Carlos del Barco, adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz propuesto por el PP-A, está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal por la presunta filtración, como funcionario público, de una imagen de una joven desnuda en una playa. La fotografía circuló hace unos meses por las redes sociales con la falsa creencia de que se trataba de la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.
Del Barco ha declarado este jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada por espacio de 45 minutos aproximadamente en calidad de investigado. La Policía acusó al adjunto al Defensor del Pueblo de revelar al diario ABC la verdadera identidad de la joven que realmente aparecía en la foto, muy afectada por la trascendencia de su imagen, incluso usada en televisión.
“Sobre la investigación del TSJA no nos vamos a pronunciar en tanto siga en curso”, apuntan fuentes del Defensor, si bien informan de que la institución ya se ha dirigido al Parlamento andaluz, hace unos días, para ponerle en conocimiento y argumentar su propuesta para el cese de Del Barco. El asunto se abordará en una próxima 'Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones', para la que aún no hay fecha. Será dicha comisión la que decida sobre el cese, según los deseos del propio Jesús Maeztu.
Investigación de carácter reservado
La Defensoría del Pueblo abrió hace unos meses una investigación de carácter reservado cuyo resultado elevó a la Fiscalía de Sevilla. Un juzgado, a su vez, decidió remitir el caso al TSJA al ser aforado. El alto tribunal pidió a la Fiscalía Superior de Andalucía un informe sobre si existía delito o no por la supuesta filtración. El contenido del dictamen del fiscal no ha trascendido por preservar la intimidad de la joven afectada, que habría pedido máxima discreción pero, según ha podido saber eldiario.es/andalucía, el Ministerio Público decidió seguir adelante con las diligencias ya abiertas, motivo por el cual Del Barco ha prestado declaración este jueves.
Se investiga si desde la Defensoría, en concreto desde la figura del investigado Del Barco, se pudo filtrar la identidad de la joven de la playa. En la institución andaluza fueron preguntados todos los que tenían acceso a la información, que negaron haberla difundido, según ya informó este periódico. Cuando trascendió el asunto, desde el Defensor Andaluz se indicó que se respetaba la presunción de inocencia de Del Barco.
La propia Teresa Rodríguez llamó la atención sobre el perjuicio que se estaba causando con la difusión de esta fotografía para hacerle daño a ella cuando en realidad la víctima era la mujer que aparecía en la misma, que sin esperárselo había visto cómo hasta TVE la sacó en pantalla, tras lo cual la cadena pública, eso sí, se vio obligada a pedir perdón. El Consejo Audiovisual de Andalucía llegó a intervenir en el asunto por estimar que se estaban vulnerando los derechos de esa mujer.
Precisamente, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha exigido este jueves al PP-A que pida a Carlos del Barco que cese “fulminante” del cargo. Su portavoz adjunta, Esperanza Gómez, ha tildado de “gravísimo” este asunto y ha opinado que “el PP-A debería decirle a la persona que ellos eligieron que tiene que abandonar el cargo” y que se abra un nuevo proceso de nombramiento de otro adjunto.
El Parlamento de Andalucía estudiará próximamente como proceder en esta cuestión porque la Defensoría es un órgano de extracción parlamentaria. Podemos y PSOE han instado al PP a que le pidan su dimisión. “Es un tema delicado y exige ser muy escrupuloso”, ha manifestado el socialista Mario Jiménez.
Artículo 417.
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.
2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.