La entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación abierta contra el Gobierno andaluz por un posible delito de prevaricación en el abuso de los contratos de emergencia -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- hasta tres años después de la pandemia de Covid-19 ha tensionado al máximo al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.
El PP andaluz no esperaba que el PSOE formalizara la denuncia que venía anunciando desde hacía casi un año, no esperaba que un juez abriera dilligencias y mucho menos esperaba que el Ministerio Público entregase esta causa a Anticorrupción, en vez de la Fiscalía ordinaria. Todo esto ha ocurrido en el último mes, sin que el Gobierno de Moreno sepa aún qué se investiga ni a quién se investiga, y por tanto cómo defenderse. El nivel de nerviosismo este miércoles en el Palacio de San Telmo era palpable.
La Junta no ha recidido la denuncia presentada por los socialistas ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el pasado 20 de junio, porque ahí se ponen de manifiesto y se documentan supuestos hechos delictivos -entre ellos malversación de caudales públicos y prevaricación- que implican a la Administración andaluza.
Para conocer los términos exactos de la denuncia, el Ejecutivo de Moreno tendría que desdecirse, es decir, tendría que admitir cierta gravedad y preocupación sobre una causa judicial que, hasta ahora, ha minusvalorado, y personarse como parte perjudicada. Esta renuencia a dar ese paso es similar a la que tuvo el anterior Gobierno socialistas, que también tardó mucho en personarse en la causa judicial de los ERE, mientras el PP, como acusación particular, controlaba toda la información de las pesquisas según iba avanzando.
La sensación de desconcierto que atenazaba este miércoles al entorno del presidente andaluz es muy parecida, sobre todo, porque la causa judicial hoy cuenta con más documentación que hace un mes y abarca un periodo más amplio. Desde que el juez Francisco Javier Santamaría admitió a trámite la denuncia del PSOE de Juan Espadas y abrió diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa, el pasado 3 de octubre, los socialistas han ampliado la denuncia original y presentando una querella a la par que se personaban como acusación popular.
La ampliación de la denuncia contra el Gobierno de Moreno, que ahora va a investigar la Fiscalía Anticorrupción, abarca ya cuatro años de un supuesto “sistema paralelo” de contratos a dedo con la sanidad privada: 2020, 2021, 2022 y 2023.
Los socialistas han depositado en los juzgados lo que llevaban meses denunciando en el Parlamento andaluz, a saber: que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prorrogó dos años y medio la contratación de emergencia (a dedo) con clínicas privadas, amparándose en el marco legal excepcional habilitado por el Gobierno central en lo peor de la pandemia, cuando ya estaba derogado.
Un sistema que arranca en 2020, pero que la Junta prolonga a través de prórrogas y adendas de gasto hasta mayo de 2023, triplicando el presupuesto inicial que adjudicaba a dedo a clínicas privadas para vaciar las abultadas listas de espera de pacientes para operarse.
En medio se producen dos fechas clave: en mayo de 2021, el Gobierno central deroga el Real Decreto que primaba la contratación de emergencia para dar respuesta al Covid, y un mes después, en abril, la Consejería de Hacienda remite una instrucción por escrito a todos los departamentos del Gobierno andaluz -incluido el SAS- instándoles a dejar de usar este procedimiento que ya estaba “plenamente derogado” y, por tanto, debía tener un uso “residual”.
A pesar de la advertencia escrita y de la normativa derogada, la Consejería de Salud siguió dos años más alargando estos contratos a dedo, estirando un expediente inicial que nació con 70 millones de presupuestos -para derivar a pacientes a clínicas privadas- y terminó por encima de los 243 millones de euros.
Ese hacer oídos sordos a la ley, a las directrices de la Junta de Contratación del Estado y de la propia Consejería de Hacienda es lo que ha empujado al PSOE a poner en el epicentro de su denuncia el delito de prevaricación. Es el indicio delictivo que ha asumido el juez del caso, con independencia de que las pesquisas le lleven a investigar otros indicios delictivos denunciados por el PSOE, como la malversación de fondos.
