El viernes 16 de agosto de 2019 el Ministerio de Sanidad activó la alerta sanitaria ante lo que se acabaría convirtiendo en el peor brote de listeriosis conocido en España. Las alarmas habían saltado semanas antes en centros sanitarios de Andalucía —la principal comunidad afectada—, donde se había detectado un repunte de casos de infectados por una bacteria especialmente peligrosa en bebés, embarazadas, ancianos y personas con inmunodepresión. A pesar de esa y otras señales, como la existencia desde el 9 de agosto de análisis que alertaban de una muestra “altamente positiva”, la partida de carne contaminada, elaborada en la empresa sevillana Magrudis, no se inmovilizó hasta el día 14 de ese mes, lo que alentó críticas por posibles fallos en la cadena de detección.
Finalmente, el foco provocó cuatro muertos, siete abortos y más de 200 afectados, que dos años después siguen buscando que se haga justicia y lamentan que no se hayan producido mejoras sustanciales en los protocolos de inspección y comunicación. La instrucción judicial, abierta en septiembre de 2019, deja por el momento más de una decena de investigados. La mayoría de ellos, ligados a la empresa, incluidos el gerente y su hijo que pasaron medio año en prisión provisional. Las pesquisas también han apuntado a la responsabilidad de una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla que realizó las dos únicas inspecciones que pasó Magrudis y que también dirigió la recogida de muestras de la carne contaminada tras la declaración del brote.
Pero las acusaciones particulares temen que el caso pueda dar un vuelco en próximas fechas si la jueza acepta la petición de la Fiscalía de exonerar a esta funcionaria. A juicio del Ministerio Público, la actuación del departamento en el que trabaja la veterinaria “fue sin duda deficiente”, si bien lo atribuye a la “falta de medios” y a la “sobrecarga del servicio por la escasa dotación del personal”. El Ayuntamiento de Sevilla, encargado por ley del control sanitario y de otorgar las autorizaciones para la actividad de las empresas alimentarias que operan en su distrito, tenía en plantilla en ese momento nueve veterinarios oficiales en inspección, recoge la Fiscalía en su escrito, informa Europa Press. Un escrito que ha sido trasladado por una fiscal que recientemente ha dejado su puesto siendo sustituida por una nueva fiscal.
“Desde un principio hemos intentado incorporar como responsables al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía con el objetivo de buscar una administración solvente que pueda hacer frente a las indemnizaciones”, afirma el abogado Damián Vázquez, colaborador de los servicios jurídicos de Defensor del Paciente, asociación personada como acusación particular en representación de varios afectados. Así lo ve también el abogado Germán Grima que representa a unos 140 lesionados por la crisis de la listeriosis. “Aspirar a que paguen los acusados es una ficción”, explica. Pero, por el momento, la jueza ha rechazado estas peticiones. Ante esta negativa, las acusaciones han visto en la imputación de la veterinaria una vía para, en el futuro, poder hacer responsable al Consistorio de las hipotéticas indemnizaciones que se determinen tras la vista oral.
A su juicio, la inculpación de la funcionaria, en el caso de que finalmente fuera condenada, abriría la puerta a que el Ayuntamiento fuera considerado como responsable civil subsidiario y tuviera que hacer frente a las indemnizaciones de los afectados si los bienes de los condenados vinculados a la empresa no fueran suficientes para abonarlas en su totalidad. El seguro contratado por Magrudis a AXA sólo cubre 300.000 euros, una cantidad escasa para resarcir a más de dos centenares de posibles víctimas. En los últimos meses se ha subastado maquinaria y mobiliario de la compañía además de bienes de sus dueños, pero la cantidad obtenida no supera los 50.000 euros. En febrero de 2020, la jueza impuso a los responsables de la empresa una fianza de cinco millones de euros para cubrir las indemnizaciones en caso de condena. Entre ellas, la Junta de Andalucía también personada, que reclama 3,4 millones en concepto de gasto sanitario.
