El 'procés' de La Línea de la Concepción para independizarse de Andalucía choca con el silencio administrativo

“¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma, de acuerdo con el art. 144 a) de la Constitución Española?”, será definitivamente la pregunta que se elevará a la ciudadanía linense, en caso de que el Gobierno central la autorice, un supuesto harto improbable. Si se le niega el derecho a la consulta, se planteará un recurso al Tribunal Supremo.

El alcalde de esta localidad andaluza, que quiere ser autónoma sin dejar de ser de Cádiz, Juan Franco, ha informado del envío de sendas peticiones a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que permitan avanzar en la convocatoria de la consulta popular sobre lo que, no sin cierta guasa, han llamado el “procés” local.

A La Línea, no hay quien le robe porque no tiene nada que robar: un exiguo término municipal da cabida a una de las mayores tasas de paro, carece de autosuficiencia económica y desde sus orígenes ha dependido, en gran medida, de Gibraltar. Hubo una época de vacas gordas que se acabaron con el cierre de la Verja en 1969. Desde entonces, la ciudad no ha levantado cabeza y sobre ella ha crecido una larga leyenda negra como consecuencia del contrabando de tabaco y del narcotráfico, porque el mercado negro se convirtió hace mucho en el único balón de oxígeno de la localidad.

En 2021, el pleno municipal aprobaba el inicio de la consulta, que había sido prometida a los electores en las últimas elecciones locales. Por ello, La Línea 100x100, el partido del alcalde Juan Franco, logró mayoría absolutísima en la Corporación: 21 concejales a su favor, frente a 3 del PSOE y 1 del Partido Popular. Ahora, cuando se acercan los próximos comicios, apenas se ha avanzado en este proyecto político que sigue a muchas otras demandas: zona franca, régimen especial, carta económica, un largo etcétera de papeles mojados desde los años 80 del pasado siglo.

Una cuestión de plazos

El Ayuntamiento aprobó el pasado año el inicio de los trámites para la consulta que debe preceder, en teoría, a la independencia municipal. En marzo de este año, se mandó el papeleo a la Junta de Andalucía que, en teoría, lo habría rebotado en abril a La Moncloa. La Corporación linense ni siquiera ha recibido el acuse de recibo.

El pasado 11 de agosto, en pleno, los concejales tuvieron conocimiento del dictamen jurídico sobre el silencio administrativo del Estado a propósito de esta pretensión. Ante la callada por respuesta, cabría convocar el referéndum. O no hacerlo. La Línea ha optado por una solución salomónica, que empieza por cerciorarse de los plazos: ¿tuvo entrada su escrito ante el Gobierno autonómico?, ¿lo reenvió este? Así, acaba de darse salida a una solicitud de información dirigida a la Junta de Andalucía para conocer la fecha en la que el Gobierno autonómico remitió el expediente con dicho dictamen al central. Juan Franco, el alcalde, asegura “no tener constancia de la recepción por parte del Gobierno”.

Paralelamente, a la administración nacional se le solicita un certificado de “acto administrativo presunto”, (acto provocado por la interpretación que la ley permite dar al silencio de la administración cuando tiene el deber de dictar una resolución expresa) que permita al equipo de gobierno local dar los pasos necesarios que desemboquen en la consulta popular, en caso afirmativo“.

La conversión de La Línea en ciudad autónoma fue uno de los puntos más sobresalientes del programa del equipo de gobierno localista y se fundamenta en un dictamen favorable, previo contrato, del catedrático de Derecho Constitucional, Antonio de Cabo. La memoria justificativa señala la existencia de un marco jurídico y constitucional que permitiría a La Línea disfrutar de un autogobierno similar al del resto de comunidades autónomas y, en especial, al marco normativo de Ceuta y Melilla. Antes de elevar al Gobierno de la nación y a las Cortes Generales dicha petición, el dictamen propugna la celebración de una consulta popular, dado que “el efecto positivo de la consulta abundaría o reforzaría la pretensión del municipio en su aspiración al autogobierno”. 

¿La consulta antes de marzo?

Tras haberse dirigido a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación, cumpliendo los plazos y el procedimiento legalmente establecidos para poner en pie la convocatoria, al Ayuntamiento linense le urge llevar a cabo la convocatoria de esa consulta popular para auspiciar su conversión en Ciudad Autónoma. Con este proyecto, de difícil encaje administrativo y controvertida validez constitucional, La Línea 100×100, el partido del alcalde Juan Franco, pretende cumplir con su compromiso electoral, antes de que concluya su actual mandato. Para ello, la convocatoria del referéndum tendría que producirse antes de finales del próximo mes marzo.

