Genocidio, asesinato, torturas y desapariciones. Son solo algunos de los delitos a los que se enfrentaría el presidente saharaui, Brahim Ghali, en el caso de que se reabra su causa en la Audiencia Nacional.
El juez José de la Mata, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha dictado este martes una providencia para que la policía identifique y tome los datos de Ghali antes de este viernes, para poder así reabrir la causa que pesa sobre él. ¿La razón? Su supuesta visita a España la próxima semana con motivo de la Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Eucoco).
Se trata de que la Policía le aporte “a la mayor brevedad, y en todo caso en plazo de 3 días” los datos completos de identidad de Brahim Ghali, para determinar que la persona que acude los días 18 y 19 a la conferencia (de la Eucoco) es efectivamente una de las personas querelladas en el procedimiento, según el escrito del juez al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía. Como recuerda la providencia, la conferencia se celebrará “en las instalaciones del Parlamento de Cataluña”.
El juez quiere toda la información posible acerca de si Brahim Ghali se va a encontrar en territorio español los días 18 y 19, días en los que se celebra el citado encuentro internacional, así como “información adicional sobre las fechas y lugares en que se encontrará en territorio español”.
Por último, De la Mata pide a la Policía que le detalle la “institución o instituciones organizadoras de la Conferencia Internacional con el Pueblo Saharaui, especificando si esta Conferencia se celebra a iniciativa del Gobierno de España o de una organización internacional de la que España sea parte con consentimiento del Gobierno español”.
Tres años de investigación
La querella se archivó hace dos años al no poderse identificar a los querellados. La denuncia fue presentada por víctimas y miembros de la Asociación Saharaui Pro Derechos Humanos (ASADEDH) por genocidio “en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones” contra 25 miembros del Frente Polisario y tres oficiales del ejército argelino.
Ghali fue delegado del Frente Polisario en España hasta febrero de 2008, dos meses después de que se presentara la querella. Dirigió la embajada saharaui en Argelia desde el año 2010 hasta julio de este año, fecha en la que asumió su cargo como líder de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Según consta en un auto del juez Pablo Ruz, en 2013 se citó a declarar a Ghali como imputado. El líder saharaui, al que ya entonces se podía localizar en la embajada saharaui de Argelia, no acudió a la citación judicial. Fuentes del tribunal aclaran que la causa se archivó hasta en dos ocasiones porque no se pudo notificar la querella. “Los nombres que figuran en la querella no se corresponden con los de una persona física con un pasaporte. Tenían un nombre, pero a la hora de la verdad usaban otro”.
Desde que el juez instructor de los casos Bárcenas y Gurtel admitió a trámite la querella por genocidio en 2012 contra los líderes saharauis, todos ellos han conseguido evitar su cita con la justicia española.
La Asociación Saharaui Pro Derechos Humanos (Asadedh), uno de los querellantes, ya ha manifestado su intención de que Ghali “sea detenido y presentado ante la justicia” cuando acuda el próximo mes de noviembre a España, extremo confirmado a este diario por la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO).
La asociación saharaui ha asegurado que “tomará las medidas que crea convenientes para que estos crímenes, que en su mayoría fueron cometidos contra personas nacidas españoles, no queden impunes. Ghali es un prófugo que obstaculiza el cumplimiento de la ley permanentemente”.
Una querella contra la dirección del Frente Polisario
Entre los querellantes figuran tres saharauis, dos de ellos con ciudadanía marroquí y uno con ciudadanía española. Los hechos denunciados se remontan a los años 70 y 80, cuando el Frente Polisario entró en guerra contra Marruecos, que invadió la antigua provincia española y que, aún hoy, sigue siendo territorio por descolonizar.
Según la querella, el genocidio perpetrado por la dirección del Frente Polisario fue “una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen español con la intención de romper los vínculos entre las distintas tribus y sus autoridades naturales al objeto de obtener un dominio más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en sus campamentos”.
Una de las víctimas señala al entonces ministro de Defensa, Brahim Ghali, como uno de sus torturadores durante su encarcelamiento en una prisión secreta.
Otro querellante, que permaneció encarcelado y torturado durante seis años (entre 1974 y 1980), fue acusado “en un principio de pertenecer a los Servicios Secretos españoles, al abandonar España el territorio inmediatamente nos acusa de pertenecer a los Servicios Secretos de Marruecos”. Él también reconoce a Ghali como uno de sus “torturadores” junto a otros seis dirigentes argelinos y del Polisario.
Según un testimonio recogido por Asadedh, la víctima A.O. fue torturada durante ocho años en la cárcel, provocándole cicatrices por “hierros al rojo (vivo), cigarros, cortes, golpes, señales en la cara por venda en los ojos continuamente, cortes y pinchazos que llenan de agua con sal”. Durante este tiempo, afirma, fue amarrado y atado durante días completos y se encontraban confinados en “celdas ínfimas”. Apunta a once torturadores, entre los que se encuentra Brahim Ghali.
La querella pone de manifiesto, a juicio de los denunciantes, que los dirigentes del Polisario se alinean con los saharauis de origen argelino y orillan a los de origen español. Es ahí cuando empieza la represión y el genocidio.
“Los hechos expuestos aquí constituyen genocidio, con consiguiente aplicación en su caso del artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el tiempo de los hechos y en el país de los hechos se trató de destruir a un grupo diferenciado, a los que no cabían en el proyecto de reorganización nacional revolucionaria de la República Árabe Saharaui Democrática o a aquellos disidentes de las directrices de la direccion del FP (Frente Polisario)”.
Situación actual
En un informe reciente, Human Rights Watch examina la situación de los derechos humanos en la actualidad en los campamentos de Tinduf, señalando que no analiza “los años previos al cese de hostilidades de 1991, cuando autoridades de Marruecos y del Frente Polisario participaron en violaciones de derechos humanos en general mucho más graves de las que ambos han cometido desde entonces. Ninguna de las partes ha adoptado medidas serias para identificar a los responsables de los abusos anteriores y exigir que rindan cuentas”.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aboga por un referéndum que permita culminar el proceso de descolonización del Sáhara, también repartió responsabilidades. En una resolución de este año insta a Marruecos y al Frente Polisario a “mejorar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf” y apremiándolas para que colaboren con la comunidad internacional para “aplicar medidas independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos”.
En este sentido, Amnistía Internacional insta a ambas partes a que se sometan “a una observación imparcial y sostenida de la situación de los derechos humanos por parte de la ONU ofrecería cierta protección a una población que vive bajo la amenaza diaria de sufrir abusos a manos de las autoridades marroquíes y del Frente Polisario”.
La organización internacional apunta a los hechos denunciados en la querella y afirma que el Frente Polisario no ha tomado “ninguna medida para exigir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en las décadas de 1970 y 1980 en los campamentos que controla”.
Por otro lado, Ruz procesó en abril del año pasado a 11 altos cargos marroquíes también por genocidio contra el pueblo saharaui durante la la guerra abierta. En su auto, el ex juez de la Audiencia Nacional sostiene se llevó a cabo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (...) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”.
Es así como 25 años después del fin de la guerra abierta entre Marruecos y el Sáhara, 25 miembros del Frente Polisario, tres oficiales del ejército argelino y 11 altos cargos marroquíes siguen sin rendir cuentas ante la justicia por delitos contra ciudadanos españoles.