La historia del joven 'sin techo' Piotr Piskozub, que murió a la edad de 23 años hace ahora un año en un albergue municipal de Sevilla mientras aguardaba para comer, pocas horas después de ser dado de alta de un hospital y derivado a los servicios sociales, no es un hecho aislado. Es lo que piensa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha remitido hace unos días al Defensor del Pueblo Andaluz una queja, ya admitida a trámite, en la que solicita una investigación relativa a las actuaciones que, en general, y no solamente en este caso, han estado llevando a cabo los servicios de urgencias con las personas sin hogar.
Independientemente de las responsabilidades penales que se pudieran derivar por la asistencia médica concreta a aquel joven, APDHA traslada al Defensor que por su trabajo de “contacto directo con personas sin hogar y profesionales que trabajan en su atención, tenemos el convencimiento de que casos como este, aunque sin consecuencias tan trágicas, no han sido una excepción en la asistencia hacia este colectivo”. Aunque la causa médica de la muerte de Piotr fue una bronconeumonía, en el informe con las conclusiones definitivas de la autopsia se recogía que, según la Organización Mundial de la Salud, un “estado de desnutrición severo” como presentaba aquella madrugada en el centro sanitario era “indicativo de hospitalización” y “tratamiento de malnutrición”.
Después de la muerte de Piotr Piskozub, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, presentó el pasado mes de marzo un nuevo protocolo de atención sanitaria para tratar de mejorar la atención prestada en las áreas de urgencias de los hospitales públicos andaluces, estableciendo que dichos pacientes permanecerán en los centros sanitarios hasta que tengan un recurso social asignado o se identifique su entorno familiar o domicilio.
A juicio de APDHA, al menos hasta aquel suceso, “los protocolos que en la práctica se han utilizado por la vía de los hechos estaban dirigidos a expulsar cuanto antes del sistema a este colectivo por considerar que no hacen un buen uso de los recursos de urgencias”, según consta en la queja, en la que se recuerda que APDHA, junto al Grupo 17 de Marzo, ejerce la acusación popular en el caso del joven de nacionalidad polaca. El hospital sevillano, por su parte, ya defendió en su momento que se dio la atención correcta al paciente aquella madrugada.
De cualquier forma, APDHA insta al Defensor a que, por parte de la Consejería, se remita el protocolo de atención en urgencias a las personas con “problemática social” que estaba vigente en octubre de 2013, así como el nuevo modificado tras el fallecimiento de Piotr Piskozub. La asociación argumenta que “dichos protocolos deben ponerse en relación con los escasos recursos de los servicios sociales municipales, totalmente insuficientes para atender a las personas sin hogar, y la inexistencia de los mismos para las personas sin hogar enfermas”.
Escasez de servicios públicos
En ese sentido, APDHA solicita al Defensor del Pueblo que, dentro de sus competencias, inste a una mejora en la estructura organizativa de los servicios sociales en base a la ampliación de los puntos de atención y la dotación de nuevas prestaciones sociales. La queja de APDHA se centra en la situación de Sevilla, donde el número de personas sin hogar se ha triplicado en los últimos años, y pide descongestionar la saturación de recursos sociales en el barrio de la Macarena y promover la construcción de albergues, centros de día y servicios sociales en otros puntos de la ciudad.
APDHA incide en la necesidad de aumentar las actuales 160 plazas públicas para 'sin techo' ampliar los proyectos públicos destinados a su reinserción sociolaboral, aumentar la plantilla de personal destinada a su atención y reanudar la Unidad Móvil de atención directa a personas sin hogar en la calle, dependiente del Centro de Orientación e Información Social (COIS). Según concluye, son “soluciones sociales para quienes se han quedado sin vivienda y creación de recursos concretos para personas sin hogar enfermas”.
En el escrito de queja constan estadísticas y detalle del número de recursos hacia estas personas, denunciando al tiempo que la “privatización” de los servicios públicos al respecto “es preocupante”. “No solamente es preocupante en sí mismo, por lo que supone de vaciado de funciones de lo público, sino que además redunda en una merma en la calidad de la asistencia a los usuarios”, añade. Entre las conclusiones de fondo de la queja se advierte de que a través de los servicios públicos se garantizan los derechos sociales, “los que se deben garantizar universalmente a todas las personas, por el mero hecho de serlo, como el acceso a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas y no como mera caridad o política asistencial”.“ La beneficencia no es la solución para abordar los problemas de las personas sin hogar”, incide APDHA.