La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informen sobre “qué pudo conocer” la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz --actual Comisión de Hacienda y Administración Pública-- “sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General”.
En el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Sevilla, consultado por Europa Press, el Ministerio Público recurre la decisión de la juez Mercedes Alaya porque, en primer lugar, entiende que la Intervención General “no tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las Cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas, estando dicha materia fuera del ámbito de competencias y funciones definidos” en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012 de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por este motivo, Anticorrupción considera que la solicitud de la juez “no es ajustada a Derecho”, mientras que en segundo lugar recurre el auto al no estar de acuerdo tampoco con la “finalidad” por la que se acuerda la pericia, que fue acordada por Alaya después del escrito presentado al respecto por el abogado del exdirector general de IDEA Jacinto Cañete.
Por todo ello, recurre la decisión de la magistrada y pide a la Audiencia Provincial la estimación del recurso, “dejando sin efecto los requerimientos de documentación y traslados a los peritos designados de la Intervención para ampliación de la pericia”.