El alcalde recuerda que, justo un año antes, en marzo pasado se llevó a sesión plenaria la resolución de las alegaciones presentadas, tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía, al citado expediente, elevándose ese mismo mes a la Consejería de Presidencia de la Junta para que a su vez le diera traslado al Consejo de Ministros, al objeto de obtener la autorización o no para la celebración de la consulta popular.

Ni al Partido Popular ni al PSOE les gusta esta propuesta, pero tampoco quieren ponerse radicalmente en contra de esta iniciativa. Para el portavoz del PSOE en La Línea, Juan Chacón, la autonomía municipal no es una varita mágica. Y, así, ha recordado que a pesar de su condición de ciudades autónomas, ni Ceuta ni Melilla han logrado aliviar los graves problemas sociales de sus territorios. El único concejal del PP, Juan Pablo Arriaga Cuevas, llegó a ausentarse del pleno donde se votó a favor de la apuesta autonómica, pero su formación volvió a calificar esta propuesta como populista, un “engaño político” y que, según un informe de la secretaría general del municipio, ya existen precedentes en otras ciudades que no llevaron a parte alguna. 

En el último mes de agosto, durante una visita a la ciudad vecina de Algeciras, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aunque no entró en detalles sobre el contenido jurídico de la propuesta, insistió en que La Línea es un municipio “absolutamente clave para que Andalucía sea una comunidad próspera para España” y ha añadido, en cuanto a su petición formal para convertirse en una Ciudad Autónoma, que la “unidad permite ser más fuertes”.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Campo de Gibraltar, la ministra andaluza aseveró, eso sí, que al Gobierno le “van a encontrar sumando” y nunca “alentando algunas sensibilidades o discursos de separación que no han sido buenos, ni para el clima político ni para la prosperidad de esas comunidades”.

Una consulta sobre la consulta

En este contexto, añadió que se va a “trabajar porque juntos seamos mejores intentando llevar la unidad a la opinión pública” y ha subrayado que “los ciudadanos saben que son momentos en los que hay que arrimar el hombro y que juntos tenemos la capacidad de ser más fuertes”.

“Todas las iniciativas que se enmarquen dentro del cuadro legal tendrán su trámite y seguirán su procedimiento en tiempo y en forma”, señaló la ministra Montero. Blanco y en botella.

Pero el PSOE se abstuvo en el último pleno estival en el que se solicitó a los servicios jurídicos que analizaran el sentido del “silencio administrativo” del Estado en relación a la propuesta de celebración de esta consulta popular.

Como se recordará, en la sesión plenaria celebrada el pasado mes de marzo se resolvieron las alegaciones presentadas por el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, remitiéndose dicha resolución a la administración autonómica para que a su vez lo enviara al ejecutivo nacional.

El alcalde de la ciudad ha señalado tener conocimiento de que este envío por parte de la Junta al estado se produjo en abril, existiendo desde ese momento un plazo de tres meses para resolver en un sentido u otro la propuesta de celebración de la citada consulta popular.

Juan Franco ha calificado la consideración de Ciudad Autónoma como un asunto “tremendamente importante para el municipio”, calificándolo como un enfoque oportuno para “solucionar sus problemas y poder dotarle de una estructura jurídico-administrativa diferente”, confiando en seguir dando pasos en este sentido. “La ausencia de respuesta por parte de ambas administraciones” es lo que motivó la consulta sobre la consulta.

El pleno del jueves

El dictamen de viabilidad afirma que “el silencio es positivo”, pero su aplicación –esto es, sacar las urnas a la calle-- podría precisar de reconocimiento expreso del Consejo de Ministros, debiendo realizar el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción un requerimiento previo a un posible conflicto judicial en el plazo de dos meses, tal como prescribe el Artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. De ahí que se haya remitido un nuevo escrito a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, con el objetivo de que se informe en que estado se encuentra dicho expediente. El inicio de las actuaciones para la celebración de esta consulta popular se acordó en pleno, el 8 de julio de 2021, aprobándose sin ningún voto en contra y dos abstenciones.

Desde el equipo de Gobierno se entiende que el silencio, propiamente dicho, ya se habría producido y ancha es Castilla. Sin embargo, la consulta no podría producirse durante el periodo que media entre la convocatoria de elecciones municipales y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, presumiblemente entre mayo y junio del próximo año. 

“Considerando los días como naturales, como aclara la Disposición adicional tercera sobre Plazos, de la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía; que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía tomó posesión el 23 de julio de 2022, y que las elecciones de mayo de 2023, serán convocadas presumiblemente en abril de ese mismo año, solo se podría convocar la consulta popular entre los meses de octubre de 2022, (a partir del día 23) a marzo de 2023, siempre y cuando no haya otra convocatoria electoral de por medio”.

