Al poco de arrancar la legislatura, los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz pactaron la renovación de los órganos de extracción parlamentaria -el primer gran acuerdo político bajo el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos-, que llevaban años caducados. Dos años después, los mismos actores protagonizan una lucha por el control de uno de esas instituciones, la Cámara de Cuentas, responsable de fiscalizar los fondos públicos de la comunidad.
La trifulca política se desarrolla en el marco de aquel acuerdo entre formaciones, que los partidos de derecha (PP, Cs y Vox) interpretan de un modo, y los de izquierdas (PSOE y Adelante Andalucía) de otro distinto. La consecuencia inmediata es doble: por un lado, la labor de fiscalización de la Cámara de Cuentas se encuentra “bloqueada”: el plantón de los consejeros de PP, Cs y Vox al Pleno ha impedido la aprobación definitiva en plazo del informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de 2019, el primer año completo gestionado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla; y también ha impedido la remisión al Parlamento de la Memoria de Actuaciones de 2020 y el plan de acciones para 2021, en el plazo legal establecido (antes del 1 de marzo).
Por otro lado, el mandato del actual presidente de la Cámara, Antonio López (nombrado a propuesta del PSOE), está pendiente de renovación, porque los consejeros designados por los grupos conservadores consideran que expiró el mes pasado (accedió al cargo en febrero de 2011), y le exigen que convoque un Pleno para dar paso a su relevo y designar a un vicepresidente (puesto que está vacante desde la salida del popular Rafael Salas). Ambos problemas están entrelazados, como una pescadilla que se muerde la cola, y la falta de acuerdo entre partidos no permite desatascar ni una cosa ni la otra. El bloque conservador y el progresista se reprochan mutuamente el “tomar como rehén” al órgano fiscalizador y dinamitar su normal funcionamiento de control.
La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha anunciado este miércoles que sopesa pedir a los letrados de la Cámara un informe jurídico para resolver el conflicto que tiene paralizo el órgano fiscalizador, si los partidos son incapaces de llegar a un acuerdo político. Bosquet entiende que hay dos problemas solapados y que “es la pescadilla que se muerde la cola”, aunque a la hora de pedir al gabinete jurídico que medie en el conflicto apunta directamente a la figura del presidente. López remitió a Bosquet un escrito de queja contra los consejeros de PP, Cs y Vox que se niegan a asistir al Pleno, imposibilitando la aprobación del último informe sobre la Cuenta General de la Junta de 2019. Estos, a su vez, mantienen el plantó porque rechazan la legitimidad de López como presidente, cuyo mandato consideran “expirado”. “El tema principal a dirimir es si el mandato del actual presidente de la Cámara de Cuentas sigue en vigor o ha caducado”, advierte Bosquet, al ser preguntada sobre el objeto del informe jurídico que plantea pedirle a los letrados.
El PSOE acusa a PP, Cs y Vox de “boicotear y secuestrar” la Cámara de Cuentas para esconder el informe sobre la gestión de las cuentas del primer año del Gobierno de Moreno, porque están convencidos de que “echa por tierra” el mensaje político de que la Junta cerró el ejercicio 2019 con superávit. Diario de Sevilla adelantó las conclusiones provisionales de los auditores, que cifraban en 1.236,39 millones de euros las obligaciones no imputadas al presupuesto, pendientes de pago y no computadas a efectos del cálculo del remanente de tesorería (895,31 millones sólo del Servicio Andaluz de Salud).
El desajuste no difiere mucho de ejercicios anteriores, con gobiernos socialistas. El problema es que mientras estuvo en la oposición, el PP usó este concepto en los continuos informes de la Cámara de Cuentas para denunciar reiteradamente la “ineficiencia” del PSOE en la gestión de las cuentas públicas, acusándole de tener “millones de facturas sin pagar en los cajones”. La fórmula triunfó en los medios y ahora, estando el PP en el Ejecutivo, se le vuelve en contra, porque la secretaria general de los socialistas, Susana Díaz, no ha tardado en usarla contra ellos y darle el mismo sentido que estos le daban cuando ella gobernaba. Los socialistas, incluso, han amagado con acudir a los tribunales de lo Contencioso Administrativo si persisten en el bloqueo del órgano fiscalizador.
En el ángulo opuesto, PP, Cs y Vox focalizan el problema de la Cámara de Cuentas en otro asunto: el mandato prorrogado de su presidente, al que acusan de “atrincherarse” en el cargo, en contra del Reglamento de funcionamiento interno y de un informe jurídico de 2015, solicitado por el propio López a los letrados de la Cámara. El portavoz popular en el Parlamento, José Antonio Nieto, sostiene que el acuerdo político firmado por los cinco grupos en 2019 planteaba mantener al presidente de la Cámara de Cuentas en su puesto hasta que finalizase su mandato, que entiende expiraba en febrero de 2021. Los socialistas replican que sería en febrero de 2022. El PP responde que si hubiera incluido esta fecha el citado acuerdo, “nunca lo habríamos firmado”. “López lleva casi 11 años presidiendo la Cámara”, advierte Nieto, que ha anunciado el interés de su partido por que la presidencia recaiga en una de las tres mujeres que forman parte del órgano.
Ciudadanos también entiende que el actual presidente “no renovó su cargo por otros tres años cuando se firmó el acuerdo de renovación de los órganos de extracción parlamentaria en 2019”. “Se aferra al puesto interpretando algo que es incorrecto”, dice el portavoz naranja, Sergio Romero. Romero, igual que ha hecho la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, pide convocar el Pleno de la Cámara para abordar la situación de interinidad del presidente y reabrir el diálogo entre los grupos. No obstante, el portavoz naranja admite que la decisión de los consejeros de PP, Cs y Vox de no asistir a los tres últimos Plenos convocados por el presidente, bloqueando la aprobación del informe de fiscalización de la Cuenta General de 2019, “no ha sido una decisión de partido”. “Es un consejero independiente y no nos hacemos responsable de una decisión particular”, advierte.
PP y Cs sostienen que, mientras López siga en su puesto habiendo caducado su mandato, cualquier informe o decisión que apruebe la Cámara de Cuentas “podría ser impugnada” y “carecería de valor”. Vox, que se adhirió a última hora al acuerdo de renovación de los órganos de extracción parlamentaria en 2019, también pone el acento en la figura del presidente, pero reconoce que “no estuvo en la negociación y desconoce los términos del acuerdo alcanzado sobre su mandato”.
Adelante Andalucía pone el acento en el plantón de estos tres consejeros al Pleno, recordando que el reglamento interno permite “revocar” sus puestos y faltan de forma reiterada y sin justificar. Nieto cree que PP, Cs y Vox están incumpliendo el acuerdo firmado hace dos años, y pide debatir sobre la situación del presidente, pero no bloquear la aprobación definitiva de los informes, que ya contienen incluso las alegaciones de la Junta de Andalucía.