El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) acaba de acordar con el Ministerio de Interior iniciar los trámites para el traslado de su Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). Su actual sede, desde hace años, ha sido objeto de múltiples denuncias por no cumplir con los mínimos requisitos de seguridad y habitabilidad. La construcción de un nuevo edificio llega en unas fechas en las que las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia,..) están planteando el cierre de este tipo de centros, donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular y cuya existencia sigue defendiendo el Gobierno central. Este jueves se hacía público que casi el 60% de los inmigrantes encerrados en los CIE en 2015 no fueron expulsados.
El Ayuntamiento de Madrid trabaja para garantizar que se respeten los derechos humanos en los CIE y plantear alternativas a la reclusión. El Ayuntamiento de Barcelona ordena recientemente el cierre del CIE de la Zona Franca por falta de licencia. Generalitat, Parlament, entidades y partidos apoyan en Barcelona su precinto. Son noticias de estos días. Mientras, en Algeciras, el pasado lunes 11 de julio se aprobó un protocolo general para la colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Ministerio del Interior) y el Ayuntamiento para la cesión de 10.000 m2 al objeto de construir un nuevo CIE.
El traslado, al menos el inicio de los trámites para ello, salió adelante exclusivamente con los 14 votos del PP, que ostenta la mayoría en el consistorio algecireño. Los grupos de la oposición municipal (PSOE, IU y Algeciras Sí Se Puede) votaron en contra, mientras que Ciudadanos y el grupo no adscirto se abstuvieron. Miembros de APDHA de Algeciras mostraron durante el Pleno carteles en contra de la aprobación del protocolo, del CIE viejo y del nuevo. “Al Sr. Alcalde [el popular José Ignacio Landaluce] no le basta con ser el único alcalde que hasta la fecha cede terrenos para construir un nuevo CIE, y anima al Ministerio del Interior a proceder a su construcción, sino que encima lo sitúa junto a la cárcel para estigmatizar aún más a los inmigrantes indocumentados”, lamentaron en un comunicado conjunto junto a Algeciras Acoge, que se concentran precisamente este viernes.
Por su parte, los alcaldes de las grandes capitales del país están moviendo en redes sociales estos días una campaña en contra de la existencia de los CIE encuadrada bajo el hastag #CiudadesContraCIE:
El delegado de APDHA en Algeciras, Andrés de la Peña, explica a este periódico que lo que debería debatir el Pleno de Algeciras es el cierre del CIE y la recuperación de los terrenos donde actualmente se ubica, una cárcel que dejó de funcionar en 2002 y que sufrió derrumbes que obligaron a su cierre parcial. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, señaló hace unos días en Onda Local que “el CIE de Algeciras tiene humedades, muebles rotos,... un deterioro absoluto que hace la estancia inhabitable”.
“Recuperemos lo que es del pueblo para fines más adecuados a las necesidades de los ciudadanos de las barriadas aledañas y los algecireños en general”, lamentan las organizaciones civiles, que temen que la construcción del nuevo CIE pueda salir finalmente adelante después un intento fallido en 2014. El motivo es que la operación “le interesa también al Ministerio”, ya que el protocolo aprobado incluye la ampliación de la Comandancia de la Guardia Civil, con la contraprestación de que la institución municipal disponga de los antiguos cuarteles de la Benemérita del Rinconcillo y Pelayo, y también de un uso parcial de la actual sede del CIE. “No vale que Algeciras regale e Interior supravalore sus terrenos. Hay que aunar intereses”, llegó a manifestar Landaluce hace ahora un año.
Según APDHA y Algeciras Acoge, el alcalde “alega que debe procederse a la construcción de un nuevo CIE en la ciudad porque el actual se encuentra en una situación absolutamente indigna para las personas que allí se encuentran” pero “ni siquiera propone el cierre inmediato de las actuales instalaciones mientras se construyen las nuevas”, lo cual “muestra del nulo interés del alcalde en la defensa de los derechos humanos”.
“Nosotros seguimos insistiendo que no es necesario ni el viejo CIE ni el que quiere construir nuevo por una razón muy simple: es injusto privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito”, denuncian las asociaciones.