La concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, María Dolores de Pablo-Blanco, ha recibido este lunes una llamada telefónica del subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Rafael Ibáñez, quien le ha anunciado el inminente envío de un listado con la relación de nombres de los miembros de las ocho familias realojadas en viviendas de titularidad autonómicas después de que estas personas, y otras tantas, fuesen desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, al habitar sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja'.
“El subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación nos ha comunicado que nos va a facilitar un listado de las familias realojadas”, ha dicho a Europa Press María Dolores de Pablo-Blanco, quien explica que los servicios sociales del Ayuntamiento hispalense tendrán ahora que “ver cuáles son las familias, cuáles son sus circunstancias socioeconómicas” y emitir su correspondiente dictamen técnico.
En ese sentido, ha recordado que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social 'Llaves Solidarias' a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron “notas informativas de necesidad de vivienda” en el caso de 25 familias de este colectivo, siendo entregadas a 'Ibercaja' las notas informativas de siete familias que así lo autorizaron previamente, toda vez que el resto no accedió a tal extremo y habría solicitado que los documentos fuesen derivados a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, según la edil.
Al respecto, ha manifestado que las familias que sí accedieron a que sus notas informativas de necesidad de viviendas fuesen enviadas a 'Ibercaja' constituirían “el grueso” del grupo de familias cuyo realojo en viviendas ajenas al edificio ocupado fue canalizado a través del programa solidario de 'Ibercaja'.
“Aquellas notas informativas fueron elaboradas para 'Ibercaja', al solo efecto de que, como entidad privada, les diese o no una vivienda, con lo que no había una comparativa entre la situación de estas familias y las del resto de la ciudad. Ahora sí tenemos que hacer esta comparativa entre estas familias y la situación del resto de las familias de la ciudad y garantizar la igualdad de trato”, enfatiza la concejal, quien recuerda que en Sevilla capital hay más de 12.000 personas inscritas en el registro municipal de demandantes y 388 familias figuran en el “baremo social”, que refleja a las unidades familiares especialmente vulnerables. Al respecto, ha precisado que en el baremo social figuran dos de las familias que forman parte del colectivo de la 'Corrala Utopía', concretamente en los puestos número cien y 122 del mencionado listado.
LA CORRALA UTOPÍA
Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias“, incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera “necesidad”, extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el “desalojo forzoso” de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase finalmente el desalojo efectivo del bloque de viviendas.