A dos pasos de Gibraltar, La Línea quisiera que el Estado español la convirtiese en Shenzhen, el centro financiero que la China continental levantó frente a Hong Kong, a veintisiete kilómetros de distancia. El alcalde Juan Franco, que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de mayo al frente de la candidatura Linenses 100x100, considera que el Gobierno chino desarrolló dicha ciudad para hacerle sombra a la antigua colonia británica. Sin embargo, el Gobierno español ha dejado olvidada a La Línea, que cumplirá 150 años en 2020, sin siquiera un término municipal propio.
Ahora, el Gobierno municipal linense viene apostando por una nueva consideración administrativa como ciudad autónoma, a partir de un informe presentado a 3 de julio de 2019 por Antonio de Cabo de la Vega –Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los impulsores de Podemos a escala estatal-, actuando como asistente de investigación Gabriel Moreno González, de la Universidad de Extremadura.
Según sus conclusiones, “no existe impedimento o prohibición constitucional, estatutaria, legal o de derecho europeo para la conversión del municipio de La Línea de la Concepción en autonomía, bajo la fórmula de ciudad autónoma, con independencia de que tal proceso sea más o menos complejo, costoso, conveniente u oportuno”.
Como ciudad autónoma, La Línea podría asumir competencias en materias como ordenación del territorio, carreteras, puertos, proyectos hidráulicos, patrimonio cultural, turismo, sanidad, casinos o cajas de ahorro, por ejemplo. En materia de competencias, La Línea de la Concepción disfrutaría de un régimen jurídico especial, aunque no contaría con un Tribunal Superior de Justicia propio y dependería del TSJA, teniendo encaje la aprobación de un Régimen Económico Especial Diferenciado, que es lo que realmente viene reclamando sin suerte desde antiguo.
Fuera de Andalucía
Es presumible que el proyecto contara con la oposición de la Junta de Andalucía, que vería mermado su territorio actual. Sin embargo, la fórmula enunciada sería tan curiosa que La Línea podría seguir perteneciendo, a pesar de ser autónoma, a la provincia de Cádiz. ¿Una ciudad autónoma dentro de la autonomía andaluza? No sería viable, desde luego, a pesar de que, en palabras de Juan Franco, los linenses se sientan “gaditanos, andaluces y españoles” y sus aspiraciones independentistas se vean forzadas por las circunstancias, a la manera de Ceuta y Melilla.
Para ello, sería necesario la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, mediante mayoría absoluta, del planteamiento de una consulta municipal sobre la conveniencia de que la corporación eleve al Gobierno de la Nación una petición para activar el artículo 144 a) de la Constitución por la concurrencia de motivos de interés nacional. “Entendemos en La Línea que esas circunstancias se dan –ha dicho el alcalde-, porque tenemos una situación única en todo el territorio nacional, un nivel de paro grandísimo, un nivel de formación bajo, la frontera con Gibraltar que nos da cosas buenas y cosas malas, a 11.000 personas que todos los días van a trabajar a territorio extranjero, el problema del narcotráfico, del contrabando de tabaco o problemas medioambientales gravísimos”.
Otro de los hitos que sustentarían el interés nacional del proyecto incluye su eterna circunstancia histórica “como único municipio de España y de la Unión Europea que comparte frontera con un enclave pendiente de descolonización, según nomenclatura de la ONU, y que tras el Brexit quedará fuera del marco de integración comunitaria”.
La pregunta del referéndum
El catedrático Antonio de Cabo, autor del informe, también dirige el Grupo de Investigación “Globalización y pensamiento jurídico crítico” y el Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos y su bibliografía en esta materia es amplia y reconocida. En su informe, ha trazado una hoja de ruta sobre lo que supondría el largo y tortuoso camino hacia la autonomía linense: “Con posterioridad y mediante la presentación de dicho acuerdo plenario, en caso de que se produjese, se solicitaría la consulta popular al Gobierno de la Nación y, en caso de que éste la denegase, cabría recurso ante el Tribunal Supremo y/o elevación directa de la petición por parte de la corporación al Gobierno y a las mesas de las Cortes Generales”. Incluso ya se ha puesto sobre la mesa una posible pregunta para el referéndum: “¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno y a las Cortes Generales una petición para instar a la conversión del municipio en comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 144 a) de la Constitución?”.
De producirse la consulta y resultar positiva a la propuesta, sus resultados podrían ser elevados junto con la petición formal de la mayoría absoluta del Pleno, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, la Mesa del Senado y el Gobierno de la Nación. De acuerdo con el citado artículo, se consideraría su conversión en ciudad autónoma, “iniciándose el proceso de redacción del Estatuto de Autonomía con la participación, reglada en esa misma Ley Orgánica, del propio Municipio”. Según dicho informe universitario, el último paso estribaría en la “aprobación, por parte de las Cortes Generales, de la Ley Orgánica por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de La Línea de la Concepción”.
