El 9 de septiembre los alumnos de segundo curso de la Escuela de Hostelería de La Cónsula (Málaga) están convocados para comenzar las clases. Si finalmente hay clases, las impartirán profesores a los que se adeudan cinco nóminas. No habrá prácticas porque no queda género. Si este miércoles hay clases en La Cónsula, será la primera vez en tres años que el curso empiece a tiempo, pero la tercera en tres años en que llegado septiembre todo cuanto rodea a La Cónsula y al resto de las antiguas escuelas consorcio esté dominado por la confusión y la incertidumbre administrativa. Hay profesores de algunas escuelas que acumulan 14 nóminas impagadas.
No hay dinero porque las partidas correspondientes a parte del curso 2013/2014 se agotaron en mayo y la solución transitoria quedó en el limbo. José Carlos Maldonado es el abogado designado por la Junta de Andalucía para coordinar e impulsar el proceso de integración de las tres escuelas malagueñas (La Cónsula, La Fonda y CIO Mijas) en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF). Maldonado asegura que su trabajo está terminado, pero ahora hay una nueva piedra en el camino: no es posible convocar a los consejos rectores u órganos de dirección de cada centro porque la Junta de Andalucía no ha nombrado a sus representantes. Esos órganos deben aprobar los balances de liquidación y un proyecto de cesión de activos y pasivos de cada escuela antes de que éstas pasen a depender de APAEF. El 3 de septiembre el abogado solicitó formalmente que la Consejería de Empleo realice los nombramientos.
Mientras no se produzca la decisión por parte de APAEF de aceptar o no la cesión de los activos y pasivos de cada escuela (lo que a su vez depende de que cada consejo rector apruebe el proyecto), éstas seguirán en tierra de nadie. Y, lo que es más importante en términos prácticos, sin una dotación económica que les permita pagar a sus trabajadores y proveedores e iniciar el curso con normalidad.
Según el abogado Maldonado, los cambios estructurales y de personal en la Junta ocurridos desde las elecciones autonómicas de marzo tampoco han ayudado a agilizar el proceso. Inicialmente se previó un convenio-puente que garantizara liquidez desde junio hasta octubre, cuando los liquidadores hubiesen culminado su tarea. Ese convenio se firmó el 16 de junio pero no fue ratificado por APAEF. Los cargos cesaron y todo quedó paralizado, sin dinero y a expensas de culminar la liquidación. “Una liquidación es compleja, sobre todo con unos consorcios que no se distinguen por tener sus estados financieros al día”, explica el abogado. Sin embargo, su tarea ya está concluida: el problema ahora es que no hay consejos rectores a los que presentar el trabajo.
Durante los últimos días incluso ha circulado la hipótesis, no confirmada oficialmente, de que finalmente no sea APAEF (una agencia dependiente de la Consejería de Educación) quien se haga cargo de la estructura de las escuelas, sino un ente de la Consejería de Empleo, de la que las escuelas dependen funcionalmente. Esto retrasaría nuevamente la solución. La Junta de Andalucía decidió la integración de las escuelas en APAEF en un decreto de octubre de 2014, cambió la denominación de la agencia y amplió su objeto y sus fines. La idea fue ratificada en el decreto que regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, de julio de este año. Por eso Maldonado no contempla otra posibilidad que la integración y seguir con el plan marcado: “No tiene sentido modificar una disposición legal cuando está establecido cómo debe procederse en esta transición”.
Años de incertidumbre y nóminas sin cobrar
Años de incertidumbre y nóminas sin cobrarLos trabajadores de las once escuelas llevan años atrapados en una maraña administrativa que se enreda invariablemente en el último hilo. Siempre surge otro nudo. Durante las últimas semanas, los llamamientos públicos de los profesores han ganado potencia. El director de la Escuela del Mármol de Fines (Almería) llegó a afirmar que la Junta practica la “esclavitud” con los trabajadores, a los que se adeudan 14 nóminas.
Los trabajadores de las once escuelas se reunieron este verano con representantes de los cinco grupos con representación en el Parlamento andaluz, que exigieron a la Junta de Andalucía el pago de las nóminas. La misma obligación elemental se contiene en el acta de finalización de un procedimiento iniciado ante el Sercla (el Sistema Extrajudicial para la Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) por varios trabajadores de La Cónsula. En ese documento, de 18 de junio, se recoge el compromiso de que las nóminas se abonarían dentro de los primeros cinco días de cada mes. No ha ocurrido.
¿Por qué no llega una solución definitiva al problema con las escuelas de formación? ¿Cuál es la maraña burocrática tan inextricable que impide pagar a proveedores y trabajadores con normalidad y comenzar el curso cuando corresponde? ¿Qué hay tan complejo que no ha podido ser solventado en tres años? Los representantes de los trabajadores insisten en que están desesperados, atados a un trabajo en el que no cobran. E insisten: nadie les comunica nada.
La Junta de Andalucía responde a través de sus cauces oficiales que se trabaja sin descanso para auditar todos los consorcios, hasta ahora integrados por la administración autonómica y los diferentes municipios, y algunos con sombras de sospecha sobre su gestión. A comienzos de año, cuando aún dependían de la Consejería de Educación, se resaltaba el rigor de los exámenes. “No habrá excepciones”, se decía. Ahora se insiste en que se sigue trabajando en la solución. En julio se aseguraba que se trabajaba para que el curso empezara “normalmente” pero eso ya no parece posible.