La Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, ha pedido el sobreseimiento de la pieza del caso ERE en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 24 exaltos cargos de varias etapas del Gobierno del PSOE en la comunidad autónoma.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía no aprecian prevaricación, que es el delito imputado a los dos expresidentes o malversación, en el caso del segundo, y señalan que “no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones”. Recuerdan que para existir malversación se exige la preexistencia de una conducta prevaricadora seguida de otra que debe tener ánimo de lucro, lo que no aprecia esta parte en el caso.
Consideran que ni hay una “trama criminal” ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención General de la Junta de Andalucía y conceder de forma arbitraria las ayudas para pagar expedientes de regulación de empleo (ERE) en la comunidad autónoma.
“No sólo no existe prueba alguna que acredite respecto de algún encausado que obró con ánimo de lucro o que permitió que un tercero obrara con tal [...] sino que tampoco existe una concreción acerca de los fondos públicos malversados que, según la doctrina jurisprudencial expuesta, sólo alcanzaría a aquellos supuestos en que son destinados a un uso ajeno a la función pública”, reza el documento.
Pese a que en el escrito la Junta de Andalucía admite que se produjeron “múltiples irregularidades administrativas” que tienen “indiciariamente” trascendencia penal, afectan al procedimiento de concesión de ayudas y sus posibles responsabilidades han de dilucidarse en el seno de cada uno de los procesos abiertos por los ERE en cuestión, una causa que la jueza María Bolaños dividía en un auto conocido esta semana en nada menos que 48 piezas.
El Parlamento de Andalucía “no es el tonto útil”
Cabe recordar que el auto de procesamiento y la prueba pericial de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hablan de la existencia de una trama criminal. Pero la Junta de Andalucía cree que los peritos han incurrido en “clamorosas fallas jurídicas”.
También censura que le otorguen al Parlamento de Andalucía el papel “de tonto útil para la ejecución de un plan criminal preconcebido”, a la hora de aprobar los presupuestos autonómicos en los que iban las partidas para los ERE.