Rango de ley. Eso es lo que quiere dar el Gobierno Andaluz a las prestaciones de salud. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó este martes comenzar a tramitar la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, con el que el ejecutivo autonómico refuerza la protección, con rango de ley, de la prestación de los servicios sanitarios públicos bajo los principios de “universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad”, según recoge el texto. La nueva norma, que podría estar aprobada en el primer trimestre de 2016, es a juicio del Gobierno una garantía extra, explican, frente a las tentaciones privatizadoras de los servicios sanitarios.
El anteproyecto de ley fija para la cartera complementaria autonómica la prohibición del copago. Entre estos servicios exclusivos de la comunidad se encuentra el diagnóstico genético preimplantatorio, la prueba del talón para determinadas enfermedades, la atención bucodental, algunos de las prestaciones en reproducción asistida, ginecología o la gratuidad de los medicamentos para los menores de un año.
La mayoría de las prestaciones sanitarias, sin embargo, se acogen a la cartera de servicios comunes, dependiente del Sistema Nacional de Salud, y sobre la que ya se aplica el copago. En estos casos en los que Andalucía no tiene competencia, la Junta se compromete en su nueva ley a mantener “las medidas necesarias para minimizar el impacto en la ciudadanía” aunque aún no se especifican. Ponen como ejemplo lo ocurrido con el copago de medicamentos para jubilados. Mientras que en otras regiones los pacientes deben pagan una parte proporcional del fármaco, según su nivel de renta, y después solicitar el rembolso, en Andalucía, a través de la receta electrónica, no se realiza este adelanto del pago.
Sin memoria económica
El nuevo consejero de Salud, Aquilino Alonso, se ha encargado de presentar el anteproyecto de ley que viene sin memoria económica pero en el que se garantiza “la financiación suficiente y con carácter finalista”. Alonso señaló que el objetivo del Gobierno es que a final de legislatura Andalucía dedique a salud el 6,5% de su PIB, un objetivo “razonable y adecuado” cuando ahora dedica el 6,2%. El gasto por PIB en España se sitúa, según los últimos datos publicados por el Ministerio, en el 5,4% (2013).
Recuperar el 6,5 de gasto sanitario según el PIB para Andalucía para los próximos cuatro años permitiría incrementar la inversión en la sanidad pública andaluza, aunque aún quedaría lejos de las cifras previas a la crisis. En 2009 la región destinaba el 7,19% del PIB, según los datos de la Consejería de Salud, la media española era del 7%.
La Junta se compromete también por esta ley a garantizar el acceso a las nuevas tecnologías y tratamientos siempre que haya quedado suficientemente demostrada su eficacia. “No volveremos a vivir situaciones como con la Hepatitis C”, aseguró Alonso. En cuanto al gasto farmacéutico, el Servicio Andaluz de Salud continuará apostando por la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos o la selección, adquisición y uso de las alternativas terapéuticas equivalentes más eficientes.
Los ingresos por investigación revertirán en el sistema
El Gobierno andaluz, añade el consejero, reafirma su compromiso en la investigación y la innovación, estableciendo además que los ingresos que se obtengan de la investigación se revertirán en el propio sistema. “La investigación genera riqueza, por cada euro invertido revierten 50, no podemos considerarla un gasto sino una contribución al sistema”, dijo el consejero.
La organización sobre recursos humanos y materiales, estrategias de formación, investigación y financiación quedarán fijados en un futuro con el Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La Consejería de Salud prepara igualmente un Plan Estratégico de Investigación e Innovación y otro sobre Formación Continua y Excelencia para los profesionales.
Aquilino Alonso sintetizó la nueva normativa, una de las iniciativas legislativas que estaba pendiente de la anterior legislatura de gobierno PSOE-IU, como “pionera en España”. Para el consejero, Andalucía garantiza el sistema sanitario público “para evitar futuras tentaciones de desmantelamiento”.