Salud pública
La orden de la Consejería de Salud que regula la concertación de la atención primaria en Andalucía, en vigor desde este viernes, ha levantado a los sindicatos sanitarios de la mesa sectorial para convocar una gran movilización el próximo 16 de marzo ante las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Esa protesta no sólo incluye el malestar con el Gobierno de Juan Manuel Moreno por aprobar la polémica norma el mismo día que se iba a negociar el modelo de gestión de la atención primaria.
Los sindicatos acusan a la Junta de esbozar una “privatización encubierta” del servicio de entrada a la sanidad –el médico de familia–, pero también están descontentos porque “la cuantificación de las tarifas de las consultas en la atención primaria ”discriminan y desprecian“ a los profesionales de la pública, en palabras del presidente del CSIF, German Girela.
La orden que permite a la Junta de Andalucía, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria a la sanidad privada fija el precio de la consulta en un máximo de 65 euros, un 48,5% más de lo que paga a los médicos de la pública por cada hora que prolongan voluntariamente su jornada por las tardes. La Consejería de Salud implantó ambas medidas con la misma razón de ser, esto es, articular fórmulas para paliar el déficit estructural de médicos en el SAS, que afronta un ritmo de 600 a 700 jubilaciones al año para la próxima década.
El precio que pagará el SAS a la sanidad privada por derivar cada consulta del médico de familia no tiene una traslación directa a la sanidad pública, porque son parámetros distintos. En la privada se pagará 65 euros por un acto médico –una consulta–, en la pública se ha estipulado un precio de 43,77 euros la hora de consulta por las tardes, aunque en esa franja caben entre cinco y seis consultas de media, según el cálculo de los sindicatos sanitarios.
Existe una Plataforma llamada '10 minutos', que agrupa a colectivos de Atención Primaria de toda España, que defiende ese tiempo como mínimo para ofrecer una atención sanitaria de calidad a un paciente, incluida valoración, exploración y plan de actuación. En el caso de los pediatras, el tiempo es aún mayor. Si se respetasen esos diez minutos, un médico de familia de un centro de salud público recibiría seis pacientes en una hora de jornada extra por las tardes, al precio que la Junta paga cada consulta por derivaciones de atención primaria en la privada supondrían 390 euros por día.
El pasado enero, la consejera de Salud, Catalina García, logró convencer al Sindicato de Médicos de Andalucía (aglutina al 95% del colectivo) de que desconvocase la huelga prevista a cambio de una nueva planificación: limitar a 35 pacientes por médico de familia al día (25 para pediatras), y derivar el excedente al turno de tarde (que es voluntario y remunerado con un incentivo económico en la nómina).
El 19 de abril del año pasado, dos meses antes de las elecciones autonómicas, el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo negociado entre la Consejería de Salud y los sindicatos del sector para la revisión del modelo de carrera sanitaria, la subida retributiva del grupo A2 y el plus en la nómina para los médicos de familia que voluntariamente optasen por “prolongar” su jornada por las tardes para responder a la elevada presión asistencial. “Se retribuirá al precio de 43,77 euros la hora de prolongación y se actualizará anualmente en función de las leyes presupuestarias”, reza el documento.
Es el precio por una hora extra en atención primaria por las tardes. El coste de la hora de consulta en una jornada regular es más complicado calcularlo, porque depende de otros conceptos como la antigüedad o las guardias que cubre cada facultativo. Los sindicatos consultados calculan que está por debajo de los 20 euros por hora, habida cuenta que las horas de guardia sí están cuantificadas –entre 21 y 26 euros, dependiendo de si el centro es o no de difícil cobertura–. Las horas regulares están por debajo de ese precio público.
La Junta de Andalucía pagará a un hospital privado hasta un máximo de 65 euros por derivar la primera consulta a un médico de familia, según la tabla de precios adjunta a la orden de tarificación de precios, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Es el coste para “consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias [léase, clínicas privadas concertadas por el SAS]”.
La tabla de tarifas incluye también los precios para una “primera consulta” a un especialista, a 150 euros; las “consultas sucesivas”, a 90 euros; y la consulta en un centro especializado de Alta Resolución, a 215 euros. En caso de que el médico de la privada atienda al paciente en un hospital público, en vez de hacerlo en su clínica, “esa tarifa máxima se verá reducida al 35%”, especifica la norma.
Este último aspecto también viene regulado en la orden como un escenario que hasta ahora no existía: se habilita jurídicamente que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta –hasta ahora se realizaban en sus propias instalaciones–. También se incluye por primera vez la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada, que pagará por ello según una nueva “tarificación uniforme”.
La Consejería de Salud convocó el pasado jueves a los sindicatos sanitarios a una mesa sectorial monográfica para abordar el problema de la atención primaria, pero al llegar se encontraron con la publicación en el BOJA de la polémica orden que permite derivar a los pacientes del médico de familia a la privada. La norma estaba aprobada desde el 23 de abril, el mismo día que el Parlamento andaluz estaba debatiendo su idoneidad, bajo las críticas en bloque de toda la oposición de izquierdas.
La consejera compareció en aquel Pleno, donde descartó retirar o modificar la norma –como le pedían PSOE, Por Andalucía y Adelante–. Además, García evitó aclarar que en ese momento la polémica orden ya estaba aprobada y camino del BOJA. La decisión del Gobierno de Moreno de seguir adelante, pese a las críticas, ha motivado una unidad sindical entre CSIF, CCOO y UGT y la convocatoria conjunta de una manifestación el 16 de marzo ante las puertas del SAS. El Sindicato Andaluz de Médicos, que firmó el acuerdo con la Consejería, también ha cuestionado duramente la nueva orden y señala que detrás de la misma hay “un intento encubierto de privatizar la atención primaria”.
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