Nervios, desorientación, desinfirmación, desabastecimiento y “mayor rigidez” que en una cárcel. Son las primeras impresiones de un equipo de juristas de la federación Andalucía Acoge, una de las ONG que ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Español el encierro de inmigrantes en la futura cárcel de Málaga II, en Archidona, que ha sido habilitada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante la falta de espacio en España para acoger a los recién llegados en patera.
El abogado José Luis Rodríguez Candela ha explicado a eldiario.es Andalucía que uno de los abogados que se ha hecho cargo de la defensa de diez de los 497 inmigrantes encerrados en el centro habilitó a Andalucía Acoge para poder conocer de primera mano la situación en la que se encontraban. “Estaban bastante desorientados por la situación y nos preguntaban si estaban en prisión o si habían hecho algo”, explica.
Candela apunta que muchos de ellos no habían podido volver a acceder a sus objetos personales ni sus teléfonos para poder informar a sus familiares de su estado. Tampoco las instalaciones cuenan con teléfono ni máquinas expendedoras de ningún tipo. El director accidental les explicó que estaban tratando de solucionar todas esas circunstancias previstas en el reglamento para ejercitar ese derecho pero que “la situación también les había desbordado a los propios funcionarios”.
“En definitiva, una improvisación de un centro que no está preparado para ser abierto ni para albergar a cerca de 500 personas”, resume el letrado. “Es un centro absolutamente penitenciario, con toda la impronta penitenciaria que, aunque es evidente, no está de más recordarlo: concertinas, rastrillos para acceder a los diferentes sitios, etc.
Una cuestión que le llamó la atención al abogado es que “los policías no estaban uniformados de calle sino de campaña, con petos, rodilleras,...como si estuvieran preparados para un asalto o algo así, como si fueran a una manifestación”. “Todos los inmigrantes iban con las manos detrás, sin esposar, todo con un tratamiento muy de seguridad, impropio de un CIE para extranjeros que no han cometido ningún hecho delictivo, y con mucha más rigidez que un centro penitenciario, porque son funcionarios de policía, con sus porras colgadas, etc”.
Candela señala también que hubo dos menores que declaraban ser menores de edad, circunstancia que han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Málaga y del Defensor del Pueblo para que se active el protocolo para MENAS y se puedan realizar las pruebas pertinentes para determinar su edad. Estas pruebas han sido muy criticadas por ONG y por el propio Defensor del Pueblo, entre otras cosas, por su margen de error.
Por último, el letrado señala que los autos del juez de Cartagena dejan bastante lugar a dudas dónde se encuentran realmente los inmigrantes. “Al que yo he tenido acceso dice que van al centro penitenciario de la jefatura superior de policía de Archidona y yo no sé qué es eso, o es un eufemismo o al juez le han engañado”. En la convocatoria policial se refiere directamente al CIE de Archidona. Añade también que se pedirá al CGPJ “quién es el juez de control” de este lugar para dirigirse a él y que la Ley de Extranjería dice que tiene que designarse.
Actuación “ilegal y prevaricadora”
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha acusado este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de ser un ministro “desastre y profundamente reaccionario e incompetente”.
En rueda de prensa en el Parlamento andaluza, el líder andaluz de IU ha explicado que el grupo de Unidos Podemos en el Congreso ha solicitado la comparecencia urgente de Zoido para que dé explicaciones sobre este asunto, al tiempo que ha avanzado que, en función de lo que diga en su comparecencia, “consideraremos la propuesta de dimisión”.
Y es que, a su juicio, la situación de Zoido en el Gobierno central “es insostenible si al PP le queda algo de decencia”, pues el Ministerio que dirige, como ha subrayado Maíllo, está llevando a cabo con estos inmigrantes una actuación “ilegal y prevaricadora” pues “sabe que la ley de derechos de extranjeros en España habilita a que estas personas se acojan en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) y en centros de carácter no penitenciario”.
“Cuando se acoge a inmigrantes con carácter temporal por saturación de las plazas, la ley es muy taxativa, la contempla para centros análogos a los CIE y, por tanto, centros de carácter no penitenciario”, ha agregado el coordinador general de IULV-CA, quien ha criticado que el Ministerios además de trasladar a estas personas a un centro “que no tiene ni agua ni luz”, “ni se ha tomado la molestia formal de reconvertir el centro para acogerlos” conforme a la ley.
Cierre de Algeciras y Tarifa
En ese sentido, la senadora andaluza y portavoz adjunta en el Senado de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, ha registrado escritos ante el Defensor del Pueblo, Fiscalía y ante el juez de control y vigilancia del CIE de Algeciras y Tarifa solicitando su “cierre inmediato”. Además, Mora ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la decisión de trasladar inmigrantes a la cárcel malagueña de Archidona.
“Mientras el plan de emergencia del CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa recoge graves irregularidades, el Gobierno interna a los cientos de migrantes llegados en patera a las costas de Levante en una cárcel que aún no había comenzado a funcionar”, ha manifestado la senadora, quien ha recalcado “el carácter inhumano de las políticas migratorias de nuestro Gobierno”.
Según ha senadora, en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía, y solicitado al Gobierno por la senadora Mora, se reconocen “las graves deficiencias de las instalaciones” de los CIE de Algeciras y Tarifa. El informe apunta que “el sistema contr incendios actual no está operativo” y que “el plan de evacuación urgente, de manera que se garantice la evacuación de los detenidos, no se puede llevar a cabo”.
Además, dicho documento recoge un “inventario de medios materiales” al que se acompaña una descripción del estado de los mismos. “Además de no existir megafonía o sistema de alarma, los extintores constan como no revisados, se detalla que no funcionan ni la central de alarma ni los pulsadores de incendio y se desconoce el estado de mantenimiento de las bocas de incendio y de los pulsadores de alarma”, ha detallado.
A estas “preocupantes carencias” se suman, según Mora, “el sistema de apertura manual de las celdas, que utilizan candados y que, en caso de incendio o emergencia, podrían convertir las instalaciones en una ratonera mortal”. Todas ellas han sido puestas en conocimiento del Defensor, Fiscalía y Juzgado de control del CIE de Algeciras por Mora, que “insta al cierre cautelar de las instalaciones hasta que se solventen las deficiencias”.
“El Gobierno se empeña en poner en peligro las vidas de los internos retenidos en el CIE de Algeciras y Tarifa así como la de los propios funcionarios que trabajan en las instalaciones”, ha señalado la senadora andaluza de Podemos, para quien “el cierre inmediato de estas instalaciones denigrantes es urgente y necesario”.