“La veterinaria redujo de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles. Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, ésta no se produjo hasta agosto como consecuencia de la alerta”, afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, también personada como acusación particular, que defiende que la funcionaria debe seguir investigada, aunque considera que también se debería indagar sobre la responsabilidad del Ayuntamiento. En esa línea se expresa Germán Grima. El letrado opina que para “pasar a una empresa a autocontrol —donde es la propia compañía la que se compromete a hacer su propia evaluación— han tenido que pasar y verificar sus instalaciones” y pone en duda la labor municipal.
Según Facua, la administración municipal no detectó durante cinco años y medio que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia. “Si el Ayuntamiento hubiera hecho su trabajo de forma correcta, la empresa habría sido cerrada a finales de 2016”, afirma Sánchez. En su escrito de abril, también la Fiscalía apunta a la responsabilidad municipal por el “deficiente control sanitario y de la licencia de actividad” y pide proceder contra el Ayuntamiento “por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público”. Fuentes del Ayuntamiento defienden que se han cumplido la normativa europea “escrupulosamente” y que su labor es “verificar” que existe ese plan de autocontrol.
En un auto del pasado febrero, adelantado por Diario de Sevilla, la jueza lamentó que la investigación se estuviera “alargando más de lo deseado”, aunque lo justificaba debido a que en ese momento todavía estaba por determinar el número real de afectados. De hecho, en los últimos meses la Audiencia de Sevilla ha acordado la personación como perjudicados de varios afectados que no estaban en el listado de víctimas que elaboró la Junta de Andalucía. Las acusaciones no creen que esté habiendo falta de diligencia en la investigación y atribuyen el tiempo transcurrido en la investigación a la complejidad del proceso. “Es habitual que los procedimientos colectivos en los que hay tantos perjudicados se demoren. El tema es muy complejo”, afirma el letrado Vázquez. Grima confía en que la instrucción termine para Navidad.
Protocolos de inspección y comunicación
A la espera de los avances en la instrucción judicial, los representantes de los afectados sí lamentan que no se hayan hecho mejoras sustanciales en los protocolos de inspección y comunicación para evitar que otro caso similar pueda repetirse. “Uno de los elementos que ha dejado claro el caso Magrudis es que el Ayuntamiento de Sevilla carece de un número suficiente de inspectores para poder abarcar toda la industria alimentaria de la ciudad”, sostiene Sánchez, de Facua, que apunta también al Ministerio de Consumo, el competente en materia alimentaria. “La reforma de la ley de seguridad alimentaria para mejorar protocolos de inspección, de información obligatoria y de alertas es una de las grandes asignaturas pendientes. Es fundamental que se haga en esta legislatura”, afirma.
Las administraciones relacionadas no están de acuerdo con esta valoración. Desde el Ayuntamiento de Sevilla informan a este periódico de que “se ha reforzado el servicio de inspección con cuatro veterinarios. Así, ahora mismo cuenta con 19 profesionales, 7 en Mercasevilla y 11 en inspección más la jefa de sección”. Además de incrementar las medidas para cumplir el decreto que el 5 febrero de este año dictó la Junta de Andalucía. “Primero se hizo un plan extraordinario con encomiendas adicionales a la inspección de consumo de todos los ayuntamientos”. Ahora, hace medio año la Junta ha “normalizado” ese plan extraordinario. ¿Qué implica? Entre otras medidas, más recogida de muestras de alimentos, más inversión en equipos de los laboratorios, informatización de la gestión de las muestras, aumentar las mismas e incidir en el tema de limpieza como exigencia a las empresas.
La asociación de consumidores también ha solicitado al departamento que dirige Alberto Garzón que impulse una reforma legislativa para que las empresas puedan cubrir la totalidad de las indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, regulando que todas las empresas del sector cuenten con un seguro de responsabilidad civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio o que aporten cantidades a un fondo de garantía. elDiario.es se puso en contacto con el Ministerio de Consumo para consultar si se había realizado alguna iniciativa en este sentido o tiene previsto hacerla pero, al cierre de este reportaje, no había obtenido respuesta.