La provincia de Málaga sostiene una lista de espera de 24 meses para los casos de valoración del grado de discapacidad y de 23 para las revisiones de grado. Es un dato que destaca “de manera notable” en el análisis que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo Andaluz durante varios meses acerca de la situación de los nueve Centros de Valoración y Orientación (CVO) de Andalucía, donde ha constatado “un retraso generalizado y estructural en gran parte” de ellos motivado en su mayoría “por el volumen de la demanda ciudadana y por el desequilibrio existente entre el volumen de trabajo a realizar con el número de personas designadas para estas tareas”, bien sociosanitarias o bien administrativas. Ello provoca “largas lista de espera y demoras que van mas allá de lo aceptable”, lamenta el Defensor.
La Junta de Andalucía, sabedora de este problema, puso en marcha dos planes de choque en las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, el último el pasado mes de abril, que han resultado “insuficientes”, a ojos de los datos analizados por el Defensor del Pueblo. Pese al contexto de crisis mundial pandémica, se trata de una circunstancia “que escapa de la puntualidad y empieza a establecerse de manera sistémica en el reconocimiento del grado”. El volumen de quejas recibidas en el Defensor “no deja lugar a dudas en cuanto a las demandas que presentan las personas con discapacidad y de sus familiares”, relata Jesús Maeztu en una reciente resolución.
El Defensor lamenta que esas demoras “tienen un gran impacto en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, pero inciden de manera acusada en su situación laboral, ya que sin acceso al mercado laboral y sin formación, no es posible la incorporación a la vida activa de las personas con discapacidad, pudiendo generar marginación y pobreza con unos tiempos tan dilatados”. A Maeztu le preocupan “especialmente” las personas con discapacidad más severamente afectadas, “que tienen mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos y se encuentran objetivamente en una situación mas vulnerable, ya que presentan una mayor necesidad”, por lo que reclama “la atención de los poderes públicos y toda su voluntad política”.
Porque los datos recabados no dejan lugar a dudas pese a las “posibles medidas paliativas” que hayan tenido los dos planes de choques de la Junta para descongestionar las listas de espera, consistentes en refuerzos de personal, según expone el Defensor. En Málaga, como se ha dicho, con fecha de enero de 2021 existían un total de 10.552 solicitudes pendientes de valoración inicial y 4.148 solicitudes pendientes de revisión a instancia de parte. La resolución recuerda, por ejemplo, que una persona había presentado su solicitud en diciembre de 2019, estando pendiente de valorar todavía en un informe concluido en mayo de 2021, sin ningún tipo de referencia sobre en qué fecha aproximada podría tener lugar su cita para la valoración.
En Sevilla, la demora soportada por el Centro de Valoración está cifrada en 18 meses, según informó la dirección del EVO de Sevilla el pasado mes de mayo, donde indicaban además que sus tiempos “siguen en aumento”. Se constata, de las quejas tramitadas por el Defensor, tanto el plazo alegado de retraso como el progresivo aumento del mismo. Si bien con anterioridad al estado de alarma se partía de un retraso de 12 meses para la valoración inicial, y de 14 meses para la revisión del grado de discapacidad, se ha terminado con un aumento progresivo y que parecían ir en aumento, con un volumen de 11.000 solicitudes pendientes de valoración inicial y 16.000 de revisión, a fecha octubre de 2020.
Cádiz cuenta con la particularidad de que existen dos CVO que, “lejos dar una respuesta rápida a los peticionarios, produce demoras en toda la provincia”. Había ya un retraso de 11 meses con anterioridad a la declaración del estado de alarma y la Delegación Territorial apuntaba directamente a la “falta de personal” como responsable. Ya el pasado diciembre había 15 meses de demora, reiterando la falta de personal y sumando un retraso agudizado por la pandemia de COVID-19. En mayo de 2021, el retraso era ya de 17 meses.
En la provincia de Córdoba la demora existente podría ser calificada “dentro de los términos de razonabilidad”, en torno a los 8 o 9 meses en los tiempos medios de respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad. En sentido contrario, la provincia de Granada cuenta con un retraso en la resolución de valoración de la discapacidad de 19 meses, recordando el Defensor que, en una queja tramitada, la persona interesada presentó su solicitud en diciembre de 2019 y no fue valorada hasta el 15 de julio 2021. Destacaba la Delegación en un informe la “importante carga de trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta que el CVO cuenta para los reconocimientos y valoraciones con solo siete equipos de valoración y orientación (EVO)”.
En el caso de Jaén hay una demora de 11 meses, si bien la Delegación Territorial alertaba de que los plazos iban en aumento por la falta de cobertura de los puestos de trabajo, con un incremento en la demanda ciudadana que solicitaba este procedimiento de valoración. En la provincia de Almería no ha apreciado el Defensor “ninguna situación anómala” en este sentido al no contar con testimonios de personas que así lo avalen y, para el caso de la provincia de Huelva, las quejas que se reciben son muy escasas, sin que exista una certeza sobre demoras en la citación para la valoración, ni listas de espera. En los dos últimos casos se carece de información sobre cargas de trabajo que indiquen algún tipo de anomalía relevante.
Cabe recordar que se estaría dentro de los términos de razonabilidad de la actuación administrativa no superar los ocho o nueve meses en los tiempos medios de respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad, no excediendo en demasía de los seis meses que, con carácter general, marca la norma. “Resulta necesaria una revisión sobre las previsiones administrativas para este procedimiento, con el único objeto de garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, dice el Defensor, que recomienda que, tomando en consideración la obligación legal que establece la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, “se desarrolle por vía reglamentaria el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad”.
El Defensor del Pueblo también recomienda “que se acometan actuaciones de carácter estructural y permanente en la dotación de personal de los CVO, actualizando las ratios de población demandante en relación a los puestos de trabajo existentes, cubriendo las necesidades y prioridades reales de las personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad”. Asimismo, sugiere que estas situaciones de retraso “se eleven a los órganos administrativos competentes en la toma de decisiones de índole presupuestaria para la dotación de recursos humanos, técnicos o de otra índole, que permitan garantizar un procedimiento eficaz, en donde la acción de la Administración se ágil y eficaz como marca la Ley”.
Para esta resolución, el Defensor desplegó una investigación de oficio a la inversa, en el sentido de valerse como campo de información de la oportunidad que propiciaban las diversas peticiones planteadas ante la institución por las personas afectadas que sufrían las demoras y que ha desarrollado un seguimiento estrecho de la situación a lo largo de 2020 y en los meses transcurridos del año 2021 mediante las pertinentes y sucesivas peticiones de informe dirigidas a las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad.
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