En el banquillo de acusados del juicio por la pieza política de los ERE se sientan dos ex presidentes de la Junta, pero sólo uno responde a los delitos que le imputan en calidad de presidente. La declaración de Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE es el vértice de una pirámide de interrogatorios por el que, durante tres meses, han pasado los 22 ex altos cargos de la Junta implicados en el escándalo. El cara a cara de Chaves con el fiscal ha sido muy distinto al que vivió José Antonio Griñán, que le sucedió como presidente, pero que está señalado por su etapa como consejero de Economía y Hacienda.
Hay una línea divisoria que separa la implicación de Chaves de la de Griñán, una franja invisible que distingue lo político de lo técnico. En algún momento del juicio, todos los escalafones altos del Gobierno andaluz se han acogido a esta dinámica de acotar sus responsabilidades políticas y derivar en sus subalternos la parte técnica. Entre Chaves y Griñán, esta división abstracta es más compleja, porque ambos fueron fueron presidentes (el primero gobernó 19 años consecutivos y el segundo le sucedió otros cuatro). Los dos han respondido al fiscal que no conocían qué era y cómo se gestionaba la partida presupuestaria 31L -el llamado “fondo de reptiles” del que salían las ayudas fraudulentas-, el primero porque no estaba dentro de su “ámbito político de decisión”, y el segundo porque “no se puede llegar a ese nivel de detalle desde una consejería [Economía y Hacienda]”.
Esta doble visión sobre el alcance de responsabilidad de los dos ex presidentes también se refleja en sus imputaciones. Chaves está acusado de prevaricación -10 años de inhabilitación para cargo público- y Griñán afronta, además, otra pena de seis años de cárcel por malversación de fondos. En esta sala de vistas de la Audiencia Provincial de Sevilla se dirime su responsabilidad penal en un posible desfalco de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010 con un alcance de 742 millones de euros (según cálculos de la Fiscalía). Pero fuera de esta sala, los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía ya han pagado con la dimisión y el ostracismo público por su responsabilidad política (in vigilando, dicen algunos, o de primera mano, dicen otros).
El Parlamento les juzgó durante una comisión de investigación por el caso ERE -la primera en 17 años-, pero salieron indemnes. El juicio político se cerró en falso por la incapacidad de PSOE, PP e IU para consensuar un relato común de lo ocurrido: no hubo responsables políticos del supuesto fraude, según el dictamen final de la comisión. Más tarde Susana Díaz precipitó la dimisión de los ex presidentes -Chaves en el Congreso y Griñán en el Senado-, para garantizarse el apoyo de Ciudadanos en su investidura como presidenta de la Junta.
La paradoja del juicio de la “pieza política de los ERE” es que esa distinción entre lo político y lo técnico se ha convertido en la principal línea defensiva de Chaves –y en menor medida de Griñán- para eximir su responsabilidad penal en el presunto fraude. El concepto más repetido por Chaves en su declaración del lunes ante el fiscal fue “mi ámbito de decisión política” que, según se relato, poco tuvo que ver con el desarrollo y posterior ejecución de esa decisión por parte de su equipo de Gobierno.
El ex presidente andaluz se parapetó en grandes generalidades: los acuerdos de concertación social y su plasmación en los presupuestos autonómicos, que recogen el corpus de política socioeconómica de un Gobierno, pero no lo desgranan al detalle. “Eso corresponde a los consejeros y directores generales. Siempre he partido de que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer que intencionadamente se pudiera establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley”, dijo una y otra vez. El concepto de política ha sido el espacio de confort de Chaves ante las preguntas del fiscal, como el derecho administrativo lo fue para Griñán. El segundo fue más específico en su exposición ante el fiscal, tanto, que en ocasiones mostró impaciencia por la aparente incapacidad del fiscal para seguir sus explicaciones.
