Un poco de todo, como en botica. Así se encaja, en tres puntos, la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. 1, interés máximo: el debate en el Parlamento andaluz abrirá la espita de posibles modificaciones. 2, felicitaciones: un marco jurídico que cumple las recomendaciones de Naciones Unidas. 3, críticas: la Junta tendrá el mando en las intervenciones en fosas comunes del franquismo.
Las reacciones dejan, en todo caso, un poso de expectación sobre la recta final del proyecto legislativo que inició IU y quiere rematar el PSOE. Todo, pasando por una amplia atención mediática. Y el silencio en redes sociales, por cierto, de los líderes políticos parlamentarios de los cinco partidos con representación autonómica.
Desde las asociaciones y colectivos memorialistas la valoración es dispar. Casi unánime es el deseo de que la ley vea al fin la luz. El texto llega para establecer el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la región. Supera, además, a la legislación estatal en aspectos como la inclusión de la Memoria Histórica en el currículo educativo o la ampliación del horizonte temporal hasta 1982 y de la definición de víctima del franquismo.
Luces y sombras para las asociaciones
“Es una buena ley, en líneas generales, de la que podremos discutir algunos detalles para mejorarlos”, resume el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Huelva, Francisco Pineda. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, “prometió que en octubre quedaría aprobada en Consejo de Gobierno y así ha sido”, continúa, por lo que felicita que el texto “se haya presentado y no se demore más su aprobación”.
El coordinador del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de CGT en Andalucía, Cecilio Gordillo, subraya “aspectos interesantes” como la extensión del marco hasta la Transición. “Perfecto desde el punto de vista social porque cubre a otros asesinados” en ese periodo. Critica “cuestiones importantes” como la obligación de pedir “autorización a la Junta para intervenir” en fosas comunes y otros “artículos difusos” que deben “mejorarse” en el Parlamento abriendo el debate, indica, “a asociaciones pero también a técnicos”.
El colectivo Unidad Cívica Andaluza por la República valora el “compromiso legislativo” y que la Junta “asuma su responsabilidad”, como mandata Naciones Unidas. Se trata de un texto “hermano del que presentó IU en la anterior legislatura”, una norma “para todos los andaluces que comienza a satisfacer las justas reivindicaciones de las víctimas, sus familiares y la sociedad” que esperan acarree un debate en la Cámara andaluza “suficientemente participativo”.
Desde la ARMH de Ronda (Málaga), Francisco Pimentel dice que es una ley “que sobra” y que, en caso de llevarla a cabo, debería ser “clara, corta y que ayude a los familiares de desaparecidos a abrir las fosas”. “Lo más negativo”, continúa, “es que elimina a las víctimas y a las asociaciones de cualquier intervención”. Espera, en todo caso, que el Parlamento modifique la literatura del proyecto para lo cual “hemos hablado con el PSOE, que entienden nuestras propuestas, y con Podemos, que están muy de acuerdo con nosotros”.
Silencio en redes sociales
Guardan silencio en redes sociales los líderes regionales de los cinco partidos con representación parlamentaria. Ni Susana Díaz (PSOE), Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Podemos), Juan Marín (Ciudadanos) o Antonio Maíllo (IU) han 'abierto la boca' en Twitter sobre la ley andaluza de Memoria Histórica. Tampoco sobre su próximo debate en el Hospital de las Cinco Llagas.
Tampoco las cuentas oficiales de sus partidos. Excepto Izquierda Unida (anterior socio de Gobierno del PSOE y bajo cuya dirección quedó redactado el anteproyecto de ley), que felicitó al exconsejero de Administración Local, Diego Valderas, y al exdirector general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. La formación agradeció, además, “el trabajo a las asociaciones memorialistas de Andalucía”.
El Foro por la Memoria saludó una “iniciativa congruente con las recomendaciones de la ONU”, al tiempo que la Fundación Alfonso Perales significaba también el cumplimiento del mandato “de Naciones Unidas para las víctimas de la represión”.
Y hubo tiempo virtual de penumbras contra la ley o su articulado. Antonio Burgos, columnista del monárquico diario ABC, extrae una “moraleja” que comparte en su cuenta personal. Que la ley abarque hasta 1982 significa que “hasta el PSOE todo fue dictadura”. Otros usuarios criticaron que la ley aparezca “sin respaldo económico”, como ejemplo de “otro engaño más a las víctimas”.