La mirada puesta en las Cortes Generales

El alcalde, Juan Franco, eso sí, se ha entrevistado tanto con cargos de la Junta como con representantes del Gobierno central. Así, por ejemplo, trasladó meses atrás al Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, lo que en palabras del municipio significa “la situación por la que atraviesa actualmente la ciudad y la pretensión de buscar una salida mediante la conversión del municipio en Ciudad Autónoma”.

Tras el pleno de 8 de julio de 2021, que dio luz verde a la consulta, el 14 de octubre de ese año finalizó el plazo de exposición pública y presentación de alegaciones al acuerdo plenario. Tanto la Junta como Moncloa presentaron sus alegaciones pero, como parecía presumible, no fueron aceptadas.

En su caso, según el equipo de Gobierno, una vez celebrada la consulta, “correspondería a las Cortes Generales apreciar la concurrencia del interés nacional que fundara la conveniencia y oportunidad de dotar a La Línea de la Concepción, a través de una Ley Orgánica, la condición de Ciudad Autónoma”.

La frontera con Gibraltar

El argumentario local se basa en un dictamen elaborado por parte del Catedrático de Derecho Constitucional, Antonio de Cabo de la Vega, relativo a la viabilidad jurídica del proyecto y que, según el Consistorio, “fue favorable para los intereses municipales, en el sentido de dotar a La Línea de la Concepción de un régimen de autogobierno similar al de Ceuta y Melilla, situando al municipio en una posición intermedia entre el régimen orgánico-funcional y competencial que actualmente disfruta y el estatus de las actuales comunidades autónomas. Una de las medidas contempladas en este dictamen es la celebración de una consulta popular”.

“En la Memoria Justificativa elaborada por el equipo de gobierno se argumenta que La Línea de la Concepción es el único municipio español que comparte frontera con un enclave extranjero pendiente de descolonización, según Naciones Unidas; la dependencia del municipio respecto a la economía del Peñón; su contigüidad con un aeropuerto internacional; la necesidad de dotarla de recursos e infraestructuras para paliar su déficit notable en múltiples ámbitos socio-económicos; la importancia de que sus intereses específicos, y los de sus ciudadanos afectados por todo lo anterior, se vean representados en comisiones multilaterales o trilaterales con el Peñón, y la necesaria adaptación de su régimen fiscal y tributario a la realidad de la comarca, donde La Línea de la Concepción coexiste con un territorio en el que las condiciones fiscales son sumamente laxas”.

Estos seis factores, a juicio de los impulsores de la iniciativa, “son los que fundamentan la singularidad del municipio y podrían justificar, según la propuesta de acuerdo, la concurrencia de motivos manifiestos de interés nacional para una eventual aplicación del artículo 144 a), por parte de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica”.

Dentro de Cádiz, fuera de Andalucía

Ante la posición contraria de los gobiernos estatal y autonómico de dotar a la ciudad de un régimen especial, el alcalde vuelve a recriminarles que no ofrezcan ninguna propuesta alternativa. “Medidas sociales, ninguna; seguimos perdiendo puestos de trabajo como consecuencia del Brexit, sigue sin haber una regulación específica para los trabajadores españoles en Gibraltar en relación con sus cotizaciones sociales y así podemos seguir, casi, hasta el infinito”, manifestó Juan Franco en su día, y sigue manteniéndolo.

El alcalde, Juan Franco, entiende que los argumentos del Gobierno central y autonómico no son sustanciales. Lo curioso del caso es que la vía aprobada en pleno, y que debe tramitarse a instancias superiores, estriba en obtener el rango de ciudad autónoma, a imagen y semejanza de Ceuta y Melilla, salvo que La Línea pretende seguir en la provincia de Cádiz, aunque fuera de Andalucía. Todo un sudoku al que habrá que añadir la apuesta de zona de prosperidad compartida en caso de que Gibraltar entre en Schengen, la Verja se derriba y no haya límites entre la futura ciudad autónoma y un Peñón dependiente del Reino Unido post-Brexit, pero sin fronteras terrestres con los países firmantes del Tratado de libre circulación por el continente.

Según los promotores de esta iniciativa, “la ley de Autonomía Local de Andalucía prevé la posibilidad de que en casos concretos se constituyan mancomunidades con municipios de otras comunidades” y, “en la Constitución no se prohíbe que un territorio que forme parte de una provincia forme una comunidad autónoma”. Pero tampoco lo autoriza.

Si se le niega el derecho a la consulta, se planteará recurso al Tribunal Supremo. En cualquier caso, no sería el Gobierno en sí, sino las Cortes Generales las que deberían valorar el interés nacional de esta aventura, que se articularía naturalmente mediante Ley Orgánica. En gran medida, este clavo ardiendo pretende lograr un régimen especial que históricamente se le ha negado y que, piensan, podría lograrse por esta vía.