Desde antes de que se conociera este informe, ya habían surgido voces favorables a esta iniciativa, desde Andalucía por Sí que respaldo esta propuesta en su campaña electoral, hasta profesionales y personalidades de la talla del sociólogo linense Francisco Oda, a sabiendas de que esta alternativa podría ser mucho más viable desde el punto de vista legal que cualquier otra. En el pasado, ya fracasaron peticiones como una carta económica que puso sobre la mesa el Ayuntamiento de 2013, entonces presidido por el PSOE, o un régimen fiscal especial que no ha podido llevarse a efecto a pesar de que podría haber supuesto un balón de oxígeno para las consecuencias nefastas que el Brexit puede provocar en el comercio de la ciudad y de su entorno.
Ahora, Juan Franco se muestra confiado –tal y como declaró a este periódico- por las 112 medidas que la Junta de Andalucía asume y con las que está desarrollando el Gobierno de Gibraltar. Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista de La Línea de la Concepción habla de demagogia y de utilización sensacionalista del Brexit por parte de la alcaldía: “De la cacareada y loca propuesta a favor de una independencia de la ciudad con el propósito de convertirla en Comunidad Autónoma, el primer edil linense ha pasado a posar muy sonriente y solidario con el Primer ministro gibraltareño, el Señor Picardo, donde conversaron sobre el Brexit, sin un acuerdo conjunto a favor de la dos comunidades que separa la verja”.
Los socialistas insisten en que las propuestas de la Junta carecen de presupuesto y sólo 12 de ellas estarían destinadas a La Línea: “Ninguna para la creación de empleos, ni para provocar bajadas de los importes de las tasas e impuestos a empresas y ciudadanía linense”.
“Pese a tener firmado con el PSOE un pacto de gobierno en Diputación y Mancomunidad, Juan Franco no es capaz de destacar y menos aún de trabajar en torno a los cuatro memorandos pactados y firmados entre el Gobierno de España y el Reino Unido sobre Gibraltar que ponen las bases para reducir los desequilibrios que puede producir el Brexit entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, principalmente en defensa de los derechos de los trabajadores”, afirma el PSOE local.
Una ley de comarcas que no llegó
Rafael Palomino, que fuera el primer presidente socialista de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, así como vicepresidente del Parlamento de Andalucía, sigue creyendo que esta comarca necesita una reconsideración administrativa que le permita capear las adversidades del Brexit y, por otra parte, acelere las reclamaciones históricas de esta zona en su conjunto: “Incluso durante el franquismo hubo estructuras supranacionales, con delegaciones en el Campo de Gibraltar, que ayudaron a que llegasen más medios. Así nació la Mancomunidad de Municipios, que no fue creada para pedir el agua en alta o hacer lo que se está haciendo, sino con otro propósito. La promesa que teníamos de la Junta es que iba a ser la primera comarca de Andalucía, creada por una Ley de Comarcas que nunca se promulgó. Todo ello hubiera abierto la posibilidad de reclamar alguna competencia de la Junta y del Estado”.
“Hay unas tensiones tan grandes en la comarca que no pueden ser solucionadas por los ayuntamientos, como los puertos o las fronteras, que cada año que pasa noto más la falta de un instrumento mejor para gestionar la vida cotidiana. Lo mejor que le podría haber pasado a La Línea es algo imposible, que el Estado hubiera olvidado durante 50 años la reivindicación del territorio, que hubiera dado mucha confianza a los buscadores de inversiones a quienes se les ha quedado chico Gibraltar. Estoy convencido que toda la costa local hasta Sotogrande se hubiera desarrollado con estructuras interesantes. La idea que tenía desde Gibraltar un grupo importante, a través del despacho de Hassan, era abrir instalaciones portuarias para recibir buques. Gente que quería invertir en La Línea no se han atrevido nunca a hacerlo porque cada vez que cambiaba el Gobierno se producían pasos atrás”.
Desatendidos
A su juicio, simplemente se trataría ahora de “dejar que el mercado funcionara, pero eso creo que es una utopía”. “Una comarca con un basamento jurídico potente otorgado por el Parlamento de Andalucía, que tuviera competencias y pudiera proponer cosas. Esa sería una posible solución. Hacer cosas serias y que duren. Lo que ha pasado con la Línea y la política responde a ese abandono y desesperación. Esta zona es el caldo de cultivo para que aparezca cualquier cosa. Apareció el GIL, pero también gobernó el PP a pesar de que ese no es el talante de la población. Ahora, gobierna La Línea 100 por 100, pero cualquier día puede aparecer Vox y la gente es capaz de votarlo. Fuera de aquí debe comprenderse que el Campo de Gibraltar está desatendido. Y que todo lo que se ha ido anunciando no se ha podido llevar a efecto”.
Como el régimen fiscal especial que votó el pleno por unanimidad, en tiempos del PSOE y apoyándose en otro informe universitario, esta vez de la Universidad de Cádiz. Aquella solución habría conllevado el establecimiento de una zona franca o área exenta, con un régimen aduanero especial, que habría incluido desgravaciones fiscales y ausencia de medidas arancelarias. En 2017, ya bajo el actual alcalde, se reclamaba una Carta Económica Especial, de la que tampoco nunca más se supo.