DOÑANA

Bruselas tiene expedientada a Andalucía por no actualizar un plan hidrológico que avalaba el macroproyecto de Trebujena

La Comisión Europea abrió el pasado febrero un expediente contra España, que en realidad era un tirón de orejas al Gobierno de Andalucía por incumplir la directiva comunitaria de aguas, al no presentar en el plazo previsto (finales de 2022) los nuevos planes hidrológicos para la gestión de las cuencas fluviales que gestiona para el periodo 2022-2027.

La Junta tiene competencias sobre tres demarcaciones hidrográficas, una de ellas –la del Guadalete-Barbate– aparece en la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) favorable que la Consejería de Medio Ambiente acaba de conceder al macroproyecto turístico del municipio gaditano de Trebujena, con 300 villas de lujo, hoteles y un campo de golf proyectado en una marisma seca, en terreno inundable, frente al Parque Nacional de Doñana.

El visto bueno del Gobierno andaluz al proyecto se basa en unos parámetros de disponibilidad de agua para la zona ya desfasados, precisamente los que recoge el anterior plan hidrológico de la cuenca Guadalete-Barbate, que Bruselas exige actualizar. El retraso de ese plan ha permitido a la Junta justificar la declaración ambiental estratégica a la macrourbanización de Trebujena apelando a recursos hídricos de hace casi una década.

La DAE del complejo turístico de Trebujena incluye un anexo con el 'Informe de Disponibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete Barbate', que analiza el macroproyecto “con los datos y previsiones” del plan hidrológico “actualmente en vigor”, dice el texto, pero cita “el primer ciclo 2009-2015”.

En realidad, esa planificación hídrica de la cuenca Guadalete-Barbate expiró hace ocho años, y la Junta aprobó un plan posterior, para el periodo 2016-2021, que es el que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno debió renovar el año pasado y por el que Bruselas ha abierto expediente. El Plan Hidrológico de 2016 a 2021 fue declarado “nulo” por una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2019.

La Consejería de Medio Ambiente recoge en su web que la planificación de esta cuenca “actualmente en vigor es la del primer ciclo (2009-2015), de ahí que el reciente informe sobre Trebujena use datos y previsiones de disponibilidad de agua de este periodo.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó finalmente los planes hidrológicos actualizados de sus cuencas el mes pasado, pero no son firmes hasta que los valide el Consejo Nacional del Agua, dependiente del Gobierno central.

Competencias repartidas

Pese a todo, la Junta avala en su informe la “disponibilidad de recursos hídricos” que requiere el macroproyecto urbanístico, basándose en una planificación hidrológica anterior para Trebujena –que no contempla la actual crisis de sequía– y en informes favorables del propio Ayuntamiento sobre el consumo actual de agua para abastecimiento y la dotación necesaria para el crecimiento urbanístico previsto del municipio: 1.219 viviendas y 4.703 habitantes equivalentes, que requerirán 250 litros por habitante y día, “ya asignados por la planificación hidrológica de Trebujena”.

El complejo turístico del municipio gaditano fue proyectado hace 20 años, de mano de un Ayuntamiento con mayoría absoluta de IU, que tuvo el beneplácito del Gobierno andaluz del PSOE (con correcciones a la edificabilidad prevista de 750 a 300 casas como máximo).

Un desarrollo urbanístico de este tipo debe pasar varios filtros de varias administraciones para ver la luz: uso del suelo, impacto ambiental y disponibilidad hídrica. El mes pasado, el Gobierno de Moreno firmó la DAE, que es el aval a la macrourbanización desde el punto de vista ambiental, que ya había sido autorizado por el Consistorio de Trebujena con una recalificación de suelos rústicos a urbanizables.

La Junta ha explicado que su declaración ambiental estratégica al macroproyecto estaba condicionada al informe posterior que debe emitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), órgano dependiente del Gobierno central que gestiona las cuencas andaluzas competencia del Estado.

A la CHG le correspondía analizar una circunstancia que ya advertía el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz de la Junta, de 2011, a saber: “la inundabilidad” de los terrenos donde se ubicaría el complejo turístico de Trebujena. Las alegaciones del grupo ecologista WWF a la modificación del PGOU que reactivó el proyecto, en 2019, apuntan en la misma dirección.

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, se quejó de que la documentación que le había remitido la Junta “es confusa”, porque no estaba claro si los recursos hídricos para abastecer las villas turísticas y hoteles de Trebujena provienen del Guadalquivir (competencia estatal) o de la cuenca Guadalete-Barbate (competencia de la Junta).

