Cuando habla de su política fiscal, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, utiliza recurrentemente un concepto que es un eslogan: “Bajada masiva de impuestos”. Empezó a trasladar la idea en la campaña de noviembre de 2018 y ahora insiste en que su objetivo si resulta reelegido es “equiparar fiscalmente Andalucía a la Comunidad de Madrid”. Andalucía ya habría pasado del “infierno fiscal” al “top five” de las comunidades donde menos impuestos se pagan, según le gusta decir, y ahora se trataría de competir “en igualdad de condiciones”. Hasta ahora, “el inversor se puede ir a Marruecos, Portugal, Madrid o Indonesia” por motivos fiscales, según dijo al comienzo de campaña en un acto con empresarios organizado por Diario Sur.
La declaración y el foro elegido revela que el concepto pretende ser un eslogan ante el elector raso, pero también como promesa de revulsivo económico ante empresarios e inversores. La “bajada masiva de impuestos” es, de hecho, de un concepto indeterminado, vinculado a una bandera ideológica, que camufla los efectos tangibles de las modificaciones legislativas tributarias que ha llevado a cabo el Gobierno del PP y Ciudadanos. ¿Cuál es la rebaja en IRPF para un andaluz con una renta media? ¿Cuánto pagaba antes por heredar un piso y cuánto paga ahora?
El cuestionable “efecto llamada”
“En líneas generales, diría que Andalucía está copiando el modelo de Madrid”, resume Rubén Jimeno, director de estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), dependiente del Consejo General de Economistas. El Gobierno presidido por Moreno usa la política fiscal para, en teoría, atraer grandes patrimonios e inversiones. De hecho, el presidente suele vincular su política fiscal a un presunto “efecto llamada”: las rebajas fiscales habrían propiciado que Andalucía cuente con 280.000 nuevos contribuyentes. “Como hemos bajado los impuestos, estaban en Madrid, han venido a Andalucía, y eso ha significado 925 millones de euros en recaudación”, dijo en el primer debate.
Los datos no sostienen estas afirmaciones. “No hay ningún censo que pregunte a los nuevos residentes por qué se han mudado. Se pueden ir porque les guste Marbella o por motivos fiscales”, explica Rubén Jimeno. Se hace difícil pensar que 280.000 personas trasladaran su domicilio fiscal a Andalucía por pagar menos impuestos, porque es una cifra incompatible con el crecimiento vegetativo de la población andaluza: 58.167 censados más de enero de 2019 a enero de 2022.
En realidad, el incremento de contribuyentes se debe al aumento del número de trabajadores que están obligados a presentar su declaración de la renta. Hay menos desempleo y, por tanto, más contribuyentes. El incremento comenzó en 2018, cuando se registraron 138.000 contribuyentes nuevos (entonces gobernaba el PSOE y se estaba iniciando el ciclo de crecimiento económico). “Puede deberse, por ejemplo, a que hayan tenido dos pagadores, como ha ocurrido con todos los afectados por los ERTE, o a la declaración de quienes perciben la renta mínima”, detalla Jimeno.
¿Cómo se refleja la “bajada masiva de impuestos” en lo que paga cada contribuyente?
El Gobierno andaluz ha ejecutado su modificación tributaria en tres tramos. Con el Decreto Ley 1/2019, aprobado al inicio de la legislatura y poco antes de las Elecciones Generales, modificó los tipos de gravamen del IRPF. En abril de 2021 aprobó otro Decreto Ley para rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y poco antes del cierre, en octubre de 2021 aprobó en el Parlamento la Ley de Tributos Cedidos, con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, afectando a todos los impuestos cedidos. Esta última es una reforma fiscal que “justifica toda una legislatura”, dijo Moreno cuando alcanzó el pacto.
