten en que el decreto “no supone café para todos”.
La declaración AFO se planteará también en casos en los que no se actuó anteriormente, como en el de los asentamientos en suelo no urbanizable, según anunció la Junta a finales de mayo, cuando el Consejo de Gobierno acordó instar a la Consejería a “iniciar cuantas actuaciones sean necesarias en relación con la problemática de las viviendas irregulares en suelo rústico, hasta tanto se apruebe la nueva ley en materia de urbanismo y suelo de Andalucía”.
Planes especiales, no generales
La Junta acusa a los anteriores gobiernos del PSOE de “mirar para otro lado” en esta materia durante sus mandatos. Lo cierto es que el Parlamento aprobó en abril de 2018 modificar por decimosegunda vez la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que data de 2002, pero ahora el gobierno de PP y Ciudadanos trabaja en una nueva ley para “reforzar las competencias urbanísticas de los municipios en la aprobación de los instrumentos de planeamiento”, según anunció la Junta el pasado mayo.
En ese sentido, el decreto ley también abordará la posibilidad de que la regularización de viviendas llegue a través de “planes especiales” en lugar de los planes generales “que tardan demasiado en su tramitación”, indican las fuentes. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que se reunió hace unos días en Vélez-Málaga con plataformas de afectados como 'Save Our Homes Axarquía', expresó la voluntad del Gobierno de resolver la situación irregular de 300.000 viviendas en Andalucía. “Pueden ser 300.000 pero pueden llegar a 500.000, no se sabe, pero datos no tenemos”, explican las fuentes de Fomento.
La consejera del ramo, Marifrán Carazo, aseguró en el Parlamento antes del verano que se trata “de un problema complejo, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía”, lo que supone “analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales”, en alusión a los citados planes autónomo, no dependientes de los planes generales.
Carazo apostó por diversas medidas para los asentamientos como “reforestaciones, mejora de riberas, de caminos y otros servicios, con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori a cargo de las administraciones”, abogando también por “controlar y evitar” que se produzcan nuevas actuaciones irregulares mediante un refuerzo de la actuación inspectora. “Son unas 300.000 las familias que están a la espera de que la Junta les resuelva, de una vez por todas, un problema que pesa como una losa sobre ellas desde hace años”, resaltó la consejera.
Sin efecto una instrucción de mayo
Ya en 2015, el anterior Ejecutivo en manos del PSOE tuvo que modificar tres artículos de la mencionada LOUA a fin de que los ayuntamientos, que tienen las competencias en disciplina urbanística en sus municipios, dispusieran de más instrumentos para regular este tipo de edificaciones, que entonces la Junta cifraba en torno a las 25.000 viviendas. En 2016, el PSOE andaluz proponía regularizar “de forma progresiva” las viviendas de estos asentamientos urbanísticos.
Para estos asentamientos “la solución nunca llega”, considera ahora la Junta, que ha apostado ahora por un nuevo decreto ley ya que la normativa actual es “compleja y lenta” en ese sentido. La nueva norma permitirá que pueda ser declarado el AFO en viviendas irregulares situadas en los asentamientos, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad y, con ello, a los servicios básicos.
Para abordar la situación, la consejera Carazo se ha reunido con los británicos que viven en municipios del Valle de Almanzora, en Almería; con los propietarios de las parcelaciones de Jaén y Cordoba; con los vecinos del extrarradio de Chiclana (Cádiz); con los de Conil y los del Palmar, en Vejer (Cádiz); y también con el representante de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU).
Los intentos normativos para regularizar las edificaciones en suelo urbanizable se remontan al año 2003, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) previó el régimen de fuera de ordenación y, tres años después, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incorporó la necesidad de controlar los procesos de ocupación y parcelación del suelo no urbanizable.
Ahora, con la entrada en vigor de esta nueva normativa, quedarán derogadas las leyes 6/2016, de 1 de agosto y 2/2018, 1 de agosto, además del Decreto 2/2012, de 10 de enero y la Orden de 1 de marzo de 2013. También, apuntan las fuentes, “se modifican los artículos de la LOUA necesarios para mantener la coherencia del actual cuerpo
normativo y se derogan expresamente todas aquellas otras disposiciones contrarias a la nueva norma“. Por otra parte, se deja sin efecto la reciente Instrucción 6/2019, cuyo contenido se incorpora al contenido del decreto ley.