Casi 66 millones de euros. Fertiberia tiene un mes para depositar 65,9 millones de euros, para reparar el desastre ambiental causado durante años en las marismas del río Tinto (Huelva) con millones de toneladas de desechos tóxicos y radioactivos acumulados durante décadas. Así lo ha dictado la Audiencia Nacional, que comienza a poner fin a las contaminadas balsas de fosfoyesos de Huelva.
La ciudad de Huelva convive con unos depósitos al aire libre de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos, peligrosos y radioactivos. 1.200 hectáreas que, a vista de pájaro, ocupan una superficie similar al casco urbano de la propia ciudad y que sigue filtrando al subsuelo metales pesados y otro tipo de contaminantes como arsénico, cadmio, uranio o zinc.
Según expertos de la Mesa de la Ría, durante nueve años se vertieron ácidos sobre los fosfoyesos (1988-1997) que los convirtieron en fosfoyesos negros radioactivos. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoció este verano que las balsas eran zonas afectadas por la radiación. Por radio 226 en el caso de los fosfoyesos y por cesio 137, en la zona aledaña de las Marismas Mendaña.
Cuatro años esperando
Fertiberia, que factura 551 millones de euros euros al año, diseñó un plan de regeneración ambiental, basado en enterrar los residuos bajo varias capas de arena. Los trabajos de regeneración ambiental debían garantizarse hace cuatro años, pero la empresa recurrió ante el Tribunal Supremo en 2016, para que se rebajara la garantía a una tercera parte (21,9 millones de euros) y ofreció “como medio de afianzamiento” la hipoteca de un complejo industrial en Puertollano (Ciudad Real).
La Asociación Mesa de la Ría desmonta que la fábrica tenga un valor de 130 millones de euros, como defiende Fertiberia, y que su valor real de mercado apenas asciende a los 1,4 millones de euros. El Abogado del Estado ya manifestó, en un escrito presentado en julio de 2019, “la insuficiencia y falta de rigor de la idoneidad de la constitución de la garantía hipotecaria pretendida por Fertiberia”.
A Fertiberia, como señala el auto, se le exige que no abra nuevas balsas, no realice nuevos vertidos, ejecute el plan de regeneración y entregue la garantía. Según la Audiencia Nacional, ha cumplido los dos primeros, pero no los dos segundos.
La fábrica de Puertollano no sirve de garantía
La Audiencia Nacional concluye que la fábrica no sirve de garantía y que “el importe de la garantía que debe presentar dicha entidad actora, a fin de asegurar la correcta ejecución de los trabajos de regeneración medioambiental ha de ser, sin paliativos ni demoras, la de 65,9 millones de euros”.
Aunque Fertiberia ha solicitado que se reduzca la garantía a una tercera parte, para ampliarla al 100% (los 65,9 milones de euros) automáticamente más adelante, la Audiencia Nacional se ha negado en este último auto: le da un ultimátum y debe entregar la fianza en menos de un mes. Su incumplimiento le supondrá multas coercitivas y responsabilidades penales.
El grupo ecologista WWF, que se encuentra personado en la causa, afirma que la decisión del tribunal garantiza que la empresa “costeará el grave deterioro y contaminación que ha ocasionado en las marismas de Huelva, un espacio de dominio público marítimo-terrestre que durante medio siglo ha acumulado millones de toneladas de los tóxicos fosfoyesos”.
Para el secretario general de WWF en España , Juan Carlos del Olmo, se trata de un éxito, ya que “hasta el momento Fertiberia ha logrado eludir su responsabilidad, pero con este nuevo Auto de la Audiencia Nacional esperamos que la empresa cumpla las resoluciones judiciales y, por fin, restaure la marisma que contaminó”. Este diario ha tratado de recabar, sin éxito, la postura de Fertiberia.
Unas balsas expuestas al aire libre
Las balsas, que se encuentran actualmente al aire libre, están expuestas a las inclemencias climáticas. En marzo de 2018, la Mesa de la Ría denunció que las aguas torrenciales habían arrastrado “material sólido y líquido de la base de las balsas. Ese agua contaminada ha provocado inundaciones en el área perimetral, desbordándose y llegando hasta El Estero y el Río Tinto”.
Según Greenpeace, las imágenes que habían recogido prueban que, aunque la actividad en el vertedero tóxico se paralizó hace siete años, se siguen produciendo vertidos. “Esto muestra graves fallos en la seguridad y el control de las balsas, de las que se encarga la empresa responsable de los vertidos, Fertiberia, que vuelve a incumplir sus obligaciones y sigue permitiendo que sus residuos afecten al medio ambiente, con graves consecuencias para la salud de la ciudadanía y los ecosistemas de la zona”, denuncian.
A los ecologistas les preocupa que los 120 millones de toneladas de residuos acaben en el océano Atlántico, tras arrasar los espacios de la Ría de Huelva o Doñana.