La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) presentó el pasado jueves ante la Consejería de Empleo un escrito en el que requiere a su titular, Rocío Blanco, que sea el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el que proceda “a la inmediata cotización de los periodos en que los 311 becarios prestaron trabajo efectivo en Málaga y no fueron dados de alta en la Seguridad Social”.
El escrito se registró el mismo día en que eldiario.es Andalucía informaba de que fue la propia Rocío Blanco, directora entonces de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, la que dejó hace un año sin efecto las liquidaciones de cuotas y una sanción de 1,4 millones a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), apuntando entonces que el SAE pudiera ser el “sujeto responsable” de las altas de aquellos becarios, tal y como ampliamente se informó el pasado jueves.
Miguel Montenegro, secretario general de la CGT-A, firma el escrito registrado en Empleo. En él, “y a la vista de lo manifestado por la Consejería que Vd. regenta en eldiario.es de hoy, respecto de que procederá a dar de alta a los becarios de la UNIA sobre los que Vd. procedió a retirar el acta de infracción de la Inspección de Trabajo de Málaga y acta de liquidación de cuotas a la seguridad Social de 311 trabajadores, le requiero, para que conforme a su pronunciamiento, sea el Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de Vd., el que proceda a la inmediata cotización de los periodos en que los 311 becarios prestaron trabajo efectivo en Málaga y no fueron dados de alta en la Seguridad Social”.
Regularizar las cotizaciones y el alta
El representante de la CGT-A le pide a Blanco que “igualmente proceda a dar de alta en la Seguridad Social al resto de los 2.000 becarios que prestaron sus servicios para la administración en Andalucía (SAE según su criterio) en los años 2014 y 2015 al amparo del programa de becas Junta/Santander, sobre los que ninguna Inspección Provincial de Trabajo se pronunció ni actuó, pero que Vd. conoce que existieron y a los en torno a .5000 becarios que se acogieron al programa EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo), entre 2013 y 2018”.
“Desde CGT confiamos en que sea suficiente con el requerimiento que le realizamos para que procedan a regularizar las cotizaciones y el alta en la Seguridad Social de todos/as los afectados/as, sin necesidad de que tengamos que recurrir a formular denuncias ante las diferentes Inspecciones Provinciales de Trabajo o ante la Fiscalía”, señala el escrito.
Las fuentes de la Consejería detallaban el día anterior que, de cualquier forma, “el SAE tendrá obligación legal de asumir el pago de las cuotas no prescritas, no sólo de la provincia de Málaga, sino de toda Andalucía, puesto que si bien la actuación inspectora tuvo ámbito sólo en esta provincia, ello es un problema que afecta a todo el territorio de la comunidad autónoma, en cumplimiento del requerimiento de cuotas o acta de liquidación que sustancie en su momento la Inspección de Trabajo”.
La CGT confía en que la consejera actué de oficio sin tener que denunciar. En todo caso, añaden en su escrito quedan “en espera de pronta respuesta con el fín de evitar alargar los procedimientos de alta y falta de cotizaciones a la Seguridad Social de los en torno a 5.000 afectados/as andaluces”.