La nueva ley andaluza de infancia cumple medio año aspirando a dar una vida mejor a menores y adolescentes

El pasado 21 de julio Andalucía renovó, 23 años después, su ley del menor. Con la infancia y la adolescencia en su nueva nomenclatura, y el único rechazo de Vox dentro del arco parlamentario autonómico para sacarla adelante, la Ley 4/2021 cumple este mes de enero seis meses desde su aprobación para atender y tratar de mejorar las necesidades que ya venían existiendo en relación con los menores de edad de nuestra comunidad autónoma, centrándose en su protección y regulando sus derechos y deberes en los nuevos tiempos que corren, no tanto los de la Covid-19, que también por sus consecuencias económicas y sociales, sino por los avances de la sociedad en su conjunto, cada vez más rápidos y que habían dejado en la estacada a la infancia, sin ley desde el siglo pasado.

El carácter “innovador y rupturista” de la nueva norma del que viene presumiendo la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía no se contrapone con el amplio proceso participativo con los colectivos que tratan con la infancia para la elaboración de la ley. En esa línea, y siguiendo lo marcado por la Convención de los Derechos del Niño en vigor desde 1990, el menor deja de ser considerado como un objeto de protección para convertirse en un sujeto titular de derechos. Un marco jurídico mucho más reciente, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada por el Gobierno de España un mes antes que la norma autonómica, sirve de base en Andalucía para convertirla en la primera comunidad en tener en cuenta sus pretensiones para adaptar el marco legal de Andalucía, que en este caso se adelanta al resto de regiones por la coincidencia de un calendario que ya reclamaba cambiar la ley de la infancia de 1998.

Para la Junta, la ley tiene una única razón de ser: procurar el bienestar de la infancia y la adolescencia y hacia ese objetivo se disponen todos y cada uno de los artículos que componen esta ley. Otros cuatro aspectos especialmente importantes sobre los que la Consejería impulsora de la norma ha puesto énfasis han sido la prevención y protección integral contra cualquier forma de violencia, la perspectiva de género, la perspectiva intercultural y la prioridad presupuestaria. La protección, que queda establecida como prinicipal misión de la administración, comprenderá el conjunto de actuaciones destinadas a la intervención en situaciones de riesgo, en el ejercicio de la guarda y en la asunción de la tutela.

Pero adentrándonos en algunas otras de las claves de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, no está de más acudir a esas organizaciones que tienen como centro a la infancia y que han podido aportar su experiencia y trabajo de campo a las buenas intenciones de la administración autonómica. Para Unicef Comité Andalucía, la ley andaluza ha supuesto “la oportunidad para abrir una nueva etapa con políticas públicas orientadas estratégicamente a la promoción y la protección de los derechos de nuestra infancia como prioridad”. La organización resalta que la infancia sea una prioridad en las previsiones económicas de Andalucía, de acuerdo a su artículo 14 sobre prioridad presupuestaria.

Frente a la pobreza infantil

“Invertir en la infancia y en la más vulnerable, beneficia a toda la sociedad, construye sociedades más equitativas e inclusivas y ayuda a romper el círculo de la pobreza”, considera la entidad al respecto. En ese sentido, la ley se mueve sobre el eje de la planificación de las políticas públicas de la infancia y la adolescencia como la manera adecuada de organizar y estructurar los recursos de los que dispone la administración pública para conseguir con éxito sus objetivos. Para elo, la ley mandata que se debe hacer bajo los criterios de transversalidad y de interdisciplinariedad, presentando como una máxima que la población menor de edad debe preocupar y ocupar a toda la sociedad y a todas las instituciones.

Una cuestión a la que también dan especial importancia desde Unicef a la participación infantil, puesto que la nueva ley incluye explícitamente el derecho a la participación infantil y al asociacionismo, crea el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, y los reconoce como sujetos activos en la construcción participativa de su entorno.

La atención a la pobreza infantil ha sido otro de los principales baluartes de la norma andaluza. Para Unicef, “era necesario que la ley contemplara esta realidad. Es urgente dotarnos de todos los instrumentos a nuestro alcance, también desde esta nueva ley, para combatir las altas tasas de pobreza y exclusión social que afectan a nuestros niños y niñas”. No está de más, teniendo en cuenta las terribles cifras de pobreza que tiene nuestra tierra: la carencia material severa ya afecta a más de 147.000 niños en Andalucía, denunció Save the Children precisamente apenas una semana antes de la aprobación de la ley de acuerdo a la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La consejera, Rocío Ruiz, ha asegurado en esa línea que la Junta aprovechará los fondos Next Generation para impulsar sistema de Big Data que pueda operar un modelo que permita predecir las necesidades y adelantarse a problemas que puedan afectar a la población infantil y adolescente. Pero los niños y las niñas son niños y niñas, no podemos olvidarlo, y el trámite parlamentario posibilitó la inclusión del derecho al juego, al descanso y al esparcimiento. “El juego es fundamental en el desarrollo infantil, promueve capacidades de todo tipo y fomenta el aprendizaje”, comentan desde Unicef a ese respecto de la ley, que fortalece a su vez el reconocimiento a la familia como institución fundamental donde la infancia debe crecer y desarrollarse plenamente.