La ley entró en vigor en enero y la Consejería de Hacienda calcula que supondrá que se dejen de recaudar unos 325 millones euros para las arcas públicas de los casi 16.000 que ingresa al año. Sin embargo, el Gobierno andaluz defiende que el balance final es positivo porque las rebajas tributarias estimulan la inversión y el consumo. Lo cierto es que hasta 2021, la recaudación fiscal creció en Andalucía, pero lo hizo por debajo de la media española, según se desprende de los documentos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
La izquierda recuerda que la merma de la recaudación conlleva un empobrecimiento de las arcas públicas, que se traduciría en menos servicios públicos y de peor calidad. Además, ha tratado de evidenciar la distancia entre el eslogan y la realidad en los dos debates televisados, apuntando al impuesto con mayor número de contribuyentes, el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Para ocho de cada diez andaluces, la rebaja del IRPF se ha materializado en “cinco eurillos” al mes, dijo Inmaculada Nieto (Por Andalucía) en el debate de RTVE, algo que también señaló Espadas (PSOE). Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) recordó que la nueva deducción por la matriculación en academias privadas de idiomas e informática llega hasta las rentas de 80.000 euros. “Se lo gastarán en gambas”.
A continuación, analizamos el impacto de las modificaciones tributarias acometidas por el Gobierno de PP y Ciudadanos, que afectan a los cuatro impuestos cedidos más relevantes: IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
IRPF
Se trata de un impuesto estatal, pero el 50% de la recaudación se cede a las comunidades autónomas, que pueden modificar el tipo autonómico (el porcentaje que se aplica a cada tramo de la base imponible, y que da la cuota íntegra a pagar).
El Decreto Ley 1/2019 redujo el tipo correspondiente a todos los tramos. Los tres primeros quedaron ya definitivamente establecidos en el 9,5% (venía del 10-12%), 12% y 15%, mientras que el resto se irían reduciendo progresivamente. Simultáneamente, se produjo una modificación de los límites de tramo.
La aplicación inmediata de esta primera rebaja fiscal a los tramos más bajos motivó un ahorro en los dos primeros ejercicios fiscales de IRPF de hasta 62,25 euros anuales en los dos primeros tramos (hasta 20.200 euros y hasta 25.000 euros). Sin embargo, desde entonces no ha habido nuevas rebajas para estos tramos, y solo se ha añadido una mínima rebaja adicional en el tramo de hasta 30.000 euros. Según la AEAT, el 80% de los contribuyentes andaluces declaran rentas inferiores a 30.000 euros, por lo que a la mayoría se le aplicaría esta rebaja: quien gane hasta 25.000 euros paga hoy entre 62,25 y 124,50 euros menos al año por IRPF, de ahí la alusión a los “cinco eurillos” de ahorro mensual de Inmaculada Nieto.
En cambio, en los dos últimos años se han seguido aplicando sucesivas rebajas a los tramos superiores, tal y como se anunció en 2019. De hecho, la Junta de Andalucía adelantó a 2022 la reducción de la escala autonómica del Impuesto cuya aplicación estaba prevista en 2023. En el tramo superior (rentas de más de 120.000) es donde mayor ha sido la rebaja: del 25,5% al 22,5%, de modo que ahora los tipos se sitúan entre un mínimo del 9,5% y un máximo del 22,5%.
Y es aquí donde se nota la diferencia en la declaración de este año y el pasado. “Sí que ha bajado, pero se nota a partir de las rentas medias-altas”, explica Rubén Jimeno. Entre 2021 y 2022 hay una rebaja autonómica de 53 euros para una renta de 45.000, de 156 para una renta de 70.000 o de 795 en las de 160.000, hasta llegar a los 6076 euros de rebaja en IRPF para quien declare 600.000 euros, según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y foral 2022 elaborado por REAF.
Esta simulación no contiene las deducciones, que Jimeno califica de “más nominativas que efectivas” porque las aplican un número reducido de contribuyentes, son por escasa cantidad y la casuística es muy variada. Por ejemplo, en la reciente Ley de Tributos Cedidos la Junta incrementó la deducción para los jóvenes que compren vivienda habitual (del 2 al 5%), extendió la deducción por nacimiento al acogimiento de menores y creó una deducción del 15% por gastos de enseñanza extraescolar de idiomas o informática, con un límite de 150 euros anuales por cada descendiente, con no poca polémica, por las rentas a las que estaban dedicadas.
