La jueza Alaya tendrá que reimputar a los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano. La Audiencia, al igual que hizo con la exconsejera Magdalena Álvarez, ha dejado sin efecto de una tacada las imputaciones de ambos exaltos cargos, que databan de junio de 2013, y ha anulado la fianza millonaria de 46 millones que pesaba sobre Lozano. Alaya deberá ahora, y es de esperar, dictar una nueva resolución donde exponga con “mayor precisión” los hechos que atribuye a ambos como le pide la Audiencia.
En sendos autos, la Audiencia estima los recursos de apelación presentados por la defensa de Lozano y Aguilera el 19 de julio y el 27 de septiembre de 2013. “El retraso se debe a que la jueza de Instrucción del Juzgado nº 6 ha tenido embalsados estos recursos”, ha lamentado el abogado José María Mohedano, que ya había alertado de esta circunstancia meses atrás.
La Audiencia argumenta que “no se estima que, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso analizado, el auto directamente apelado se ajuste a las exigencias que el derecho a una tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso” de los recurrentes. El auto recurrido es en el que Alaya imputaba a una veintena de cargos y exaltos cargos de la Junta, entre ellos Magdalena Álvarez, cuya imputación también revocó la Audiencia. La jueza hizo un nuevo auto contra la exconsejera que igualmente ha sido recurrido y sobre el que este mismo miércoles la Audiencia empezará a deliberar.
El abogado de los exdirectores de Presupuestos había alegado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva “con indefensión” por “manifiesta falta de concreción” tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación. La Audiencia recuerda ahora que ya revocó y dejó sin efecto el auto en lo referente a Magdalena Álvarez, señalando que, “en esencia, las mismas razones subsisten en el caso ahora analizado”, señalando que “la referencia” a Lozano y Aguilera “se contiene en un solo párrafo, colocado precisamente tras el dedicado a Magdalena Álvarez”.
“Si para Álvarez entendimos necesaria una mayor precisión por parte de la juez de Instrucción, en el caso de estos dos recurrentes es igualmente necesaria por cuanto su imputación parece que se desprendería tan solo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo” de director general de Presupuestos en la Consejería de Hacienda entre abril de 2002 y junio de 2012, señala la Audiencia.