El 67% del territorio hídrico andaluz es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el 33% lo gestiona la Junta. El municipio de Trebujena se ubica en la cuenca del Guadalquivir, pero en los 2.000 metros cuadrados donde se erigiría la macrourbanización confluyen dos demarcaciones, una competencia estatal y otra andaluza.

La Dirección General de Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, es la que coordina a ambas administraciones y delimita sobre el mapa dónde empieza la responsabilidad de la Junta y dónde termina la de la CHG.

“Si el agua proviene de la cuenca del Guadalete-Barbate, la CHG no tiene ni puede decir nada, porque está gestionada por la propia Junta de Andalucía”, advierte Páez. Si, por contra, el agua proviene de la cuenca del Guadalquivir –hasta que se construyan dos estaciones depuradoras contempladas en el macroproyecto– “el Gobierno informará negativamente”, ha avisado Páez, después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostrara radicalmente en contra.

“No hay ninguna posibilidad de nuevas concesiones de agua si no están previamente planificadas”, sentenció Páez, tras recordar que el nuevo Plan Hidrográfico del Guadalquivir (2022-2027) se aprobó hace apenas cuatro meses, además de poner el acento en el estrés hídrico y en los tres decretos contra la sequía del propio Gobierno de Moreno que van en la dirección contraria al proyecto de Trebujena.

La declaración ambiental estratégica de la Junta informa sobre la disponibilidad de recursos hídricos para el consumo en Trebujena, pero que haya una dotación favorable en este sentido “no es incompatible con que exista un riesgo de inundación en la zona donde se quieren levantar las casas”, advierten desde WWF.

La CHG emitió el informe definitivo este viernes, tumbando un proyecto en Trebujena que llevaba 20 años enfrascado en trámites administrativos, y que la Junta reactivó hace sólo unas semanas con esa DAE. El documento pone negro sobre blanco lo que ya adelantó Páez y la ministra: el riesgo de inundación de los suelos y la falta de recursos hídricos, dependientes de la cuenca del Guadalquivir, hacen inviable la construcción.

El informe, adelantado por El Confidencial, concluye que “las masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuente de recurso” y que la posibilidad de usar agua regenerada con las dos depuradoras que contempla el proyecto “no existe en la actualidad”.

Roces con Bruselas por Doñana

El expediente de la Comisión Europea a Andalucía por el retraso en la presentación de sus planes hidrológicos, firmado por el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, es anterior al litigio que enfrenta al Ejecutivo de Moreno con Bruselas por la polémica ley para legalizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva).

El expediente contra Andalucía es del pasado febrero, días antes de que el PP andaluz registrase en el Parlamento su proposición de ley para ampliar regadíos en la Corona Norte de la reserva natural. El Ministerio de Transición Ecológica informó a la Junta del apercibimiento de Bruselas, apremiándole a presentar el documento requerido sobre la organización de los servicios de agua y el mantenimiento de las cuencas fluviales y subterráneas competencias del Ejecutivo autonómico. También Catalunya y Canarias han sido expedientadas por el mismo motivo.

Los planes hidrológicos de Andalucía se aprobaron hace semanas por los distintos organismos de las tres demarcaciones que gestiona la Junta, y fueron ratificados por el Consejo de Gobierno el mes pasado. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, responsable de elaborar dichos planes, está a la espera de que el Gobierno de España convoque el Consejo Nacional del Agua para que ratifique definitivamente los documentos, antes de enviárselos a Bruselas.

El jueves, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, explicó que la Junta de Andalucía ha tenido que rehacer los planes hidrológicos antes de remitírselos al Gobierno porque les faltaban los informes de los Consejos Locales.

Dos meses después de que la Comisión Europea expedientara a Andalucía, el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, viajó a Bruselas para entrevistarse personalmente con Sinkevicius, ya en un clima de alto voltaje político y confrontación entre el Gobierno central y la Junta a cuenta de la proposición de PP y Vox sobre los regadíos cerca de Doñana. Fernández-Pacheco no aclaró si el comisario europeo abordó el expediente contra Andalucía en aquella reunión, pero la ministra sí se refirió a él minutos después de aquel encuentro. Fuentes próximas al presidente Moreno desmintieron entonces que hubiera ningún expediente abierto contra Andalucía.

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