Se acaban de cumplir dos años desde que la primera persona pudo beneficiarse de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) -en julio de 2021 en el País Vasco- y en el caso de Andalucía, año y medio, porque no creó hasta cinco meses después la necesaria Comisión de Garantía y Evaluación, el organismo autonómico que aprueba o rechaza las solicitudes.
De este modo, en Andalucía, la primera no se autorizó hasta enero de 2022 y ese primer año fueron 29 las eutanasias de las 81 solicitudes recibidas. De lo que va de 2023, todavía no se ofrecen datos. La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Andalucía apunta por los menos tres más este año, asesorados por ellos. Para comparar, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, se efectuaron 173 solicitudes en el resto de España, y 75 personas recibieron ayuda para morir, en su mayoría pacientes con enfermedades neurodegenerativas o con cáncer. En 2022, ya contando Andalucía, fueron 180 eutanasias en el conjunto del país (0,04% del total de muertes).
Gabriel Sánchez Bellón, presidente de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Andalucía, destaca que pese a ese retraso inicial, “como aspecto positivo, la LORE se está aplicando en la comunidad autónoma, y se habla ya del asunto con más normalidad entre el personal sanitario”.
De todas formas, entre los aspectos negativos, cree que “hay bastante desconocimiento, a pesar de algunos cursos de formación online, sobre todo, del proceso burocrático que lleva consigo esta ley: documentos, plazos, a quién dirigirse, etcétera”. Señala que esto “es especialmente importante en atención primaria”, que es donde se presentan la mayoría de solicitudes. “Es muy frecuente que no se encuentre la figura del médico responsable”.
Menciona la atención primaria y ahí es dónde está uno de los puntos débiles, como advertía Miguel Melguizo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Almanjáyar, en Granada. “Las funciones del médico de familia van más allá de salvar vidas. Tienen que ver también con el acompañamiento, la prevención de salud” y los objetivos de este profesional “van cambiando a medida que sus pacientes se hacen mayores”, recuerda este doctor, miembro de la Sociedad Estatal de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), entidad que recuerda el papel crucial de estos profesionales en el acompañamiento en el final de la vida del paciente.
“No habrá atención digna al final de la vida sin una atención primaria digna”, asevera Miguel Melguizo, y precisamente es lo que lleva años reivindicando la Semfyc, en un contexto en el que la puerta de entrada al sistema sanitario público está lastrada por la falta de recursos y profesionales y a la espera de ver si resulta el primer pacto firmado con la Junta de Andalucía y los sindicatos para su mejora hace apenas un par de meses.
Por otro lado, remarca Gabriel Sánchez Bellón, “a veces las solicitudes llegan mal a la Comisión de Garantías y Evaluación, y se alargan los plazos, aumentando el sufrimiento de los pacientes”.
Desde DMD se ha insistido siempre ante la Consejería de Salud y Consumo en la necesidad de que se creen equipos de referentes: personal de medicina y enfermería que se preparan bien sobre la LORE y prestan ayuda a quienes se encuentran por primera vez con una solicitud de eutanasia. “Es algo que ha dado muy buen resultado en otras comunidades autónomas, como Navarra o Cataluña”, apunta.
“Otra dificultad, ésta general en toda España, es la situación de personas afiliadas a Muface (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado), pues las compañías no asumen la ayuda médica a morir. En Andalucía, el Gobierno de la Junta deriva estos casos a la Seguridad Social”.
Respecto a la objeción de conciencia, “no hay datos oficiales actualizados, pero otras fuentes dan una cifra superior a 1.000 en Andalucía”, en palabras del presidente de DMD, de los más de 9.000 en el país, cifras bajas respecto al conjunto del personal de medicina y enfermería. Cordópolis obtuvo una cifra este año por el portal de transparencia de la Junta de Andalucía: 803 en toda Andalucía. La provincia con un número mayor es Sevilla, con 184, seguida por Córdoba, con 155 profesionales. El resto son Málaga (141), Huelva (131), Cádiz (84), Granada (45), Jaén (34) y Almería (29), todos inscritos en el registro de objetores para practicar la eutanasia.
“Pero hay en torno a la objeción un problema importante, ya que en muchas ocasiones los médicos no se inscriben en el registro hasta que se les presenta un caso. O sea, que podríamos hablar de una objeción más de 'conveniencia' que de conciencia; una reacción ante las dificultades que puede suponerle la solicitud (tiempo, burocracia, etc.) cuando el trabajo es tan agobiante en los centros de salud y hospitales”, asevera Gabriel Sánchez Bellón.
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