A juicio de Save the Children, la nueva ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía “ha supuesto un importante paso en materia de políticas de infancia para Andalucía, ya que era urgente adaptarla a las reformas introducidas en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en 2015”. La nueva ley, según esta organización, “introduce conceptos fundamentales como la consideración de los niños y las niñas como titulares de derechos y no solamente como objeto de protección, alineándose así con la Convención de Derechos del Niño, y convirtiéndolos en actores de cambio”.

Además, según Save the Children, ha supuesto “el marco normativo para desarrollar lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra la Violencia”, aunque reconoce que “hay pasos que dar más profundos en la protección de la infancia ante la violencia en diferentes ámbitos de la vida de los niños y niñas andaluces”. Por ejemplo, en el ámbito educativo se deben dar más pasos para incorporar las figuras de coordinadores de protección en los centros educativos; o en los casos de violencia sexual, en los que Andalucía debe mejorar la coordinación entre Servicios Sociales, Sanidad y Justicia para dar una respuesta integral y coordinada en la atención y protección de la infancia víctima de violencia sexual“, opina la entidad.

Lo digital

Además de esas cuestiones clave resaltadas por las organizaciones y de los derechos que ya tienen reconocidos los menores en el ordenamiento jurídico (salud, educación, cultura, honor, a la intimidad, a la propia imagen o el derecho a ser oído y escuchado), la ley ha querido recoger como derechos otras actuaciones a las que se obliga la Administración Pública para con las personas menores y sus familias. Estamos hablando del derecho al desarrollo de la competencia digital, el derecho a un entorno seguro o el derecho a un medioambiente saludable.

Centrándonos en un tema muy actual y que preocupa a las familias, la cuestión digital, con la nueva norma los órganos competentes en materia de infancia y adolescencia, de educación, de tecnologías de la información y comunicación, y en medios de comunicación social, fomentarán “medidas de acompañamiento y desarrollarán estrategias de intervención que garanticen los conocimientos necesarios para una navegación segura por Internet, y que eduquen a menores, padres, madres, personas tutoras y profesorado en un uso responsable de las tecnologías y de sus contenidos”, impulsando además “entre la industria” determinados “códigos de corregulación para el uso seguro y responsable de Internet y en el desarrollo de productos y servicios destinados al público infantil y adolescente”.

Desde la Consejería se entiende que Internet no es un entorno hostil pero hay que conocerlo para detectar posibles alteraciones, desórdenes, o delitos. El bullying, los comportamientos violentos; el consumo de pornografía, que tiene unos gravísimos riesgos para la sociedad y para la infancia y adolescencia; la “equivocada relación” que se ha establecido entre las personas menores y los videojuegos; o la errónea cultura de la imagen frivolizada en las redes sociales a través de las excesivas capturas de fotografías y los riesgos posteriores que ello conlleva reciben una consideración especial en la ley andaluza, adaptada a los nuevos tiempos que corren y que enlaza con la salud mental de los menores, que también cuenta con un apartado especial en la norma.

El pasado 21 de julio Andalucía renovó, 23 años después, su ley del menor. Con la infancia y la adolescencia en su nueva nomenclatura, y el único rechazo de Vox dentro del arco parlamentario autonómico para sacarla adelante, la Ley 4/2021 cumple este mes de enero seis meses desde su aprobación para atender y tratar de mejorar las necesidades que ya venían existiendo en relación con los menores de edad de nuestra comunidad autónoma, centrándose en su protección y regulando sus derechos y deberes en los nuevos tiempos que corren, no tanto los de la Covid-19, que también por sus consecuencias económicas y sociales, sino por los avances de la sociedad en su conjunto, cada vez más rápidos y que habían dejado en la estacada a la infancia, sin ley desde el siglo pasado.

El carácter “innovador y rupturista” de la nueva norma del que viene presumiendo la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía no se contrapone con el amplio proceso participativo con los colectivos que tratan con la infancia para la elaboración de la ley. En esa línea, y siguiendo lo marcado por la Convención de los Derechos del Niño en vigor desde 1990, el menor deja de ser considerado como un objeto de protección para convertirse en un sujeto titular de derechos. Un marco jurídico mucho más reciente, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada por el Gobierno de España un mes antes que la norma autonómica, sirve de base en Andalucía para convertirla en la primera comunidad en tener en cuenta sus pretensiones para adaptar el marco legal de Andalucía, que en este caso se adelanta al resto de regiones por la coincidencia de un calendario que ya reclamaba cambiar la ley de la infancia de 1998.