Bruselas amenaza con multar a España por el nuevo plan del Gobierno andaluz para indultar regadíos en Doñana

Bruselas ha reaccionado a la segunda proposición de ley de PP y Vox para legalizar cultivos de regadío junto a Doñana como lo hizo hace un año con la primera: echándose las manos a la cabeza y amenazando a España con acudir al Tribunal de Justicia de la UE y exigir sanciones millonarias si permite que prospere la iniciativa defendida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

La Comisión Europea ha advertido por carta al Gobierno de Pedro Sánchez de los riesgos que asume si la ley andaluza, ya registrada en el Parlamento por la vía de urgencia, es aprobada “en los términos que han sido anunciados”. El nuevo texto se conoció hace 20 días y, pese al encendido discurso ambientalista de la Junta de Andalucía (y los “encuentros diplomáticos” en la capital belga), Bruselas percibe el mismo peligro de desprotección para el Parque Nacional.

Los términos de la misiva, fechada el 17 de marzo, son tan duros como a primera vez: “De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, dice el texto, al que ha tenido acceso este periódico. Y añade: “Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recibido el escrito de la Comisión Europea y trasladado su preocupación al presidente. El Ejecutivo central ya mostró su rotundo rechazo al segundo proyecto de ampliación de cultivos de regadío promocionado por PP y Vox en Andalucía, y advirtió a la Junta de que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional si la norma sale aprobada del Parlamento autonómico.

Sánchez tiene previsto fijar esta misma postura durante el debate de la moción de censura impulsada por la ultraderecha que se debatirá este martes en el Congreso, según fuentes del ministerio.

“Inquietud y estupefacción”

El discurso que llega de Bruselas es un golpe en la línea de flotación del Gobierno de Moreno, adalid de la “revolución verde” y la defensa del medio ambiente. La carta está firmada por Florika Fink-Hooijer, funcionaria europea en la Comisión Europea al frente de la Dirección General de Medio Ambiente, y remitida al embajador de España ante la UE, Marcos Alonso. Es la misma persona que ya reaccionó rotundamente en contra de la primera propuesta de ley andaluza.

“La Comisión ha tenido conocimiento de que el pasado 3 de marzo de 2023 se presentó ante el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley, para ser tramitada por el procedimiento de urgencia, que pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales en el entorno de Doñana”, dice la misiva. Fink-Hooijer hace referencia a su anterior carta, del 31 de enero de 2022, y recuerda que ya entonces transmitió “la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021”.

Se refería a la condena de la justicia europea a España por no haber acotado las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana. En aquel dictamen, el Tribunal Europeo concluyó que el Gobierno debió haber adoptado medidas mucho antes para evitar la alteración del hábitat natural protegido, amenazado por el cultivo de frutos rojos, piedra angular de la economía en la comarca onubense. La nueva misiva reincide en la idea de que “El Reino de España no había adoptado aún todas las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia lo antes posible”.

Los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE están analizando ahora el informe del Gobierno español sobre las actuaciones acometidas para proteger Doñana y cumplir con la sentencia, en especial “acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno del Parque Natural”. Bruselas ofrece incluso financiar a través de los fondos europeos Next Generation “proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua en Doñana”.

Entre 700 y 1.600 hectáreas de regadío ilegal

La primera proposición de ley impulsada por PP, Ciudadanos y Vox en febrero de 2022, también por la vía de urgencia, para indultar cultivos que esquilmaban el acuífero del Parque Natural desató una reacción inmediata de Bruselas. Una semana después de conocer el texto, llegó la carta amenazando con imponer sanciones millonarias a España. Al lanzar esta segunda iniciativa con el mismo objetivo, de nuevos parapetados tras los grupos parlamentarios PP y Vox, el Gobierno de Moreno confiaba en que la Comisión Europea reaccionase de otro modo. “Recibieron mala información”, dijo el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente. Pero no ha sido así.

“La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”, suscribe la funcionaria europea. La carta termina dando un mes de plazo para que las autoridades españolas respondan con “las explicaciones y aclaraciones” pertinentes. “En especial”, concluye, “le rogaría que me indicara cómo se han cerciorado o piensan cerciorarse de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos de Doñana de forma duradera”.

El pasado 3 de marzo, el PP andaluz registró en la Cámara su nueva proposición de ley para “la mejora de la ordenación de zonas agrícolas del Condado de Huelva”, una norma que abre la puerta a la recalifiación de unas 1.600 hectáreas como cultivos de regadío en la corona norte de Doñana. La iniciativa, firmada también por Vox, se registró por la vía de urgencia, acortando a la mitad los plazos de tramitación para su aprobación en este periodo de sesiones, muy cerca de las elecciones municipales.

Promesas electorales

La primera se registró a pocos meses de las autonómicas, que Moreno ganó con mayoría absoluta. PP y Vox compiten a cara de perro por el electorado de esta comarca onubense, con una economía muy dependiente del regadío de la fresa, y a codazos también con algunos alcaldes socialistas alineados en la misma propuesta de los populares.

La nueva propuesta, como la anterior, aborda la reordenación de la corona norte del Parque Nacional de Doñana para regularizar suelos que fueron de cultivo hace años, pero dejaron de serlo como consecuencia del diseño territorial que hizo el entonces Ejecutivo socialista de Andalucía: unas 1.600 hectáreas según la Junta; 700 según el PSOE-A. En torno a 10.000 trabajadores dependen de la recalificación de esos terrenos, y de un posterior permiso de riego autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha opuesto a la segunda proposición de ley con la misma vehemencia que lo hizo la primera vez, a pesar de que el PP ha modificado la redacción para tratar de espantar las dudas de Madrid y Bruselas sobre la preservación del Parque Natural. La nueva proposición de ley añade aportaciones que hizo el PSOE-A durante la tramitación de la primera ley -la creación de una oficina técnica que revise caso a caso las hectáreas afectadas- y también “un corta y pega” (en palabras del PP) de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica para meter la norma andaluza bajo el paraguas de la Ley Forestal de ámbito estatal.

Los populares supeditan la futura ampliación de regadíos a la culminación de unas obras hidráulicas que garanticen el agua en superficie, “nunca del acuífero de Doñana”, que está siendo esquilmado ahora por muchos de los agricultores afectados.

Esas obras de trasvase de agua, desaladoras, etc -entre ellas la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre- no están empezadas, ni siquiera el trámite administrativo de licitación. En el caso de la presa de Alcolea, además, un informe de Medio Ambiente determinó que el agua está contaminada y no puede usarse, por tanto, para el riego de cultivos.