Los fondos europeos: ese concepto que viene sonando desde hace más de un año y que todavía no se sabe muy bien en qué se traduce. Si tendrá impacto real tendrá sobre todo en la población o serán otro elemento con el que las grandes consultoras especularan. Incluso cuándo vendrán. Suena entre prometedor y galimatías indescifrable, por esa expresión tan moderna con la que han sido bautizados: los fondos Next Generation.
Tenemos claro que se trata, de alguna manera, de dinero para recuperarnos de la grave crisis en la que nos ha sumido la maldita pandemia de la Covid-19. Hasta ahí todo correcto, pero todos sabemos que no se dan duros a cuatro pesetas, y que todo tiene una letra pequeña que a veces (casi siempre), se nos olvida leer.
Mientras se espera que la economía española reflote rodeada por el aura de la inmunización de la población, el Gobierno aguarda la llegada del mayor paquete de estímulos de la historia de la Unión Europea. Nuestro país podría recibir unos 70.000 millones de euros durante los próximos años. Eso sí, el dinero se recibe para reactivar la economía desde dos pilares fundamentales: la sostenibilidad y la digitalización. Ni que decir tiene que estos dos mantras están en claro antagonismo con el estatus quo de la “generación de riqueza”“ actual en España, abrazada ciegamente al turismo.
Por si fuera poco, hace unos días la Comisión Europea aprobaba una partida extraordinaria de 750.000 millones que se unen al presupuesto que ya existía. Una partida que, como era de esperar, se va a obtener por deuda que en última instancia tendrán que respaldar los Estados miembros de la UE. He ahí un poquito de esa letra pequeña de la que hablábamos.
En lenguaje claro y transparente: tendremos que pagar esa deuda en caso de querer más dinero. Así que para no pasarnos de frenada, el Gobierno, de momento, solo tiene intención de solicitar la parte de los fondos europeos que no hay que devolver, esos 70.000 millones de euros. Los que sí habría que devolver: pues ya veremos, o ya se inventará una letra pequeña para nosotros.
Pero, ¿a qué va a destinar España los fondos europeos? En principio, el 39,12% de la financiación se destinará a la transición ecológica, el 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i. Unos 10.000 millones serán para luchar contra la despoblación y hacer que la innovación y la sostenibilidad lleguen a todos los pueblos para motivar a aquellos que decidan montar una empresa en la España rural.
Gran parte de dinero se destinará también a la modernización y digitalización del tejido empresarial y la importante recuperación del turismo (¿causa o solución?) tras el gran varapalo sufrido por la pandemia. También habrá para la rehabilitación de vivienda con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, un arma de doble filo en un país víctima de múltiples burbujas inmobiliarias.
Nos queda saber cómo se van a repartir estos. Eso parece no saberlo nadie. Aquí todos quieren los suyo y a ninguno le parece bien lo del otro. Ninguna comunidad está contenta con lo que le toca de esos fondos.
Sin olvidar la modernización de las administraciones públicas y la hoja de ruta del 5G. Renovarse o morir, digitalizarse o quedarse sin fondos europeos.
Pero sin rodeos, esto, a cambio de qué, se estarán preguntando. Pues de qué va a ser: reformas. Y entre esas reformas que siempre pide siempre la Unión Europea está la del sistema de pensiones, la transformación del mercado laboral, la modernización de la Justicia o la reforma fiscal, muy de actualidad por la vicepresidenta Díaz y el ministro Escrivá.
Si profundizamos en alguna de ellas, como la eterna reforma del mercado laboral, el Gobierno habla de plantear tres tipos de contratos únicos: estable, temporal y de formación. Si hablamos de pensiones, se habla de la posibilidad de incorporar de alguna forma la evolución de la esperanza de vida. Sobre impuestos, se habla de estar alineado con la realidad actual y de una forma más digitalizada. Es decir, que ya se sabrá lo que haya que saber sobre todas estas reformas.
Nos queda saber cómo se van a repartir estos. Perdónenme, pero eso parece no saberlo nadie. Aquí todos quieren los suyo y a ninguno le parece bien lo del otro. Obviamente ninguna comunidad autónoma está contenta con lo que le toca de esos fondos, raro sería que el conformismo se instaurase en nuestro competitivo Estado autonómico.
El reparto suponía en un principio que sería en base a criterios de población, PIB per cápita y tasa media de paro en los últimos cinco años. Pero hemos dicho “en un principio”. Todas las regiones están intentando llevarse la mejor parte del pastel de esos primeros 9000 millones que llegarán antes de septiembre en base a los criterios de reparto que mejor les parece. Y en este sistema competitivo, las autoomías con ejes políticos propios tendrán más a favor por ser capaz de ejercer más presión sobre el gobierno central. Se intuye que este trato de favor recaerá sobre Cataluña y al País Vasco, ya que ambas decidirán en sus respectivas comisiones bilaterales con el Gobierno la gestión de los fondos que le corresponden.
Andalucía por su parte, ha reclamado la convocatoria de una comisión bilateral para abordar lo que le toca. La Junta defiende que la distribución de las ayudas comunitarias se realice teniendo en cuenta el criterio de población y no sólo el de proyectos.
España será uno de los países que la Comisión Europea primará en el reparto de fondos, ya que casi el 25% del dinero previsto para este año irá a nuestra economía.
El caso es que viene dinero, que no sabemos cómo repartirlo y que la letra pequeña no parece muy clara de momento. Seguramente no les haya quedado muy claro. A mí tampoco. Europa paga, así que, Europa manda.