“Tengo la sensación de que mi niña no está muerta, me dijo mi madre un día. En 2009 fui a informarme al cementerio y, efectivamente, allí no la habían enterrado. Nuestro caso lo han archivado ya dos veces, pero mantengo la esperanza de encontrar a mi hermana pequeña”. La primera denuncia de bebés robados durante la dictadura y los primeros años de la democracia en llegar a un juzgado la puso Isabel Agüera. Del sentimiento que solo una madre podría experimentar a su particular “asignatura pendiente”.
Corría el año 1970 y a la madre de Isabel le dijeron en el Hospital Civil de Málaga que su tercera hija había nacido muerta. La parturienta estuvo en coma varios días y el padre estaba trabajando en Suiza sin posibilidad de viajar. Cuando su madre sanó, “supuestamente ya la habían enterrado, sin autorización de la familia”, relata Isabel Agüera que, muchos años después, consiguió que un juez investigara por primera vez el robo de un bebé. Dice que le ayudó muchos el fiscal jefe, Antonio Morales, que en 2011 ya contabilizaba, solo en Málaga, unos 70 casos. “En Aberoa tenemos ya unas 500 familias afectadas”, señala Agüera, que lamenta que “la mayoría de casos son archivados”.
Agüera, de 54 años, preside de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) que, junto a colectivos provinciales de afectados por el robo de bebés en Andalucía entre 1940 y 1990, acude este miércoles al Parlamento de Andalucía para celebrar la primera jornada regional de esta cuestión “para buscar la implicación y el compromiso” de los distintos grupos políticos (PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IU). Ese compromiso tuvo la semana pasada un paso en falso con la proposición no de ley del Grupo Socialista en apoyo de las víctimas de bebés robados en Andalucía, que fue retirada finalmente del orden del día. “Se retiró para buscar el consenso con el resto de las fuerzas políticas”, argumentan los socialistas. El mismo consenso que pretenden esas cientos de familias para ese medio siglo de incertidumbres.
La lista de reivindicaciones es larga pero se pueden resumir en una: la firma de un compromiso mediante el cual se facilite la búsqueda de los desaparecidos y el reencuentro entre padres, hijos y hermanos. Entre las peticiones parciales destacan el acceso a sus historias clínicas en los centros hospitalarios públicos y a los registros de los cementerios, el instar al TSJA a la apertura de los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, el reconocimiento oficial de víctimas por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales conforme a los principios de Naciones Unidas o la creación una base de datos única de ADN para establecer las relaciones de parentesco.
Propuestas “guardadas en un cajón”
También se pretende instar a los obispados de las ocho provincias a colaborar con los colectivos, abrirles para su cotejo los registros de nacimientos, defunciones, adopciones y prohijamientos de los ayuntamientos y diputaciones, procurar a los familiares asesoramiento jurídico y atención psicológica y, en términos generales, promover la colaboración de la Administración andaluza y la regulación legal para resolver esta cuestión. “Nuestras propuestas las han ido guardando en un cajón, pero aquí andamos, en la lucha”, dice Agüera.
Hace apenas unos días, las asociaciones pidieron personalmente a Susana Díaz la ayuda de la Junta. La representante de la Asociación de Lucha de las Madres de Bebés Robados de Andalucía (Alumbra), María Bueno, explicaba a los medios que las causas judiciales de bebés robados se archivan siempre por “prescripción” de los supuestos delitos. “Los protagonistas han muerto y no hay documental suficiente para acreditar los hechos”, lamentó. “Cómo es posible que todo un aparato del Estado no sea capaz de llevar a cabo una investigación profunda para tener una documental suficiente”.
Entre las recientes iniciativas en Andalucía respecto a este amplio colectivo de afectados está la ley andaluza de Memoria Democrática que, en su Artículo 5 relativo a la 'Identificación de las víctimas', su apartado d) ha incluido a “ls niños y niñas recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de los progenitores”. Eel pasado verano, el PSOE a nivel nacional pidió justicia gratuita para los casos de bebés robados.
Este miércoles habrá intervenciones de miembros de los cinco grupos parlamentarios andaluces, junto a los representantes de afectados: Esperanza Ornedo (SOS Bebés Robados Huelva), Rosario Herrera (SOS Bebés Robados Cádiz), María Bueno (Alumbra), Salvador Rojas (Aberoa), Ascensión López (SOS Bebés Robados Almería) o Alfonso Cárdenas (Bebés Robados de Sevilla). También participarán los periodistas especializados Paco Lobatón, como moderador, y José Luis Gordillo como ponente.
“Algo tan inhumano, que desprecia tanto los principios básicos de los derechos humanos, la ley y la moral, no debería quedarse sin reparación. Dicha reparación es difícil, porque nadie puede devolver a un hijo o a una madre los años de amor y convivencia perdidos, las ilusiones compartidas ni la experiencia de unión natural con la familia. Pero sí se pueden dar pasos decisivos para facilitar que se haga justicia, que el dolor se convierta en ilusión y que los reencuentros entre los bebés injustamente robados, hoy ya adultos, y sus madres, padres y hermanos empiecen a ser una realidad”, señalan las asociaciones en el comunicado que anuncia la jornada de este miércoles y que resume su sensación de impotencia.
El caso de Ascensión López
Ascensión López, la representante provincial de Almería de las familias afectadas, tiene una historia particular. Hace unos días, esta supuesta bebé robada ha sido condenada por un delito de calumnias tras acusar a una monja de “organizar” su adopción por 250.000 pesetas en varios periódicos y programas de televisión. López, anunció que recurriría el fallo que le obliga en primera instancia a pagar una multa de 3.000 euros y una indemnización por “daño moral” de 40.000 euros, agradeció el “apoyo” y “respaldo” recibidos de las 26 asociaciones de bebés robados de España, quienes le trasladaron mensajes de ánimo tanto de forma directa como a través de las redes sociales, donde su foto se ha convertido en símbolo de protesta.
Pero Ascensión, como ya informó este periódico el pasado julio, declaró en un juzgado de Almería como testigo de la causa abierta que instruye la jueza María Servini en Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, lo que se conoce como 'querella argentina'. Ella cuenta con documentos que demuestran que algo no se hizo bien. “Tengo tres identidades distintas. Mismos padres, distintos nombres. Hasta los 14 años, mi nombre era María Dolores. Pero cuando voy a hacerme el DNI, no encontraba la partida de nacimiento en Sevilla. Hasta que una persona cercana me sugirió, como quien no quiere la cosa, que probara con María Ascensión. Y funcionó. Y después, en 2012 decido pedir mi expediente y buscar toda mi documentación y aparece un papel donde se me inscribe como Consuelo”.