Este periódico reveló que el SAS llevaba dos años adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas amparándose en el marco legal de la pandemia ya caducado, y contra el criterio de Hacienda. elDiario.es publicó el expediente original, de 70 millones, y las cuatro resoluciones de prórrogas y contínuas adendas al presupuesto inicial que terminó triplicándose dos años después. Aquella información se publicó la noche del domingo 12 de marzo de 2023.
En las 48 horas siguientes ocurrieron dos hechos relevantes: uno, la Intervención Central del SAS advierte a la dirección gerente por escrito de que ha detectado irregularidades graves en la contratación de emergencia en el ejercicio 2021; y dos, la Junta de Andalucía anuncia de repente la suspensión de este tipo de contratos.
El lunes 13 de marzo de 2023, este periódico publicó una continuación de la exclusiva que había lanzado el día antes: Los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas llegan a junio de 2023 con un gasto de 243 millones. El presupuesto inicial de ese expediente era de 70 millones de euros en adjudicaciones a dedo, pero Salud prorrogó esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con sucesivas adendas de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023.
El SAS reconoció entonces que había autorizado dos nuevas resoluciones de prórroga a finales de 2022 extendiendo la contratación de emergencia con la sanidad privada durante dos años y medio hasta ese momento.
24 horas después, el martes 14 de marzo, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, anunció la cancelación de los contratos de emergencia y y aseguró que el SAS volvería a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia, a partir del 30 de junio de 2023, cuando expiraba la última prórroga de los contratos a dedo. “El objetivo es que no se sigan prorrogando” [los contratos de emergencia], confirmó Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno.
Ese mismo martes 14 de marzo, la interventora del SAS remitió por escrito a la dirección gerente “una puesta en conocimiento previa a la emisión del informe provisional” sobre los contratos a dedo durante el ejercicio 2021. Ese escrito es una advertencia previa al SAS de que va a recibir un informe desfavorable, que incluye incumplimientos de la normativa o “salvedades de especial relevancia”. Es como una señal de alerta, que está regulada en el apartado Decimoctavo de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
A partir de ahí, el SAS está en sobreaviso sobre los reparos de la Intervención, que finalmente le llegan en el informe provisional sobre los contratos a dedo de 2021, y que está fechado el 12 de junio de 2023 (aún con los contratos de emergencia con clínicas privadas en vigor). El SAS presenta alegaciones que son tumbadas por la Intervención y el órgano fiscal reitera todas sus críticas contra el abuso de los contratos de emergencia en el informe definitivo: el abuso de los contratos a dedo, con los que se adjudicaron casi 300 millones de euros en un año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.
El órgano fiscalizador censura en ese informe a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarcó que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. El Gobierno andaluz reaccionó a la publicación de este informe con el mismo argumento de sus alegaciones, que los auditores ya habían tumbado: “Lo hicimos para salvar vidas”.
La causa judicial contra el Gobierno andaluz por los contratos a dedo recoge todo este recorrido, que los socialistas ya han defendido en el Parlamento andaluz, instando sin éxito al PP a aceptar una comisión de investigación en la Cámara antes de recurrir a los tribunales. Su denuncia recopila los primeros expedientes de gasto del SAS, las prórrogas, las adendas que inflaron el presupuesto y, por último, el informe de la propia Intervención de la Junta relativo al ejercicio 2021, que saltó a la luz cuando ya habían registrado la denuncia, y se incorporó a posteriori, en una ampliación de la misma efectuada el pasado 31 de julio.
El juez Santamaría ha requerido ya documentación sobre los contratos de emergencia con clínicas privadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El requerimiento de estos documentos aparece ya en el auto de incoación de diligencias previas por un presunto delito de prevariación administrativa, sin perjuicio de lo que puedan surgir de las pesquisas durante la fase de instrucción de la causa.
Anticorrupción, que acaba de asumir la investigación sobre los contratos a dedo, tendrá acceso a la documentación que ha solicitado el juez, que es quien dirige la investigación. A partir de ahora, el fiscal puede instar al magistrado a seguir una línea de investigación concreta, a partir de sus propias pesquisas, pero será el juzgado el que acepte o rechace su planteamiento.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.