La brecha salarial en la Junta de Andalucía sobrevive a las leyes de igualdad: los funcionarios cobran un 13% más que las mujeres

En septiembre de 2018, el Parlamento andaluz aprobó la reforma de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos y el rechazo de Podemos e IU. La norma actualizaba una ley de 2007 y entre sus novedades incluía un régimen sancionador que permitía a la Junta imponer multas de entre 6.000 a 120.000 euros a empresas y entidades donde persista una diferencia salarial entre hombres y mujeres de su plantilla.

El 8 de marzo de ese mismo año, Día Internacional de la Mujer, había tenido lugar la gran huelga feminista y la movilización unitaria de miles de personas en defensa de la igualdad. Sin embargo, meses atrás había aflorado un informe de la Junta de Andalucía sobre “distribución de retribuciones y permisos de empleados públicos andaluces”, que destapaba esa brecha salarial en la propia Administración andaluza. En términos globales, los funcionarios cobraban un 12% más que sus compañeras -hasta un 16% más a partir de los 55 años- y un 4,6% más entre el personal laboral.

Los datos aparecían en el informe de impacto de género que acompañaba al proyecto de Presupuestos Autonómicos para 2017. Era la primera vez que la Administración hacía ese análisis hacia adentro, destapando un desequilibrio en el salario público de hombres y mujeres como consecuencia de lo que llamaron “discriminación indirecta”, es decir: las mujeres no cobran menos por el hecho de ser mujeres, pero sí como consecuencia de serlo.

La edad, la conciliación entre vida familiar y laboral y el cuidado de los hijos tenía más peso en ellas que en ellos, afectaba a la promoción profesional y, por ende, al salario. “La discriminación indirecta se produce cuando una ley, la política o el programa no parecen discriminatorios, pero tiene efectos discriminatorios en su aplicación”, reza el informe.

Ese desequilibrio retributivo en la función pública, siempre más sujeta a controles que el sector privado, es una realidad a pesar de el cuerpo legislativo que regula el mercado laboral en materia de igualdad, a pesar de que existen convenios colectivos y a pesar de los sistemas de acceso y promoción en la Administración. Los datos de aquel informe sorprendieron incluso a sus responsables.

Ese análisis no se ha vuelto a hacer. No aparece en los informes de impacto de género que acompañaron a los siguientes presupuestos autonómicos -uno del último Gobierno socialista y los otros cuatro del Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno-. Pero los datos sí existen. El último balance elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Local, a petición de este periódico, muestra un ensanchamiento de la brecha salarial dentro de la Junta de Andalucía respecto a los datos de 2017. La diferencia retributiva entre funcionarios y funcionarias ha aumentado hasta el 12,71% en términos globales.

La explicación es la misma que entonces: la brecha no deriva de las condiciones salariales de los puestos de trabajo -a igual puesto, igual sueldo-, sino de la posición de responsabilidad que ocupan las mujeres dentro de la Administración andaluza, un escalón por debajo de los hombres en términos generales. Los factores que influyen son los mismos de 2017, que no han corregido las posteriores leyes de igualdad -ni la estatal ni la andaluza-: “Hay una mayor tendencia a utilizar las medidas de conciliación por parte de las mujeres, algunas de las cuales conllevan deducción salarial”, explican fuentes de Justicia.

Es decir, las funcionarias y empleadas públicas se acogen a las políticas de conciliación más que sus compañeros varones -permisos de maternidad y de cuidado de los hijos, excedencias, etc...- y esto termina minando sus salarios y ensanchando la distancia con lo que cobran los hombres.

Una brecha mayor entre el personal laboral

Por colectivos, las diferencias salariales son superiores entre el personal funcionario 9,74% en comparación con el laboral 5,03%, siempre según los últimos datos actualizados, correspondientes al ejercicio 2021.

Esta pauta se sigue entre el colectivo de personas con discapacidad ya que el personal funcionario con discapacidad tiene una brecha de 6,41% y para el personal laboral con discapacidad incluso se invierte siendo positiva para las mujeres 0,24%. En cuanto al personal funcionario de libre designación, la diferencia es de 6,60%, y disminuye a 0,23% para los puestos de más antigüedad (niveles 27 a 30). La diferencia salarial disminuye enormemente conforme se sube en la escala retributiva pero, a la vez, desciende el número de mujeres en puestos de dirección respecto al de hombres.

Esta tendencia se repite en el colectivo de personas con discapacidad que pasa de 8,23% en el personal funcionario de libre designación a 1,72% en los puestos de mayor nivel (escala de 26 a 30). El 26 es el nivel de entrada al cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información, y ahí la diferencia salarial es mínima, incluso “positiva para las mujeres” (-0,06%). Para el personal funcionario que ocupa puestos de trabajo a los que se accede por concurso la diferencia retributiva asciende al 8,70% a favor de los hombres.

Respecto al personal laboral fijo, las mujeres que trabajan en la Junta de Andalucía cobran un 5,13% más que los hombres de manera general, si bien esta diferencia se invierte en los grupos I y II, donde los hombres cobran un 0,95% más y se acrecienta significativamente entre el personal laboral de los grupos III, IV y V (mayor categoría profesional) en el que los hombres cobran un 13,90% más que las mujeres. El personal laboral no fijo tiene una diferencia salarial del 5,05%.

“En general, con independencia del colectivo, la diferencia salarial es menor entre quienes desempeñan los puestos de mayor responsabilidad en la estructura administrativa. El colectivo de personas con discapacidad sigue una pauta similar pero con diferencias salariales mucho menores”, explican desde la Consejería de Justicia.

96 días de trabajo gratis

En Andalucía, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 21,3%, dos puntos por encima de la media nacional (18,7%), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La agricultura y el sector servicios, dos pilares de la economía andaluza, están fuertemente feminizados y en ambos persiste la diferencia salarial respecto a los hombres.

En términos globales, las mujeres andaluzas cobran de medio unos 6.000 euros menos que los varones, según el balance del Instituto Andaluz de la Mujer. También el último informe sobre brecha salarial del sindicato CCOO apuntaba a esa diferencia, que traducía significativamente en “96 días de trabajo gratis al año en comparación con los salarios de los hombres”. Según ese estudio, el 55 % de las mujeres andaluzas cobra entre el salario mínimo interprofesional y el 50% del mismo.

La Ley andaluza de Promoción de la Igualdad, vigente desde 2018, regula “auditorías periódicas a empresas privadas para detectar diferencias retributivas entre hombres y mujeres”, con objeto de sancionar y eliminar la brecha salarial de género. En la práctica ha habido inspecciones, pero no sanciones.