El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha pronunciado este miércoles sobre la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto sobre la plusvalía, advirtiendo que “esta resolución supone una grave amenaza para las haciendas locales andaluzas que dejarán de recaudar 500 millones de euros anuales”.
El alto tribunal ha declarado inconstitucionales los artículos que hacen referencia al cálculo de la base imponible del impuesto sobre la plusvalía, un tributo “fundamental” para la economía municipal.
Según se indica en un comunicado, Villalobos ha avisado de que la primera interpretación del Tribunal Constitucional conocida este martes, supone “un grave quebranto para las arcas municipales, concretamente una merma de 2.500 millones de euros de ingresos para todos los ayuntamientos de España y unos 500 millones de euros para los ayuntamientos andaluces”.
La FAMP subraya que el impuesto de plusvalía es la segunda figura tributaria más importante para los ingresos de los municipios, solamente superado por el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Por ello, “el Ministerio de Hacienda debe actuar con urgencia, impulsando un nuevo texto legal que ofrezca seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los contribuyentes y que restablezca a la mayor brevedad los ingresos que los municipios van a dejar de ingresar mientras tanto”, ha señalado Villalobos.
El fallo no implica un carácter retroactivo para los casos en que no haya posibilidad de presentar recursos o cuando estos ya fueran rechazados con anterioridad. Sin embargo, a falta de conocer la letra pequeña de la sentencia del TC, el fallo contempla la posibilidad de que los ayuntamientos se vean obligados a devolver los importes de aquellas liquidaciones que se encuentren recurridas en este momento, “por lo que se hace necesario articular con diligencia mecanismos de compensación para los ayuntamientos”, ha reivindicado Villalobos.
El también presidente de la Diputación de Sevilla ha recordado que ya en 2003, en unas circunstancias similares, la FEMP reclamó al Gobierno de España una compensación económica a los ayuntamientos por la anulación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las pymes, circunstancia que finalmente fue atendida por el ejecutivo.
“Mientras se plantea por parte del Ministerio de Hacienda una nueva norma legal que garantice la constitucionalidad del tributo, se hace necesario compensar a los ayuntamientos por lo que se va a dejar de recaudar y por lo que previsiblemente habrá que devolver”, ha afirmado.
En este sentido, ha subrayado que “es necesario recordar el esfuerzo que el municipalismo ha venido realizando durante la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, atendiendo en primera línea las necesidades de la ciudadanía y asumiendo tareas, más allá de sus propias competencias, sin recibir la financiación necesaria para ello, como la desinfección de los centros educativos o el refuerzo de vigilancia por parte de la policía local”, por lo que “no es de recibo castigar aún más a los ayuntamientos”.
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