Impuesto sobre el Patrimonio
Es el que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Es decir, es el impuesto que se paga por la titularidad de bienes y derechos de contenido económico. Están exentos de declarar todos aquellos andaluces con un patrimonio inferior a los 700.000 euros, la misma cifra que en la mayor parte de las comunidades autónomas. La única que ha eliminado de facto el Impuesto de Patrimonio es Madrid, con una bonificación del 100%. Esta sería una de las vías de Moreno para ahondar en su rebaja fiscal, lo que beneficiaría a los grandes patrimonios.
Además, durante la legislatura, la Junta de Andalucía ha aprobado una nueva escala de gravamen que supone una “significativa reducción de los tipos aplicables” en todos los tramos (siempre superiores a 700.000 euros), según el informe Novedades en normativa fiscal de Andalucía, de BBVA. Así, el tipo mínimo que estaba establecido en el 0,24% quedó fijado en el 0,20%, y el tipo máximo, aplicable a partir de 10.696.000 euros de base liquidable, que era el 3,03%, se redujo hasta el 2,5%.
Esta rebaja supone que un declarante con un patrimonio de 800.000 euros pagaría 200 euros en 2022, veinte euros menos que en 2021; si declara cuatro millones, se ahorraría 3717 euros, hasta pagar 36.546 euros; y si declara 15 millones de euros se ahorraría 28.539, pagando 273.770 euros, según el estudio de REAF.
Hay, además, una novedad de aplicación residual incluida en la reciente Ley de Tributos Cedidos: desde el 1 de enero de 2022, la exención se eleva a los patrimonios de hasta 1.250.000 euros en el caso de personas con discapacidad, o 1,5 millones si la discapacidad es superior al 66%.
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
En su primer Consejo de Gobierno, el Ejecutivo de Moreno acordó una de las medidas estrella del acuerdo PP-Ciudadanos: bonificar al 99% la cuota del impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos de parentesco I y II (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos). Para las sucesiones (mortis causa), se trataba de una ampliación de la reforma adoptada por el Gobierno autonómico de PSOE y Ciudadanos, que en julio de 2018 declaró exento el impuesto para herencias inferiores a un millón de euros. El actual Gobierno amplió la rebaja, bonificando al 99% lo que esté por encima del millón de euros, es decir a las rentas más altas. Con la nueva ley ha introducido también una rebaja de tipos, que pasan de la horquilla 7,65-36,5% al 7-26%. Pero al estar exento hasta un millón de euros, esta rebaja solo afecta a partir de esa cantidad.
De esta forma, en Andalucía, un soltero que herede de su padre 800.000 euros (200.000 de ellos correspondientes a vivienda) no tiene que pagar nada, lo que solo ocurre en Cantabria y Galicia. Pero esto ya ocurría antes de la llegada del actual gobierno. “En realidad, ha ido acercándose a un modelo de no tributación. ¿Quién hereda un millón de euros?”, se pregunta Rubén Jimeno.
Más efecto ha tenido la modificación en el impuesto aplicado para las donaciones intervivos entre grupos de parentesco I y II, a los que también pasó a aplicarse la bonificación del 99% a la cuota, siempre que la donación se formalice en documento público. Solo en Cantabria se paga menos (nada) por una donación de 800.000 euros de padre a hijo. En Andalucía, por efecto de la rebaja de tipos un donatario de esa cantidad pagaría hoy 365,39 euros menos que el año pasado: un total de 1716 euros.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Es el menos relevante de los tributos aquí analizados. Grava las transmisiones patrimoniales onerosas (como las compraventas de inmuebles no sujetas a IVA), operaciones societarias y actos jurídicos documentados (AJD), como los que se firman ante notario al suscribir una hipoteca. En abril de 2021 se rebajó el tipo general de TPO al 7% (frente al 8%, 9% y 10% anteriores) y el de AJD de 1,5% a 1,2%.
Esto supone que para una adquisición de una vivienda con valor escriturado de 150.000 euros hoy haya que pagar 450 euros menos, según el informe de REAF. Sobre un valor de 450.000 euros la rebaja es de 1350.
Las modificaciones introducidas el 1 de enero en la Ley de Tributos son específicas y de casuística concreta, como las rebajas por adquisición de vehículos no contaminantes o de vivienda habitual.