Griñán, “el apóstata”
“Griñán, posiblemente el político más tecnócrata del Gobierno andaluz (incluso cuando era presidente), rebatió las acusaciones con un tratado de derecho administrativo, explicando que todo el procedimiento específico que usó la Junta durante diez años para repartir las ayudas bajo sospecha estaba sujeto a la ley, fiscalizado por la Intervención General, que ”nunca alertó de un delito de menoscabo de fondos“, y por la Cámara de Cuentas y el propio Parlamento andaluz, sin que ninguno de ellos ”hiciera un reproche de las modificaciones presupuestarias“. Chaves ni siquiera ha entrado en tanto detalle. Uno de los momentos álgidos de su declaración fue cuando, a preguntas de su abogado, resumió el conocimiento que él tenía sobre el gasto de cada consejería enseñando un papel que separaba las secciones del presupuesto: rojo, amarillo, verde…
Nada más comenzar el interrogatorio del fiscal, el ex presidente Chaves quiso dejar claro que en el ejercicio de su cargo, no podía ni debía conocer cómo se gestionaban las ayudas, cómo se negociaban, cómo se otorgaban… “Conocía que había ayudas de todo tipo en todas las consejerías, pero cómo se daban las ayudas, el procedimiento, las normativas, las exigencias o los requisitos para darlas, yo eso no lo conocía. No era de mi ámbito de decisión política… yo siempre partía de la estructura de confianza… cualquier requisito que decidían mis consejeros estaba bien”, advirtió.
De modo que su papel, como presidente del Gobierno andaluz, consistía en propiciar el marco de negociación entre su Administración, la patronal y los sindicatos para sortear la aguda crisis industrial (deslocalicación, cierres, despidos…) que vivió Andalucía durante gran parte de su mandato. “Yo debía impulsar los acuerdos de concertación social y debía dar viabilidad a un plan industrial. Ese era mi ámbito político de decisión. Punto”, zanjó. A partir de ahí, “existe una estructura de confianza en mi Gobierno, y eran los consejeros los que tenían que poner en marcha esos acuerdos con empresas y sindicatos. Sabía que se daban ayudas para grandes crisis, pero no cómo”.
Ha habido una coincidencia gestual en el relato de los ex presidentes dentro del juicio: ambos se han encarado con el fiscal como si le reprochasen llevar horas ante un tribunal sin tener muy claro de qué les acusan. La mayoría de sus respuestas, a preguntas de la Fiscalía, ha sido una explicación exhaustiva de cómo funciona una Administración, cómo se subdivide en estratos de decisión, cómo se gestiona un presupuesto, los gastos, los ingresos…
Chaves ha respondido con un tono alto, duro, casi al borde del cabreo, como quien pierde la paciencia con alguien que le pregunta reiteradamente por un asunto que no es de su competencia. Y lo ha repetido muchas veces, cada vez con más énfasis que la anterior: “Le repito que yo no conocía esos detalles, señor fiscal, y no es por dejación de funciones ni porque quiera hurtar mi responsabilidad, es que yo no participaba de ningún proceso de negociación concreta”.
En el último punto, Chaves también coincidió con Griñán en describir la complejidad del Presupuesto de la Junta: más de 30.000 millones de euros al año, “superior al de bastantes países de la la UE, con una media anual de 140 programas presupuestarios, y miles de aplicaciones presupuestarias. ”Por tanto en varias sesiones era imposible que un Consejo de Gobierno pudiera debatir y conocer todo al detalle“, dijo. Sobre esto, el ex presidente explicó que se daban discusiones entre consejeros sobre el reparto de fondos por departamento, y que al final él solía dar la razón a su titular de Hacienda, José Antonio Griñán. Citando la novela de Gore Vidal, Juliano el apóstata: ”Cuando hay discusión entre los ministros, para que el Gobierno no entre en crisis, hay que darle la razón al ministro de Hacienda“. El aludido le miró con rostro serio, aunque de inmediato Chaves matizó que nunca se dio una discrepancia de esas entre Hacienda y Empleo -epicentro del supuesto fraude- sino en el ámbito de Sanidad y Educación, que son los departamentos que más absorben del Presupuesto andaluz.