Andalucía retoma la promesa de complementar el ingreso mínimo vital más de dos años después de su vigencia

Hace casi un año el presidente andaluz Juan Manuel Moreno anunció la puesta en marcha de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión que debiera sustituir a la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, una garantía que, al menos sobre el papel, viene cubriendo el Gobierno central a través del Ingreso Mínimo Vital y que ha llegado a 380.000 hogares en España, con Andalucía como comunidad con más hogares beneficiarios. Aunque la aprobación del ingreso mínimo estatal supuso en el verano de 2020 algunos debates en cuanto a su compatibilidad con la renta andaluza, la Junta apostó definitivamente por aprovechar la complementariedad de ambas ayudas y sustituir la renta autonómica por esa nueva prestación para la infancia, como repitió durante sus últimos meses la exconsejera Rocío Ruiz, antes y después de la toma de conocimiento anteproyecto de ley el pasado febrero por parte del Consejo de Gobierno de la Junta.

Lo cierto es que esa nueva prestación, cuyo primer objetivo es reducir la pobreza estructural de Andalucía, en líneas, y que tiene como destino sustituir a la renta mínima andaluza, todavía no está en marcha. La nueva consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha hecho referencia a la prometida complementariedad este jueves en su primera comisión parlamentaria apenas una horas después de reunirse en Madrid con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a quien puso de manifiesto la existencia de familias que se ven obligadas a hacer frente al reintegro de cantidades indebidamente percibidas a la hora de su acceso a alguna de esas ayudas, que conviven desde hace más de dos años. Su idea, según ha anunciado, es promover el proyecto de ley de esa nueva iniciativa legislativa a la que aún le queda una larga tramitación en el tiempo.

López ha aludido ante los portavoces parlamentarios al principio de su intervención a la aprobación de un anteproyecto de ley sobre la nueva renta mínima andaluza, si bien el apellido del anteproyecto anunciado fue “por el que se regula el Ingreso para la Infancia y la Inclusión”. En la ley estatal de diciembre de 2021 quedó definitivamente establecido que “en el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas”. “Por tanto, el ingreso mínimo vital se configura como una prestación 'suelo' que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad”, se añade.

La consejera, tras su reunión en Madrid, anunció este miércoles un acuerdo “para cogestionar” el ingreso mínimo vital cuando la ley, en su disposición adicional cuarta, ya se contempla “el estudio por parte del Gobierno de la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación”. Durante el encuentro entre ministro y consejera hubo buena sintonía, según fuentes de ambos departamentos, y también se puso hicapié en la docena de itinerarios de inclusión que están desplegándose en Andalucía, en consonancia con el número de beneficiarios que tiene la comunidad. Entre ellos, el proyecto de la Junta, dotado con 15 millones de euros, y el del Ayuntamiento de Sevilla, que asciende a 5,7 millones, ambos orientados a la prevención del absentismo escolar, según han coincidido las partes.

“La Consejería de las personas”

En líneas generales, López ha asegurado durante la comisión que la Consejería de Inclusión Social será “el parachoques de las familias andaluzas ante los golpes de la crisis”, apostando, como así incidía siempre su antecesora, por superar el modelo asistencialista e impulsar un modelo “basado en la cercanía y el acompañamiento de las personas durante todas las etapas de la vida”,

López ha señalado como una “premisa permanente” de esta legislatura “el diálogo con todos”, de forma muy especial con las entidades que conforman el tercer sector “cuya labor es esencial”. “Todos tenemos un objetivo común que es ayudar a los andaluces y las andaluzas en unos momentos difíciles”, ya que “hemos pasado de una pandemia sanitaria a una pandemia en el ámbito económico”. “Esta es la Consejería de las personas, sin ellas no tendría sentido ninguno, y las familias tienen que estar en el centro de nuestra gestión”, ha aseverado, antes de insistir en los efectos de una inflación desbocada a la hora de afrontar gastos básicos como el recibo de la luz, la cesta de la compra o la vuelta al cole.

La consejera también ha puesto el acento en la necesidad de dotar a los servicios sociales comunitarios de un modelo de financiación “que dé estabilidad a las prestaciones de los servicios sociales como a los propios trabajadores”, al tiempo que ha apostado por consolidar el apoyo a las familias mediante un plan “integral y trasversal”, porque “la familia lo es todo”. Entre otras actuaciones, ha adelantado la aprobación del Plan de Familias de Andalucía, para convertirlas en una “prioridad política”, y continuar con los trabajos para contar con una Ley de Familias de Andalucía. “Tenemos que tomar la iniciativa y no esperar q que el Gobierno de España apruebe o no la suya”, ha enfatizado entre otras muchas cuestiones y desafíos de su departamento de cara a la nueva legislatura.

En cuanto al ámbito de la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, López se ha referido a la culminación del proyecto de la Ventanilla Única con el objetivo de centralizar todos los recursos disponibles y facilitar su acceso a las mujeres. “Se trata -ha especificado- de que una mujer que ha sufrido violencia de género no tenga que pasar el calvario de recordar lo que ha sufrido cada vez que tenga que acceder a los recursos que ofrece la administración y, para ello, un sistema informático permitirá acceder de forma privada a todos estos recursos y conocer el nivel de tramitación de cada expediente”.