La Policía no ha quedado satisfecha con las explicaciones del director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía respecto a las supuestas “irregularidades” en la contratación pública de los helicópteros de emergencias sanitarias. Los investigadores siguen creyendo que hay indicios de la existencia de un acuerdo entre dos empresas aeronáuticas para repartirse los concursos públicos en las provincias andaluzas.
Por esta razón, el juzgado que investiga la contratación pública de helicópteros de emergencias sanitarias en Andalucía ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se pronuncie sobre la posible connivencia entre esas dos empresas, que desde 2010 obtuvieron licitaciones de la Junta de Andalucía por valor de 34 millones de euros. El Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla ha remitido el mandamiento al organismo, a petición de la unidad de la Policía Judicial que está dirigiendo la investigación.
La petición de la jueza se produce después de que Luis Olavarría, director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES), prestase declaración como investigado el pasado 5 de octubre. Los policías que investigan el asunto creen que la declaración de Olavarría fue útil para aclarar algunos aspectos técnicos del procedimiento de contratación, pero mantienen sus dudas respecto al posible reparto de las provincias entre las dos empresas implicadas, FAASA e INAER (ahora Babcock España).
En su declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, Olavarría explicó que no tiene indicios que apunten a un reparto, y que si FAASA se presentaba y ganaba sistemáticamente los concursos en Córdoba (donde tiene su sede) y Cádiz es porque allí resulta más eficiente y no tiene capacidad para atender más provincias. Según dijo Olavarría a la Policía, no hay reparto sino “adecuación empresarial a sus capacidades y a disponibilidades de medios”.
“La explicación que aporta no es convincente a juicio de esta Instrucción”, dice la Policía, porque “no explica el motivo por el que se presentan siempre a las mismas provincias. Por ejemplo, ¿por qué no se presenta INAER a Cádiz o Córdoba? Una multinacional con sobrada capacidad siempre ”respeta“ a FAASA en esas dos provincias… Por otro lado, si FAASA tiene su sede en Córdoba y sólo puede abarcar dos provincias, por qué Cádiz, no es la más cercana a Córdoba…”, se cuestiona la Policía.
“Un ”acuerdo“ de reparto de provincias”
Para los investigadores, hay una realidad que la declaración del gerente de EPES no explica: “FAASA e INAER no han competido jamás en los mismos lotes”. Mientras que FAASA presentaba sus ofertas en Córdoba y Cádiz, INAER lo hacía en las provincias andaluzas restantes. “Esto es así independientemente de que se trate de un contrato completo (expediente de contratación completo) o un lote dentro de un expediente”, señala el informe policial. Según la Policía, “parece que cada una de las licitaciones responde a un ”acuerdo“ de reparto de provincias”.
Los investigadores siguen creyendo que hay indicios que apuntan a un posible fraude en la contratación pública. Estas empresas podrían haber utilizado su posición en el mercado para abusar de una posición de oligopolio y repartirse los lotes que EPES sacaba a concurso. Como resultado de este abuso de posición dominante, EPES habría tenido dificultades para adjudicar los concursos “en las condiciones deseadas por la Administración, frente a las ”exigencias“ o ”pulsos“ establecidos por las licitadoras”.
La Policía se sorprende, por ejemplo, de que la condición de que los helicópteros tuvieran una antigüedad máxima dejase de ser un requisito de solvencia (por tanto, ineludible y excluyente) a ser un criterio de adjudicación, lo que en la práctica desvirtuaba el requisito porque las dos empresas tienen una flota con antigüedad similar. Además, los investigadores siguen sin entender por qué se abona a FAASA e INAER un precio distinto por hora de vuelo.
A la vista de este informe, el juez ha decidido pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emita un informe sobre los “posibles indicios de licitaciones colusorias” en los contratos públicos entre FAASA e INAER, por un lado, y los organismos públicos de la Junta de Andalucía, por otro.
La jueza pide a la CNMC que revise la contratación del Plan Infoca y de EPES de los últimos diez años relacionada con la dotación de medios aéreos para la extinción de incendios y las emergencias sanitarias, con el fin de analizar “si existen indicios de reparto territorial y reparto por lotes”.
Un caso paralelo al del “cártel del fuego”
Una portavoz oficial de EPES señala que el director-gerente ha ofrecido la información “que le han solicitado, tal y como ha hecho desde el principio”, y que habrá que esperar a las conclusiones del informe de la CNMC. En un comunicado, EPES ha señalado que llevó a cabo los procesos de licitación y adjudicación siguiendo la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de “dar una respuesta equitativa y de calidad a toda la población, basándose en criterios asistenciales”.
Babcock España (antigua INAER) ha declinado hacer valoraciones. Este medio está a la espera de conocer la reacción de FAASA.
La investigación sobre la adjudicación de contratos públicos de los helicópteros del 061 parte del examen de cinco expedientes de contratación, por un valor total de adjudicación de 34 millones de euros, e implica a dos de las empresas ya investigadas por el llamado “cártel del fuego”. Tanto el caso del “cártel del fuego” como el del 061 parten de la denuncia del mismo funcionario público, que también asegura que ha recibido presiones, insultos y amenazas de sus superiores. Según su denuncia, esta presunta práctica contraria a la competencia contaría con la connivencia de funcionarios y cargos de la administración autonómica.
A esta investigación se acumuló la denuncia de la Confederación General del Trabajo de Andalucía, que había llevado los mismos hechos ante la Fiscalía de Málaga hace ahora dos años. “Valoramos que se empiecen a esclarecer cosas que pasan en EPES, que no se quedan en esta cuestión”, señala Miguel Montenegro, secretario general de CGT-A. El sindicato ha sido muy crítico con la contratación y la gestión de algunos servicios de EPES, como la gestión telefónica de emergencias, donde ha mantenido varias huelgas y encierros.