Un año de prisión para los dos individuos que intentaron inculpar al ecologista Juan Clavero metiendo droga en su coche

Dos individuos han sido condenados a un año de prisión por urdir una trampa que tenía como única finalidad que el ecologista Juan Clavero, muy activo en la defensa de los caminos públicos de la Sierra de Grazalema, acabara dando con sus huesos en la cárcel. José Miguel Herrera, gerente de la finca Breña del Agua (por la que atraviesa uno de esos caminos), y Manuel Alcaide, quien dejó la droga en el vehículo, han sido condenados por un delito de denuncia falsa siete años después de que el activista se viera sorprendido por la Guardia Civil trasportando en su coche 47 gramos de cocaína que le habían colocado ahí. Los otros dos acusados, a los que la Fiscalía una colaboración en los hechos, han sido absueltos.

La sentencia, que puede ser recurrida, acota el delito al responsable material de colocar la droga y al urdidor del plan. Ambos se coordinaron para colocar la droga tras el asiento de copiloto de la furgoneta de Clavero y asegurarse de que la Guardia Civil la encontraba. “Ambos conocían que los hechos que denunciaban eran falsos”, concluye la resolución, que subraya que su interés en que la droga fuera descubierta y se imputara un delito a Clavero “desborda el interés normal que cualquier ciudadano pueda tener”.

Fiscalía pedía que cada uno de los cuatro acusados fueran condenados a año y medio de prisión por denuncia falsa, mientras que Clavero pedía siete años de prisión, al considerar que también se habían cometido delitos de detención ilegal y organización criminal. Finalmente, dos de los acusados (antiguos encargados de la finca) han quedado eximidos de responsabilidad y los otros dos (uno de ellos, el gerente) han recibido una condena rebajada (tanto en la pena de prisión como en la multa) al aplicárseles la atenuante de dilaciones indebidas.

Además de la pena de cárcel, que será probablemente suspendida al ser inferior a dos años y medio, la Audiencia Provincial de Cádiz impone a los condenados el pago de una multa de 2.700 euros a cada uno y una indemnización conjunta de 20.000 euros a Clavero, que pasó una noche en el calabozo sin saber por qué, y diez días expuesto ante los medios como presunto narcotraficante.

Los magistrados creen que la víctima de aquel plan pudo ser cualquier ecologista implicado en la defensa de los caminos públicos, pero resultó Clavero, un activista de reconocido prestigio en Cádiz, antiguo director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

“Detrás del asiento de copiloto. Borra esto”

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, recoge un relato que sitúa el origen de los hechos en un acuerdo entre los dos condenados para “ocasionar problemas” a miembros de la asociación de Ecologistas en Acción y de la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de la Sierra, que estaban siendo muy activos en la protesta por la usurpación de los caminos públicos que atraviesan distintas fincas rústicas de la zona, entre ellas Finca La Breña.

De esta forma, cuando José Miguel Herrera, gerente de la finca, se enteró de que se había convocado una marcha para atravesar el terreno recorriendo el camino público, se conchabó con Manuel Alcaide para que este participase en la ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera drogas en el vehículo de alguno de los activistas, para a continuación avisar a la Guardia Civil.

Así ocurrió, y el 26 de agosto Alcaide acudió a la marcha, se presentó a Juan Clavero y, al terminar, pidió que le llevasen de vuelta a un punto, si bien se apeó antes del vehículo. Para entonces, Alcaide ya había colocado la droga en el interior del coche y Herrera se había reunido con un agente del Seprona al que conocía, al que había contado que un “infiltrado” en la marcha le había dicho que los participantes ocultaban una importante cantidad de droga en la furgoneta de Clavero.

Poco después de esta reunión entre el agente y el gerente de Finca La Breña, la comandancia recibió una llamada desde un teléfono público: “Hola, buenas tardes, mire, yo llamaba para informar que hoy, entre las cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos”.

Para redondear su plan, Herrera se cercioró de que la Guardia Civil cazaba al ecologista con un par de mensajes de Whatsapp al agente que conocía: “Van para ti en 2 minutos” y “un coche solo”. Una patrulla esperaba ya a Clavero, al que los agentes engrilletaron y detuvieron casi de inmediato, después de unos minutos en que fueron incapaces de localizar el paquete. Tuvieron que telefonear nuevamente a Herrera, para que este indicase el lugar exacto donde la habían escondido: “Detrás del asiento del copiloto, borra esto”. Acabaron encontrando 29 papelinas con 47 gramos de cocaína y ocho posturas de hachís con un peso bruto de cuatro gramos.

Rebaja de penas y exenciones de responsabilidad

El agente de la Guardia Civil no llegó a ser acusado por su posible participación en los hechos y de los cuatro que sí lo fueron, dos han sido absueltos, pues el tribunal entiende que no está acreditada su participación en los hechos, que el fiscal sí apreciaba. Uno de ellos acudió a la reunión con el agente del Seprona y del otro se sospechaba que pudo ser quien realizó la llamada desde el teléfono público.

La sala rebaja la pena en seis meses (respecto a lo que pedía Fiscalía) por las dilaciones indebidas. La investigación judicial empezó en diciembre de 2017, los acusados declararon como investigados en marzo de 2018 y no se les ha juzgado hasta octubre de 2024. “La tramitación ha sido singularmente extensa sin motivo justificado”, señala la sentencia.

La Audiencia también ha rebajado notablemente las expectativas de condena que tenía Clavero al limitar el objeto del juicio al delito único de la denuncia falsa. Según el tribunal, los acusados no supieron durante la instrucción que lo que habían hecho también podía ser constitutivo de detención ilegal e integración en organización criminal, de modo que exponerlos a una condena por esos delitos podría atentar contra su derecho a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados rebajan también las pretensiones indemnizatorias de Clavero, quien durante una semana se vio en los medios como un presunto narcotraficante, y rechazan por completo las de Ecologistas en Acción, la entidad de la que es notorio integrante, y que entendía que su imagen también se vio dañado por el episodio.

Tampoco condenan a Finca la Breña a abonar subsidiariamente la indemnización. La entidad es titular de la finca por donde pasa el camino público usurpado que los activistas reivindican, y estaba administrada por Herrera, urdidor del plan. Sin embargo, los magistrados la eximen de cualquier responsabilidad por entender que la denuncia falsa que formuló Herrera, su gerente, no entra en el “ejercicio normal o anormal” de sus funciones, y que la entidad no podía prestar su conformidad con lo que hiciera Alcaide, con quien no tenía relación.