PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unidad han coincidido en criticar la primera decisión de la Junta de Andalucía, el pasado 13 de mayo, cuando resolvió paralizar el proceso de apertura de la mina de Aznalcóllar a pesar de la “importancia económica” del proyecto. Aquella mañana, un auto judicial señalaba contundentemente que la empresa adjudicataria para su explotación no cumplía “las exigencias mínimas” del concurso internacional que se había convocado y que terminó ganando. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha justificado aquella decisión diciendo que se tomó “para ratificar la idoneidad” del procedimiento, y que fue una postura “responsable y garantista”.
Si el proceso fue, según la Junta, correcto y transparente, ¿por qué no siguió adelante con el mismo?, han venido a preguntar los grupos de la oposición. El portavoz de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado en el Pleno del Parlamento que esa decisión, comunicada aquella misma mañana por la propia presidenta y ratificada al día siguiente por ella misma. “Las diligencias judiciales no paralizan la Administración; si se paraliza se asume que se ha cometido una chapuza”, ha comentado, dudando igualmente del “anclaje legal” para adoptar la paralización de la reapertura.
El consejero ha insistido en que el proceso para la adjudicación a la agrupación de empresas México-Minorbis fue “inmaculado y pulcro”, repasando los hitos y las “bondades del concurso” (como le ha criticado irónicamente el portavoz del PP, Jaime Raynaud) y donde “no se escatimaron esfuerzos” para que aquel proceso “sin precedentes” fuera “transparente y de calidad”, dada su importancia internacional. Ha recordado el “criterio”, “experiencia” y “preparación” de los doce funcionarios que compusieron la mesa técnica, los informes favorables del gabinete jurídico de la Junta y los criterios de valoración “muy detallados” en el concurso. “¿Usted se ha leído el pliego”, le ha preguntado a Raynaud. El consejero ha criticado que la empresa no adjudicataria “nunca contemplara el arbitraje” para “plantear sus dudas al procedimiento y ”para dirimir posibles divergencias“ pero ”se fue directamente al juzgado“ cuando pierde el concurso.
Maldonado también ha negado la falta de transparencia que le achaca la oposición a la Junta en el sentido de que la resolución del concurso se adelantara un mes, una cuestión que los grupos atribuyen a “intereses partidistas y electorales”, puesto que acaeció unas semanas antes de los comicios andaluces. El PP se ha mostrado muy directo en este aspecto recordando que “poco tiempo tardó” Susana Díaz en “hacerse la foto con los vecinos de Aznalcóllar.
“Se mancha el nombre de Andalucía”, lamentan PP y Ciudadanos
Sergio Romero, de Ciudadanos, ha destacado que “la justicia depurará responsabilidades pero queremos saber qué ha ocurrido”, advirtiendo de que sus dudas respecto al procedimiento “van creciendo” y que la situación “va más allá de un simple pelea de empresas como ustedes han mantenido”. E insistiendo: “entonces, ¿por qué se paraliza la adjudicación?, ¿qué sombra de sospecha existe para ustedes?”. Han coincidido también con el PP, además de apoyarse en las conclusiones del informe de la UDEF, en el sentido de que este tipo de situaciones “manchan” el nombre de Andalucía. “¿Puede el Gobierno andaluz rebatir el informe de la UDEF donde se dice que se favoreció a una de las empresas?, se ha preguntado el portavoz naranja, que ha admitido que están ”hartos de que Andalucia conviva con la sospecha de la corrupción a sus espaldas“.
Podemos, por su parte, a través de José Luis Serrano, ha centrado su intervención en la confrontación entre empleo y medio ambiente que se advierte en el concurso para la reapertura de la mina, con un implícito impacto ambiental, máxime en tiempos de crisis. “Hace 15 años que ese enfoque está superado en ciencias sociales”, ha indicado respecto a que “el capital verde genera empleo”. Además ha recordado la cuestión de competencia y el conflicto, finalmente resuelto, con el Gobierno central, añadiendo que el informe de la UDEF “dice cosas muy serias” respecto a una procedimiento que ha calificado de “fracturado”.
Jaime Raynaud ha ironizado con la “lacónica respuesta” que la Junta dio a las preguntas y proposiciones del PP en la anterior legislatura, “remitiéndonos a la web” en lugar de establecer una “comisión de seguimiento de todo el proceso, una copia del pliego de condiciones”, entre otras cuestiones rechazadas. “El resto de grupos se han ido sumando”, ha presumido Raynaud, “y hoy usted está aquí arrastrado por la mayoría, no voluntariamente”, ha dicho dirigiéndose a Maldonado.
“Si esto es solamente una pelea de empresas y pone la mano en el fuego por la limpieza del proceso, ¿por qué lo paralizan?”, ha insistido como el resto de portavoces de la oposición, concluyendo con 'recuerdos' a las ayudas de la Junta a la empresa Matsa, liderada por la hija del expresidente Manuel Chaves, y a la “casualidad” de que un exdelegado de la Junta en Córdoba fuera “muchos años asesor de la empresa vencedora” del concurso de Aznalcóllar.