Centenares de jueces y fiscales destinados en Andalucía han secundado la huelga convocada este miércoles a nivel nacional a fin de protestar, entre otros aspectos, contra las reformas emprendidas por el Gobierno central, las cuales, a juicio de las asociaciones convocantes, buscan “suprimir de facto la independencia judicial”, punto en el que han advertido de que “si no hay Justicia independiente, no hay Estado de Derecho”.
Esta huelga sucede a la convocada el pasado día 18 de febrero del año 2009 para criticar la falta de medios materiales y humanos que dio lugar al error en el caso Mari Luz, aunque con la diferencia de que, en este caso, también han participado en la medida de protesta las asociaciones de fiscales, que ha participado junto a los jueces en la denominada Comisión Interasociativa, conformada por un total de siete asociaciones.
De ellas, no han secundado la huelga ni la Asociación de Fiscales ni la Asociación Profesional de la Magistratura, aunque en Andalucía esta última asociación se ha desmarcado de la decisión adoptada a nivel nacional y ha participado también en la jornada de protesta junto a Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
En el caso de Sevilla, y según los datos aportados tanto por las asociaciones convocantes como por el juez decano, Francisco Guerrero, han secundado la huelga el 51,36 por ciento de jueces y fiscales destinados en la provincia --es decir, 151 de 294--, aunque el seguimiento entre los jueces y magistrados ha sido mayor que el registrado entre los fiscales, donde sólo ha acudido a la huelga el 30 por ciento de los 87 que componen la plantilla.
De este modo, entre los jueces y magistrados el porcentaje de los que han secundado la huelga se eleva al 58,45 por ciento, destacando que, en la Audiencia Provincial, han ido a la huelga 20 de los 31 magistrados que componen las ocho secciones tanto de lo Civil como de lo Penal, mientras que en los órganos unipersonales el porcentaje de seguimiento, según Francisco Guerrero, se ha elevado al 80 por ciento.
Por una justicia “de calidad”
Al hilo, el juez decano ha desgranado que el 80 por ciento de los señalamientos previstos este miércoles en los órganos unipersonales del partido judicial de Sevilla se han suspendido, por lo que ha valorado que “la adhesión al derecho de huelga ha sido altísima”, aunque ha querido dejar claro que los jueces “no estamos contentos por ejercer este derecho, sino que sólo pretendemos llamar la atención y defender una Justicia de calidad”.
Por su parte, y pasando a Málaga, 50 de los 76 jueces de los órganos unipersonales de la capital han apoyado la huelga, lo que supone un 66 por ciento, según los datos facilitados por el juez decano de Málaga, José María Páez. Por otro lado, y en cuanto a las salas de la Audiencia malagueña, han ido a la huelga 18 de un total de 27 magistrados.
Páez ha indicado que la incidencia en la ciudadanía ha sido “mínima”, ya que se han intentado modificar los señalamientos, adelantándolos o retrasándolos.
Servicios mínimos
En la provincia de Jaén, la huelga ha sido seguida por dos fiscales --uno en Úbeda y otro en la capital--, 17 jueces y dos magistradas, entre ellas la presidenta de la Audiencia Provincial, Elena Arias-Salgado, que, no obstante, ha asegurado a Europa Press que está realizando funciones propias de servicios mínimos.
En Huelva, la huelga ha sido secundada por el 60 por ciento de los jueces de la capital, sin tener en cuenta los que se encuentran de baja por enfermedad, según ha informado a Europa Press el juez decano de Huelva, José Manuel Borrero, el cual ha remarcado que se trata de “una huelga profesional sin querer que se politice”. Por su parte, y respecto a los fiscales, tan solo ha secundado la huelga uno de 27.
En relación a la provincia de Córdoba, la mayor parte de los jueces ha respaldado la huelga, aunque no se han suspendido juicios, salvo “uno o dos”, porque ya se habían pospuesto con carácter previo.
El caso de Córdoba
Así lo ha manifestado a Europa Press el juez decano de Córdoba, José Carlos Romero Roa, quien ha detallado que 22 de 37 jueces de la capital se han sumado a la huelga, así como cuatro de los diez magistrados de la Audiencia Provincial y numerosos jueces de las distintas demarcaciones judiciales de la provincia.
En cualquier caso, ha destacado que no ha habido incidencias a reseñar y ha apuntado que “una parte de los jueces que no han secundado la huelga ha sido porque han celebrado sus juicios normalmente”, aunque “después se han sumado a la concentración y han seguido los juicios”, especialmente en primera instancia, juicios rápidos y de faltas y la atención al detenido. A la reivindicación se han sumado también dos de los 32 fiscales de Córdoba.
En Cádiz, el seguimiento de la huelga entre jueces y fiscales ha sido de un 50 por ciento aproximadamente, mientras que en Granada la huelga la han secundado 5 de los 29 fiscales que componen la plantilla, así como 31 de los 49 jueces del partido judicial de Granada, lo que supone un 64 por ciento del total.
El manifiesto
De forma paralela a la huelga, que en algunas provincias ha sido apoyada por los abogados, los sindicatos han protagonizado concentraciones para pedir la derogación de la polémica Ley de Tasas Judiciales, que se incrementen las plantillas “donde sea necesario”, y para que no se “privaticen” los registros civiles.
Los representantes de las asociaciones convocantes de la huelga han leído un manifiesto en el que piden la paralización “inmediata” del proyecto de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional “llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia”.
También reclaman la “derogación o modificación urgente” de la Ley de Tasas Judiciales; la dotación “inmediata” de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal; el incremento de la inversión pública en Justicia, y la reforma de la Ley del Indulto.
Situación “paupérrima”
En palabras del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Romeo, portavoz de Jueces para la Democracia en Andalucía Occidental, se trata de que las administraciones se conviertan en “gestores competentes” de manera que “se dote a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles para mejorar su paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con los que contamos”.
De su lado, el portavoz de la APM, Álvaro Martín, ha subrayado que “si no hay Justicia independiente, no hay Estado de Derecho”, por lo que ha opinado que “se puede estar produciendo el hundimiento del Estado de Derecho español”, criticando que desde el Gobierno central “se están dando pasos en la dirección totalmente contraria, como es acabar con la independencia del poder judicial”, que con las reformas emprendidas “está siendo totalmente laminada”.
Por su parte, Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente, ha aseverado que, junto a la necesidad de medios personales y materiales, “es necesaria una informatización mucho más profunda”, pero “hasta que no se invierta de verdad en Justicia, no podremos responder a lo que los ciudadanos nos piden, y es que los procedimientos se instruyan rigurosamente y en un periodo de tiempo razonable”, a fin de “que no pasen 15 años hasta que se juzgue un caso de corrupción, como ha ocurrido en Cataluña”.
“Todo eso requiere de una inversión, y parece que la línea del Gobierno no va en ese sentido, sino en el sentido de establecer tasas para dificultar a los ciudadanos que puedan acudir a los tribunales”, ha dicho el representante del FJI.