“En el tiempo en el que he sido presidente de la Junta de Andalucía, en los 19 años que lo he sido, nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, ni se ha conocido, ni se ha mantenido, ni se ha impulsado ninguna ilegalidad”. Se lo dijo Manuel Chaves al instructor del Tribunal Supremo hace dos años y dos días. Quien fuera presidente andaluz desde el 27 de julio de 1990 hasta el 7 de abril de 2009 incidirá en ello ante el tribunal del juicio de los ERE, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada.
Después del interrogatorio el viernes a José Antonio Griñán, su sucesor en la Junta, Manuel Chaves no presentará argumentos muy diferentes bajo el paraguas del recurrente desconocimiennto acerca de cómo gestionaba y gastaba los presupuestos destinados a las ayudas que se vienen juzgando. A diferencia de Griñán, que fue consejero de Hacienda, el también expresidente del PSOE, al frente de la Junta cuando se gestaron este tipo de ayudas para la fuerte crisis industrial en la comunidad autónoma a finales del siglo pasado, trató más de cerca la cuestión. De hecho se le acusa de “impulsar” la implantación de un procedimiento “irregular”.
Quizás también por eso defendió en el Supremo el trabajo de la Junta en ese sentido: “Las ayudas sociolaborales eran ayudas que tuvieron un efecto positivo para los trabajadores. Estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, y tenían un efecto positivo en la lucha contra el paro y el desempleo”. Para añadir: “Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, quien determine las actuaciones individuales que causaron fraude y si fue grande o pequeño”, dijo parafraseando a Griñán.
Él, desde luego, no lo siente así en lo que a su persona corresponde. Cuando acudió a los juzgados de Sevilla, en marzo de 2016, se limitó a distribuir un comunicado donde insistía en el argumento: “Nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal”.
En un último recurso por su procesamiento, Chaves habló de “absoluta irrelevancia penal” de los hechos que se le atribuyen. E insistió: “Ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales”, “nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación”, como también recordó Griñán en su defensa ante el tribunal.
Chaves, en todo caso, está acusado de aprobar, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, hasta ocho modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L. Igualmente, en esa misma condición, “aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2002 a 2009, pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA”.
Cuando la Audiencia, hace poco más de un año rechazó su último escrito, se explicaba que “las partidas de ese programa comprendidas en las transferencias de financiación no se dedicaban a gastos de explotación de la empresa pública, como aparentaba el nombre como que se presupuestaban, sino a pagar auténticas subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis que habían sido concedidas infringiendo el procedimiento legal”, una circunstancia que “era, indiciariamente, conocida por el imputado”.
La Audiencia consideró que Chaves, como presidente del Consejo de Gobierno, “contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales”.