El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha señalado que mantiene bajo vigilancia radiológica hasta seis áreas en todo el territorio español en las que se ha detectado presencia de radiactividad aunque sin riesgo radiológico. Tres de ellas se sitúan en Andalucía, Palomares (Almería) y las Marismas de Mendaña y el estuario del río Tinto, en la provincia de Huelva.
En un comunicado sobre la vigilancia radiológica del CSN en terrenos con radiactividad en España remitido a última hora del miércoles, el Consejo de Seguridad Nuclear ha subrayado que en este momento no existe ningún terreno declarado como contaminado en España “por la ausencia de regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente”.
Sí ha señalado que el CSN ha tenido conocimiento de distintos emplazamientos con presencia de radiactividad “en los que se estima que no existe riesgo radiológico significativo”.
Entre las citadas áreas, señala Palomares, en el término municipal de Cuevas de Almanzora, en el sureste de la provincia de Almería, donde en 1966 dos aviones estadounidenses chocaron accidentalmente y, como resultado, cuatro bombas termonucleares de las Fuerzas Armadas estadounidenses cayeron en la zona.
Allí, según el CSN, se encuentran terrenos con una extensión aproximada de 40 hectáreas, fraccionadas en cuatro zonas, con presencia de Plutonio-239 y Americio-241.
Río tinto
Igualmente, incluye una zona en las Marismas de Mendaña, situadas en el estuario del río Tinto en Huelva, antes de su confluencia con el río Odiel. En concreto, se trata de un terreno, conocido como CRI-9, de una extensión de 1.600 metros cuadrados, con presencia de Cesio-137.
También en el estuario del río Tinto en Huelva, antes de su confluencia con el río Odiel, ubica una balsa de fosfoyesos de la empresa Fertiberia con una extensión de aproximadamente 1.200 hectáreas y con presencia de Radio-226. A este respecto, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha resaltado que este informe “va en la línea” de lo que han mantenido todo este tiempo, tanto su Consejería como el Ayuntamiento de Huelva, y es que “el proyecto de recuperación de las balsas de fosfoyesos, al que la Junta presentó una enmienda a la totalidad por su contenido y por la gran cantidad de alegaciones que tenía, no vale”.
El CSN también vigila un paraje de El Hondón, situado en Cartagena (Murcia). Allí se encuentran unos depósitos de lodos de fosfatos, con una extensión de aproximadamente 108 hectáreas, con presencia de Uranio-238.
Asimismo, apunta a otras localizaciones situadas en términos municipales de las provincias de Madrid y Toledo, en las márgenes del Canal Real del Jarama. En este caso, son ocho zanjas de longitud y profundidad variable, conocidas como las Banquetas del Jarama, con presencia de productos de fisión y en las que se ha realizado determinaciones para Cesio-137 y Estroncio-90.
También ha detectado en el embalse del río Ebro situado en la localidad de Flix (Tarragona) lodos de fosfatos, con presencia de Uranio-238, que ya han sido retirados.
Finalmente, el CSN ha subrayado que también existen en España antiguas explotaciones de uranio en las que se han llevado a cabo actuaciones de restauración con el objetivo de garantizar que no suponen un riesgo radiológico para la población, pero en las que, desde el punto de vista de la utilización de los terrenos donde se ubican, habría que considerar la presencia de material radiactivo.
El organismo también indica que hay otros emplazamientos de explotación de mineral metálico abandonados en los que habría que considerar la presencia de material radiactivo para su posible restauración y utilización posterior de los terrenos.
En todos estas zonas y “ante la ausencia de regulación específica”, el CSN ha explicado que ha venido actuando “caso por caso” y en función de su riesgo o impacto radiológico potencial, con el objetivo de garantizar la protección radiológica de la población y del medio ambiente.
Así, ha indicado que ha llevado a cabo acciones para determinar el riesgo radiológico, mediante el estudio de las posibles situaciones que puedan dar lugar a la exposición de la población y estableciendo en cada caso las acciones necesarias, como son el requerimiento de programas de vigilancia o el establecimiento de restricciones de uso del terreno.
Según la normativa vigente, la clasificación de un terreno como contaminado requiere una declaración explícita de la autoridad competente, una vez que se ha verificado que la contaminación presente en el terreno está por encima de niveles previamente determinados y establecidos en la normativa.
No obstante, actualmente no existe una regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente. En este sentido, la necesaria modificación de la Ley de Energía Nuclear y el Real Decreto sobre suelos contaminados con radiactividad se encuentra en tramitación por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
Contaminación radioactiva: hace falta reglamentación
Según el CSN, la aprobación de la reglamentación facilitará la puesta en marcha de las actuaciones pertinentes y necesarias para la declaración de los terrenos afectados por contaminación radiactiva y, en su caso, la determinación de las acciones de limpieza o restricciones de uso, o bien la declaración de libre uso.
Por ello, ha señalado que el marco regulador relacionado con los terrenos con presencia de radiactividad en España “debe completarse adecuadamente” para que obligaciones dirigidas al CSN “puedan llevarse a cabo con las garantías suficientes en términos de seguridad jurídica”.