La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, en el marco de la investigación de los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada, que requiera a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía el acta de la sesión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012 aprobando una modificación de la propuesta de inversión relativa al préstamo concedido a la mencionada entidad, según un escrito fechado el 3 de febrero, adelantado por Diario de Sevilla y ABC y recogido por Europa Press.
En dicho escrito, la Fiscalía señala el préstamo de 8,3 millones de euros concedido por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de IDEA, a la mencionada empresa malagueña, finalmente declarada en concurso de acreedores tras no superar su situación económica.
Y es que, según la Fiscalía, el préstamo fue concedido “con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia IDEA y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara” y constando en el expediente de concesión un plan de negocio “sin fecha e identificación de autor” y una petición según la cual Isofotón no había “solicitado otros incentivos o financiación pública” en los dos años previos, sin que tal aspecto “fuera comprobado por los responsables” institucionales.
Un informe técnico de la administración, en ese sentido, habría puesto de relieve que la entidad tenía “avalados” entonces 29 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, así como la advertencia de que el plan de negocio no contaba con datos “verificados”, los mismos serían “poco fiables” y el documento en sí se basaría en una simple “declaración de intenciones”.
“A pesar de ello, y con negligencia grave rayana en la intención, se propone un resultado apto” con relación al préstamo por la “importancia estratégica de la empresa” al contar la misma con más de 700 empleados, se indica con relación al citado informe técnico.
El mismo técnico habría firmado un posterior análisis financiero declarando “apta” la operación, pero con el “reconocimiento expreso de la irregularidad de presentación de las cuentas mediante alteraciones de las anotaciones contables” y el “conocimiento de la existencia de avales” por importe de 17 millones de euros con un vencimiento de 18 meses, “no contemplado por la empresa”, así como la existencia de un “reintegro pendiente por anticipo de ayudas”.
La “propuesta final de inversión”, según la Fiscalía, señalaba que la disposición del préstamo no podría materializarse hasta ser “resuelta la materialización del ingreso en caja de la resolución de reintegro del anticipo” de la ayuda concedida a Isofotón en junio de 2007, si bien “la condición no se llegó a cumplir y el préstamo se otorgó”.
A tal efecto, la Fiscalía indica que fue “la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía quien formuló las modificaciones” relacionadas con el citado préstamo, lo que lleva al Ministerio Público a precisar que dicha comisión está presidida por quien ejerza la Presidencia de la Junta de Andalucía (entonces el socialista José Antonio Griñán), ostentando la Vicepresidencia el consejero de Economía, Innovación y Ciencia y la Secretaría el secretario de dicho departamento, toda vez que de dicho órgano también toman parte quienes encabecen las consejerías responsables de las áreas de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Medio Ambiente y otras más. María Jesús Montero y Luis Planas, entonces consejeros de la Junta en Hacienda y en Agricultura, ahora ministros con las mismas competencias, participaron en aquel encuentro